MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
La insistencia con la que, en su momento, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, urgió al Congreso de la Unión aprobara el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, es entendible por cuanto a la carga de responsabilidad de las Fuerzas Armadas en tareas que son competencia civil, es decir, de las policías federales, estatales y municipales.
También, y no se puede soslayar, la permanente presión de algunos sectores políticos e incluso de organizaciones criminales, éstas amparadas en grupos supuestamente defensores de los derechos humanos, que recurrentemente acusan a soldados y marinos de atentar contra los derechos humanos.
La capacitación y preparación de los militares no es precisamente para hacer rondines de vigilancia en las calles ni mucho menos para tareas de persecución de delincuentes. No. Y por eso, el rigor con el que proceden. Los soldados, los marinos no se andan por las ramas como los policías que suelen hacer lo que les viene en gana y soslayar las órdenes de sus superiores.
Las órdenes se cumplen, no se discuten, es la máxima en las fuerzas armadas y, por supuesto, en los cuerpos que se han creado a partir de este imperativo de dar la batalla al crimen organizado, en la saga de esta guerra declarada por Felipe Calderón sin los protocolos necesarios en esos asuntos que no son nada menores.
Siempre hubo ese riesgo de que algunos militares fueran cooptados por el brazo delictivo, por los cárteles; pero, aunque han sido asuntos aislados, no sorprende que haya soldados que se dejaron deslumbrar por los fajos de billetes de 20 dólares.
¿Era necesario sacar al Ejército de sus cuarteles para combatir al creciente y poderoso crimen organizado? Sin duda no solo era necesario, era un imperativo a la luz de los verdaderos nidos de criminales en que se convirtieron los cuerpos policiacos en las principales ciudades del país bajo control de los cárteles.
Quién con la credibilidad y la admiración, incluso de la sociedad, para combatir a los criminales e incluso a los cuerpos policiacos que se habían aliado a esas organizaciones delictivas, que los tenían a sueldo.
De terror, sí, de absoluto terror saberse a la intemperie frente a policías delincuentes que, por ejemplo, en Tamaulipas o Guerrero no chistaban para detener a indocumentados o ciudadanos comunes y entregarlos a sicarios y miembros de las bandas criminales que, o los enrolaban como parte de su estructura o, de plano, los mataban.
Y sí, sin duda, para evitar el deterioro en la credibilidad de las Fuerzas Armadas y darle el esquema jurídico que norme sus tareas en esto de asumir responsabilidades civiles, era y es prioritaria una Ley, como es la de Seguridad Interior que, por las prisas y consecuencia de las disputas político-partidistas fue parida en el Congreso de la Unión con tantos yerros e inexactitudes que organizaciones, incluso internacionales, han solicitado al presidente Enrique Peña Nieto no la publique, es decir, no la promulgue y aplique el derecho de veto que tiene para devolverla a las instancias legislativas para ser sometida a una amplia discusión pública.
Ayer, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, sostuvo que la Ley de Seguridad Interior “es un tema que ha quedado resuelto en el Congreso de la Unión (y) ahora está en manos del Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor”.
Camacho recordó que para la aprobación de dicha ley, ambas cámaras legislativas “escucharon e incluyeron en el dictamen las opiniones de la sociedad civil, ejerciendo con ello, un acto de responsabilidad y democracia, sin soslayar que se trabajó durante un año en el enriquecimiento de la iniciativa y la dictaminación de otras cinco sobre el mismo tema”.
Y tiene razón Camacho, pero es evidente que no se trabajó a conciencia en ese tema y se dejó para el último momento su discusión y aprobación, en un escenario que dividió a diputados y senadores.
Sí, hay prioridad en el tema, pero, como el propio Camacho acotó, en términos de que se promulgue cuanto antes y entre en vigor, “en el entendido de que siempre habrá posibilidades de mejorar un instrumento legislativo, siempre, si esta necesidad resulta evidente, seguro estoy que habrá sensibilidad de las cámaras para eventualmente hacer una reforma o adición”.
¿Para qué meter en este asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que se recurra a la demanda de inconstitucionalidad?
Si es obligación y responsabilidad del Congreso de la Unión revisar, discutir y dictaminar una ley de tanta importancia, el presidente Enrique Peña Nieto está en el mejor momento de ser políticamente correcto y vetar esta Ley de Seguridad Interior, en atención a tantas voces de representación social, académica y política.
Reitero: el tema es prioritario, pero también lo es que ese marco jurídico no tenga aristas e incluso resquicios que pongan en duda sus alcances. Las Fuerzas Armadas no merecen ser tratadas con una ley cuestionada, criticada y rechazada. La mejor medida es vetarla y que los legisladores hagan su trabajo como debe ser. ¿Por qué no, Presidente?
CON SU PERMISO, entresemana se va de asueto y volverá el lunes 8 de enero de 2018. Por favor, sean felices.
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