Imagina que pudieras entrar a un sitio web y ver, en tiempo real, cuántos robos ocurrieron hoy en tu colonia, o saber exactamente cómo se gasta el dinero de tus impuestos. Ahora imagina que esa información fuera clara, accesible y no manipulada por nadie. Esto es lo que la tecnología, bien usada, puede lograr para hacer que el gobierno sea más transparente. Sin embargo, en México, este sueño enfrenta un reto enorme: el pasado 20 de marzo de 2025, el gobierno decidió eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo que intentaba garantizar que la información pública estuviera al alcance de todos. ¿Qué significa esto y cómo puede la tecnología ayudarnos a no perder el rumbo?
El INAI ya no existe como organismo autónomo. Según el Diario Oficial de la Federación, fue reemplazado por un nuevo órgano llamado “Transparencia para el Pueblo”, que depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Este cambio forma parte de una reforma más grande que también desapareció otros organismos independientes, como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El gobierno dice que busca simplificar las cosas y ahorrar recursos, pero muchos ciudadanos y expertos están preocupados. ¿Por qué? Porque temen que, sin instituciones independientes, el gobierno termine vigilándose a sí mismo, muy conveniente ¿no? y eso podría debilitar derechos como el acceso a la información, la protección de datos personales y la transparencia en cómo se manejan los recursos públicos.
En medio de esta incertidumbre, surge una pregunta: ¿cómo puede la tecnología ayudarnos a mantener la transparencia? La respuesta está en ideas como el Gobierno Abierto y los Datos Abiertos. El Gobierno Abierto usa herramientas digitales para que el gobierno sea más claro, permita participar a la gente y rinda cuentas. Los Datos Abiertos, por su parte, son información que el gobierno comparte libremente (como estadísticas o registros) para que cualquiera pueda usarla.
Un ejemplo concreto sería un registro nacional de delitos: desde robos pequeños hasta casos graves como desapariciones. Si este registro estuviera digitalizado, actualizado en tiempo real y accesible en una plataforma pública, los ciudadanos podríamos saber qué pasa en nuestras comunidades sin depender de versiones oficiales que a veces ocultan la verdad. Además, los gobiernos locales y federal podrían usar esos datos para tomar decisiones basadas en hechos, no en supuestos. La tecnología ya existe para hacer esto: bases de datos, aplicaciones y sistemas de Big Data pueden recopilar y mostrar esta información de manera sencilla.
México es parte de la OCDE, un grupo de países que promueve buenas ideas para mejorar los gobiernos. La OCDE dice que un Gobierno Digital fuerte necesita tecnología, pero también instituciones confiables. Propone siete pasos clave: desde digitalizar trámites (como sacar una licencia sin ir a una oficina) hasta proteger datos personales y abrir información al público. México ya había dado pasos en esta dirección con iniciativas como la Plataforma Nacional de Transparencia, creada por el INAI, o la DATACON, un evento donde expertos buscaban soluciones usando datos abiertos.
Pero ahora, sin el INAI, ¿quién liderará estos esfuerzos? El nuevo órgano “Transparencia para el Pueblo” podría hacerlo, pero al no ser independiente, yo tengo bastantes dudas sobre si realmente pondrá los datos al alcance de todos o si priorizará los intereses del gobierno.
A pesar de los cambios, México cuenta con algunas cosas positivas. El INEGI, por ejemplo, ofrece datos valiosos como la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE), que muestra cuántas personas sufren delitos y cómo perciben la seguridad. También usa Big Data para analizar cosas como el ánimo en redes sociales o el uso de tecnología en los hogares. Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualiza reportes de delitos basados en carpetas de investigación. Si estos datos se hicieran más accesibles y se combinaran en una plataforma unificada, podríamos tener un panorama claro de lo que pasa en el país.
La tecnología tiene el poder de mitigar este retroceso en transparencia. Podemos usarla para exigir que el nuevo órgano funcione bien, para presentar quejas informadas o incluso para recurrir a instancias internacionales si hace falta. Pero para que esto pase, necesitamos que el gobierno siga las recomendaciones de la OCDE: invertir en internet para todos, proteger nuestros datos y abrir la información sin filtros.
El ciudadano de a pie merece saber la verdad, desde cuántos robos hay en su calle hasta dónde va el dinero público. La tecnología está lista para darnos esas respuestas, pero depende de nosotros —y de las decisiones que tome el gobierno— que no se convierta en una promesa vacía. En este momento de cambio, la transparencia no es solo un derecho: es una herramienta para construir un México más justo y seguro.
