- Huachicol: en 4T se impone impunidad en delitos con flagrancia o de oficio
Miguel A. Rocha Valencia
“Que presenten las pruebas”, le dijo la presidenta a su secretaria anticorrupción, a quien le acababan de preguntar si, por tratarse de delitos que deben perseguirse de oficio, la secretaría a su cargo debía realizar investigación en torno a la red de huachicol fiscal y robo de hidrocarburos, lo cual constituyó uno de los episodios más penosos vistos en una mañanera.
Porque, ante la flagrancia de los hechos, los documentos, las grabaciones y confesiones, aún se piden pruebas de algo que va más allá de los 600 mil millones de pesos en que se calcula el daño fiscal de la trama huachicolera, donde también está incriminado el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien recibió la papa caliente de su antecesor, José Rafael Ojeda Durán.
Y es que ya en esta administración, el almirante secretario Morales Ángeles también se reunió con el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, a quien expuso toda la trama y luego pidió vacaciones; no se sabe si por instrucciones de su superior o por decisión propia.
El caso es que, en vez de ordenar que a ese testigo tan importante —en un tema de las dimensiones que hoy se sabe toca a muchos mandos y al honor tradicional de la Marina— se le diera custodia, como debió ser, y de cuyo paradero sólo sabían sus superiores, los mandos de la actual administración, no se actuó.
Para colmo, el 8 de noviembre de 2024, Guerrero Alcántar “vacacionaba” en uno de los puertos neurálgicos del contrabando de metanfetaminas, fentanilo y todo tipo de mercancías: Manzanillo, donde fue asesinado a plena luz del día.
Lo mínimo que se observa en toda esta madeja de podredumbre y complicidades es que dos secretarios de Marina —Rafael Ojeda y Raymundo Pedro Morales— supieron con tiempo de toda la trama y, por lo visto, no actuaron ni denunciaron ante la Fiscalía General de la República, o por lo menos ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el SAT o cualquier otra autoridad, y se guardaron las indagatorias realizadas internamente hasta que reventó el cuete.
Los otros dos capitanes ejecutados, lo mismo que la fiscal involucrada, son parte del entramado, pero dicen en Palacio que no hay ninguna línea de investigación que lleve a la necesidad de entrevistar, por lo menos, a Rafael Ojeda ni a Raymundo Pedro Morales, quienes no sólo tienen la versión del asesinado Guerrero Alcántar, sino todo el expediente de inteligencia naval que intervino y recibió confesiones, además de realizar indagatorias.
También queda claro que, más allá del tema del huachicol, las aduanas entregadas por el mesías tropical a la Marina se volvieron negocios de los uniformados de blanco, quienes incluso crearon sus propias agencias aduanales para traficar todo tipo de mercancías a su antojo, incluyendo petróleo robado y refinado.
Aún en 2023 se dio a conocer que esas aduanas habían reportado menores ingresos fiscales, a pesar de que el volumen de mercancías registradas aumentó. No sería raro que en la famosa “lista” de las agencias de seguridad estadounidenses estén no sólo algún alto mando de Marina, sino también de los verdes, que tienen su parte del negocio en toda la corrupción derivada de las concesiones presupuestales y sus aeropuertos, trenes y centros vacacionales.
Aquí se podría aplicar el axioma de que “a confesión de parte, relevo de pruebas”, aunque el principio se ha desacreditado por aquello de que algunas confesiones se obtienen bajo tortura.
Pero son tantas las evidencias, incluso en las indagatorias oficiales que trascienden a los medios, que resulta infantil e insultante que la más alta autoridad ejecutiva del país pida pruebas de lo evidente y que, a cambio, casi exija todos los días que se investigue más a quien ya fue condenado por simples dichos de criminales a quien él mismo detuvo y metió a la cárcel.
Se oye hasta ridículo cuando dicen: ¿por qué no investigan o hablan de García Luna? O cuando piden pruebas para indagar a Adán Augusto López o a los hijos del expresidente, a quienes por lo menos se les podría llevar a juicio por enriquecimiento inexplicable, más allá del abuso de poder o de sus ligazones con el crimen.
Las actuales autoridades tal vez no incurran en delitos, pero sí en responsabilidad oficial por no asumir su obligación de vigilar que se cumpla la ley, aunque sea la cuatrotera. ¿O son cómplices?
