José Luis Parra
Algo se mueve en los despachos del poder. Y no sólo en los de Palacio Nacional, sino también del otro lado del Río Bravo. Fuentes diplomáticas con acceso a negociaciones de alto nivel aseguran que la administración de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un nombre incómodo: Manuel Bartlett Díaz.
El escándalo por los depósitos millonarios que recibió Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la CFE, ha cruzado fronteras. Los 4.5 millones de dólares enviados por la familia Weinberg —señalada como parte del entramado financiero de Genaro García Luna— no solo comprometen a Abdalá, sino que abren un flanco de presión sobre uno de los personajes más controvertidos de la 4T.
La narrativa no es menor. Entre 2012 y 2017, mientras Bartlett era senador del PT e iniciaba su acercamiento definitivo con López Obrador, las cuentas personales de Abdalá y una empresa offshore panameña a su nombre —Roybell International Inc.— recibieron depósitos directos desde la red de los Weinberg, operadores de contratos millonarios asignados durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
Esos recursos —se sospecha— tienen origen en más de 630 millones de dólares adjudicados a empresas vinculadas a García Luna por el CISEN y el sistema penitenciario federal. El dinero viajó de México a paraísos fiscales y luego a cuentas en Florida, donde el propio García Luna y su esposa adquirieron propiedades de lujo. Parte de ese trayecto incluye a la pareja de Bartlett.
Lo que llama la atención es la sincronía política de los hechos. El 12 de junio de 2024, apenas diez días después de la elección presidencial, una jueza de Florida solicitó a la CNBV información sobre los movimientos financieros de Abdalá. Poco después, la UIF presentó una moción para obligar a los Weinberg a detallar el propósito de los pagos. La respuesta de la CNBV fue clasificada, pero se sabe que los vínculos están documentados.
Y aquí es donde entran los rumores más recientes. Altos funcionarios del Departamento de Justicia en Washington habrían planteado, de manera informal pero directa, que “la continuidad de la cooperación bilateral en seguridad y lucha contra el lavado de dinero pasa por deslindes claros”. Traducción: necesitan que alguien caiga, y Bartlett es uno de los nombres que Estados Unidos considera como pieza a entregar.
En el entorno de Claudia Sheinbaum saben que Bartlett es un aliado político incómodo. Tiene historia, estructura, operadores, y enemigos. Fue uno de los principales defensores de la reforma eléctrica de López Obrador, pero también un político de pasado priista con expedientes que han resistido décadas. Su continuidad en espacios de poder ya era incierta, pero con esta nueva presión internacional, su permanencia se vuelve insostenible.
La UIF, bajo nuevas manos, no ha cerrado la investigación ni ha emitido pronunciamiento alguno sobre las transferencias a Abdalá. Pero en privado, funcionarios de ese órgano ya hablan del caso como “una bomba de tiempo con impacto internacional”.
Por lo pronto, Bartlett guarda silencio. Pero las piezas se mueven. Y en la antesala de un nuevo sexenio con ojos puestos en limpiar la relación con Estados Unidos, Bartlett podría convertirse en la primera figura sacrificada para enviar un mensaje de ruptura con las viejas redes del pasado.
Los próximos movimientos revelarán si ese sacrificio ya está pactado. O si, como tantas otras veces, Manuel Bartlett volverá a sobrevivir al escándalo.
