- Madruguete de Berdegué provocó indignación y bloqueos de maiceros
Miguel A. Rocha Valencia
Más allá de los arreglos a que se llegó con los productores de maíz, el operativo de los campesinos para cerrar carreteras estaba listo y el detonador lo apretó Julio Antonio Berdegué Aznar, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural con su anuncio de que se fijaría el precio del maíz blanco en seis mil 50 pesos la tonelada, mientras los productores nacionales negociaban en Gobernación que se les pague a siete mil 200 pesos los mil kilos. Quedaron en seis mil 150.
Con su albazo del titular de la Sader, mostró su impericia en el manejo de crisis y los productores del Bajío que incluye a Jalisco, Guanajuato y Michoacán, procedieron a bloquear casetas, a liberar el pago de cuotas en las mismas y advertir que así seguirán tope lo que tope, acción en la que están respaldados por diversas organizaciones gremiales que incluye a la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA) que liderea Álvaro López Ríos.
Pero lo ocurrido es resultado de un sexenio de abandono a los campesinos nacionales, en especial del antes llamado sector social y pequeños propietarios con repercusiones en los generadores de cosechas para la comercialización en grande.
Es la consecuencia de la eliminación de varios paquetes de apoyo a la producción y comercialización no sólo de maíz blanco sino también de investigación y comercialización de cosechas que se intentaron concentrar en la fallida Segalmex que sólo sirve para fraudes, la cancelación de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), que dependiente de la propia Sader, fue reducida a una oficinita que al parecer ya está extinta.
Al mismo tiempo, durante ese sexenio en que muchas instituciones fueron destruidas o utilizadas como medio propagandístico, y otras cooptadas por el Ejecutivo federal, bajo el argumento de corrupción, se eliminaron paquetes de apoyo a productores incluyendo poco más de 350 mil millones de pesos (en todo el sexenio) para la comercialización que garantizaba un precio justo por las cosechas, mismos que se cambiaron en los llamados “apoyos al campo” del bienestar y que se regalaron de manera directa sin mecanismos de medición de resultados y que como consecuencia, provocan que hoy México sea más dependiente de la importación de alimentos.
El ejemplo más claro, es la importación de al menos 22 millones de toneladas precisamente de maíz amarillo y la compra en el extranjero de por lo menos de 900 mil toneladas de grano blanco con lo cual se propicia la caída en el precio del nacional. Eso además de que como sucedió en 2022, se trajo maíz contaminado por la aduana de Laredo, pero debido a que los “ahorros” provocaron reporte del personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) fue recortado, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que dio la alerta a petición de productores e importadores.
No se debe olvidar que el recorte presupuestal a la Secretaría de Agricultura es determinante para la caída de la producción en granos como ocurre también con el trigo, donde la falta de apoyo a la siembra provocó la disminución de la superficie cultivada de trigo sobre todo en el ciclo invernar con lo cual las importaciones aumentaron incluso del destinado a la industria macarronera (el duro) mientras que la caída en el panificable presiona el valor del alimento al alza.
En ese grano en los últimos tres años debieron importarse más de 15 millones de toneladas con valor cercano a los seis mil millones de dólares “nada más” porque se dejó a los productores trigueros de Baja California sin apoyo pues hoy los créditos ya no son “blandos” sino con intereses bancarios sin que exista una banca especial para el llamado sector social “los más pobres” quienes para acceder a un empréstito deben “ser viables” o sea que garanticen el pago del crédito. La banca social ya no existe.
No se olvide que de os 74 mil millones de pesos que se le asignaban a la Sader en el presupuesto, le rebajaron a menos de la mitad, es decir 36 mil millones de pesos, con lo cual se acabaron entre otras instituciones de apoyo a la comercialización a la Aserca, corrieron al personal con lo cual los productores se quedaron sin protección frente am los coyotes de dos patas.
Respecto al actual conflicto, López Ríos comentó que la insurrección campesina va en serio, especialmente porque en Estados Unidos si se protege a los productores con decenas de miles de millones de dólares y en nuestro país se les tiene en el desamparo lo cual contradice los fines del Plan México, ya que en vez de fomentarse la productividad con apoyos “como antes”, se desestimula incluso con importaciones realizadas por Maseca. Monsanto, Minsa y Bachoco, entre otros.
Hoy que ya no existen la Financiera Rural, en Banrural, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera ni mucho menos la Productora Nacional de Semillas, los productores desatienden mayor número de tierras y la productividad va en descenso especialmente en las parcelas privadas y lo antes fueron las ejidales donde lo único que llega son los apoyos asistenciales, pero no con fines productivos sino electorales.
De ahí que desde el 14 de octubre, diversas organizaciones agrarias se sumen a la protesta nacional por el desamparo al campo, por el desmantelamiento de las instituciones de investigación y fomento a la producción agrícola y desde luego, a la comercialización donde se presenta el otro fenómeno de la extorsión.
Y es que sin instituciones que ayuden a la comercialización, los productores de todo tipo están condenados a caer en manos no sólo de los intermediarios sino del crimen organizado en su modalidad de extorsión como ocurre con los limoneros de Apatzingán, Michoacán o los naranjeros del norte de Veracruz. Así también ganaderos, maiceros, trigueros y sorgueros.
Estos últimos productores (sorgo) vieron aumentar los niveles de importación del grano forrajero hasta en 237 veces, ya que se compraron en el exterior de enero a agosto de este año 208 mil 700 toneladas, con lo que de acuerdo con Juan Carlos Anaya del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas en los últimos 12 meses se ha registrado la entrada de 975 mil toneladas.
Finalmente, López Ríos y los productores de maíz del Bajío reclamaron a la Sader el que siga permitiendo la importación del grano incluso para forraje porque ello repercute en el precio y es un golpe bajo a los campesinos mexicanos.
Por ello dijo, la insurrección, las movilizaciones van a continuar hasta que se asuman políticas que van más allá de proteccionismo, como sucede en EU donde el gobierno de Donald Trump apoya a sus productores agrícolas con un paquete que va de los diez mil millones hasta los 14 mil millones de dólares para este 2025 como una medida que mitiga los altos costos de producción y bajos precios.
Y es que allá, como en México, con apoyos de ese nivel buscan alcanzar la autosuficiencia alimentaria, solo que acá se prefieren los programas clientelares que causan el efecto contrario y desperdicia recursos, por lo cual, dice la UNTA, en México sólo se produce el 42 por ciento de lo que consumimos y el resto de importa.
Cierto, en la bolsa de Chicago el maíz cotiza a tres mil 500 pesos la tonelada pero no es de la calidad del mexicano y además, aquellos generan cerca de 400 millones de toneladas de grano, en su mayoría forrajero, mientras que en nuestro país se producen 20 millones de toneladas, pero de alta calidad. Eso además de que los agricultores gringos reciben apoyos específicos de entre 10 mil y 14 mil millones de dólares anuales para estimular la producción. Aquí, ni un peso.
