José Luis Parra
El gobierno mexicano quiere de vuelta a Ovidio Guzmán.
Sí, el mismo que entregaron en una operación exprés, sin preguntas y con todo el sigilo que el caso ameritaba.
Lo dice su abogado, Jeffrey Lichtman, en pleno Illinois: la administración de Claudia Sheinbaum solicitó su extradición… de regreso a México.
Una petición tan absurda que sólo puede explicarse con una palabra: pánico.
Pánico a lo que ya dijo.
Pánico a lo que está por decir.
Ovidio, el Rey del Fentanilo, ahora es testigo colaborador del gobierno estadounidense. Se declaró culpable, aceptó pagar 80 millones de dólares y reconoció haber ordenado asesinatos.
Todo eso frente a una jueza que, con traducción simultánea al oído, lo escuchó entre cadenas, uniforme naranja y voz temblorosa.
Sí, ese mismo Ovidio que fue detenido a sangre y fuego el 5 de enero de 2023, en un operativo que paralizó Sinaloa y dejó al país con más preguntas que respuestas.
¿Y ahora lo quieren de vuelta?
La jugada suena a desesperación: cuando no puedes controlar el guion, haces lo posible por recuperar al actor. Sobre todo si ese actor amenaza con exhibir el detrás de cámaras de una producción criminal donde los protagonistas no siempre son los que salen en pantalla.
Porque si Ovidio empieza a cantar, como parece que hará, la lista de personajes incómodos podría incluir a más de un funcionario actual, pasado o en transición.
No sólo hablaría del Cártel de Sinaloa. Podría mencionar nombres, rutas, complicidades… acuerdos.
Y eso, en un país donde la política y el crimen organizado han convivido más de lo aceptable, puede ser letal.
Por eso la petición del gobierno mexicano suena más a intento de control de daños que a interés judicial.
Ya no es el caso Ovidio.
Es el caso “Lo que Ovidio sabe”.
La presidenta Sheinbaum dice que no sabía nada del acuerdo de culpabilidad entre su gobierno y el de Estados Unidos. Suena creíble. En esta película ella apenas está entrando al set y los diálogos ya están escritos desde antes.
Pero eso no la exime. Porque ahora es su voz la que aparece en las solicitudes oficiales. Y la pregunta sigue ahí, flotando en el aire:
¿Por qué pedir a un delincuente confeso de vuelta, cuando ya está colaborando con un país que —ahora sí— parece decidido a sacarle todo lo que sabe?
¿Acaso porque algunos de esos datos podrían incomodar a la flamante mandataria o a quienes la rodean?
¿O es simplemente una muestra más de la inercia gubernamental de querer controlar lo que ya se les fue de las manos?
Mientras tanto, Ovidio sigue hablando. Y cada palabra que suelte en Chicago retumbará en Palacio Nacional.
A ver si no nos resulta más incómoda la verdad que el propio “Ratón”.
