Se ha convertido en un lugar común despreciar el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus postulados fundamentales se pierden entre la inmensa cantidad de remiendos, cerca de 800, que le han propinado en los últimos años.
En el mejor de los casos, se trata de una normatividad que cada vez se parece más a las consignas de los juicios en las cortes castellanas del Medioevo –aquéllas que sentenciaban obedecer la ley, pero no cumplirla– que a una Constitución social de avanzada, como fue el sueño de los “jacobinos” de 1916-1917.
Por algunos años, los teóricos constitucionalistas presumieron que, junto con la Constitución de la República de Weimar –que establecía los principios del derecho laboral y de las conquistas sociales obreras europeas–, y la mexicana, hacían punta entre sus similares del mundo.
Pero los pertinaces caprichos de los gobernantes, que quisieron dejar su impronta al mayor nivel, a través de cada mandato, dieron al traste con sus principios esenciales y sus objetivos políticos, económicos, culturales y sociales.
Derechos muy disminuidos por funcionarios que la violan
Hoy es un documento variopinto que, muchas veces, causa sufrimiento –hasta en los jueces– para interpretar el espíritu que la anima por la cantidad de contradicciones y despropósitos que confortan su articulado, contrapuesto entre sí, con muchos otros redactados a lo largo de los años.
Si algunos principios esenciales de reivindicación obrera o agraria han quedado, sólo se debe al excesivo pudor de algunos legisladores, que prefirieron no tocarlos, so pena de caer en la lista negra de la historia, pero cuya intención fue arrasada, de todos modos, por la beligerancia de los ambiciosos e ignorantes de la política y de la razón mancillada.
Quedan por ahí los artículos clave de la educación, los derechos agrarios, los que pregonan la soberanía sobre los recursos naturales y el patrimonio nacional y las reivindicaciones obreras, sí, pero muy disminuidos por fruncionarios que han jalado para su santo… y que la violan.
Nadie sabe de qué se trata la reforma educativa, así como nadie conoce la aplicación, no la letra muerta, de los derechos agrarios, ni se imaginan que las reformas estructurales que impusieron los contratos outsourcing demolieron la colectividad trabajadora, la sindicación y los derechos de huelga y la lucha de clases para dirimir los conflictos obrero-patronales.
De la soberanía sobre los recursos naturales, de la explotación de los bitúmenes o de las minas, aguas, bosques, ríos, lagos y selvas, ya no queda ni el rastro, pues ha podido más el afán entreguista de los exquisitos que la lucha proverbial del pueblo por hacerlos valer.
Las rondas de hidrocarburos del peñanietismo, la entrega irreflexiva de las concesiones petroleras, eléctricas, mineras y acuíferas, entre muchas otras, nos han regresado a la condición de Colonia decimonónica, de enclave extranjero, pero eso sí, con una Constitución social de avanzada que da grima. Es un tiliche en el cuarto oscuro de la esquina de la Patria.
La vendetta política de la peor ralea campea a sus anchas
En materia de procuración e impartición de justicia, somos el hazmerreir de los países que saben de nuestras condiciones de prevaricato y pérdida de confianza en esos aparatos. Han sido infiltrados desde las oficinas jurídicas de Los Pinos por favoritos, desarraigados e ignorantes, que sólo están pa’servirle al patrón que los mandó llamar y puso en las posiciones clave.
En materia de respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, en cuanto a procesos apegados a estricto derecho, las garantías individuales son pisoteadas casi en cada resolución judicial. La consigna es: que se haga la ley en los bueyes de mi compadre. La vendetta política de la peor ralea campea a sus anchas.
A pesar de que los derechos humanos han sido homologados abajo de los Convenios internacionales en la materia, sujetados a ellos, todos sabemos que acá, en el rancho grande, “poderoso caballero es don dinero”. Los presuntos responsables de cualquier delito, si no cuentan con recursos, son declarados culpables, antes de presumir su inocencia, como ordenan todos los principios jurídicos.
Los salarios no son remuneradores. Las garantías sociales exigibles a la vivienda, la seguridad social, la integridad personal y el decoro, además de letra muerta, son materia de compraventa. Y tal parece que esta desventajosa condición de los menesterosos y vulnerables, llegó para quedarse.
Los movimientos sociales son ignorados olímpicamente
Nadie mueve un dedo para protestar, todos los peticionarios de derechos son criminalizables ipso facto. Los movimientos sociales son ignorados olímpicamente, porque para aplicar la ley no basta que esté bien escrita, sino que es necesario la voluntad política de hacerlos cumplir y, ésa, es la que brilla por su ausencia .
La Constitución no sólo ha dejado de ser social, sino que dista mucho de ser elementalmente legal, a secas. Es un documento que se ha puesto al peor postor. No se puede presumir de tener algo que definitivamente no se posee. México no tiene Carta Magna, ni legislación reglamentaria que se aplique para soportarla.
Más en menor, que en mayor medida, en las entidades federativas se replica el modelo del Centro. No hay una sola Constitución local que contenga un aspecto de avanzada que pueda aplicarse independientemente de la Norma General. Ni autoridades que quieran hacer valer sus potestades para apartarse de las costumbres, modos y maneras de la dichosa Federación.
Bienvenida la Constitución de la CDMX; mayor nivel vinculatorio
Por eso es bienvenida la Iniciativa que se consensua entre los académicos, líderes sociales y juristas de la Capital de la República, para darse una nueva Constitución que recoja los contenidos esenciales de los programas de avanzada social que su gobierno aplica y que han sido adoptados por varias entidades federativas y entre países emergentes.
A pesar de lo que digan comentaristas y académicos equivocados sobre su improcedencia, es necesario que los principios de universalidad, igualdad, equidad de género, justicia distributiva, respeto a la diversidad sexual, no discriminación, tolerancia y alto al maltrato, hagan acto de presencia en un país tan desastrado por sus propios hombres de leyes. Y lo hagan al mayor nivel vinculatorio.
Así como es necesario que aspectos torales de la convivencia civilizada, como el aumento al salario mínimo, la seguridad social a estudiantes de educación media y superior, la aplicación de una verdadera reforma educativa para insertar a los rechazados sin recursos, capacitación y fomento al autoempleo y muchas otras, deben elevarse a nivel constitucional, en un territorio que ya va siendo costumbre que imponga las pautas a seguir.
Los conceptos de ciudades inteligentes e interconectadas, los nuevos criterios de movilidad, sustentabilidad y habitabilidad, así como la efectividad de los Consejos de Desarrollo Social y Urbano, deben ser de observancia obligatoria, si no queremos seguir empeñados en los fracasos, casi endémicos.
Reconocer a los que luchan por dejar atrás un pasado lúgubre
Debemos acostumbrarnos a respetar tanto a los que piensan diferente, como a los que proponen derroteros para el futuro. Hacer a un lado el canibalismo político, propio de sociedades envilecidas por la envidia a los auténticos reformadores sociales, para empezar por reconocer y estimular a los que luchan por dejar atrás las comunidades de cangrejos.
Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que carguemos con la culpa histórica de no prosperar por envidias y recelos. Antes de que avance la noche sobre esta sufrida y maltratada sociedad mexicana.
“La justicia es el pan del pueblo: siempre está hambriento de ella”, dijo el adelantado pensador francés René de Chateaubriand.
Y en la CDMX, a diferencia del resto del país, están saciando ese apetito.
Índice Flamígero: El escribidor solicita su amable permiso para ausentarse jueves y viernes de este espacio. Mi deseo es que también usted descanse. Gracias.
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