La Fiscalía de Corea del Sur ha imputado al presidente destituido Yoon Suk Yeol por presuntamente liderar una insurrección al declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Dicha acusación histórica convierte a Yoon en el primer mandatario en funciones en ser acusado bajo detención en la historia del país.
La imputación se produce justo un día antes de que finalice su periodo de detención, tras su arresto el 19 de enero por parte de la Oficina de Investigación de la Corrupción para Funcionarios de Alto Rango.
Según las autoridades, Yoon conspiró con el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y otros aliados para incitar a una insurrección al declarar un “estado de emergencia inconstitucional e ilegal”, a pesar de no haber signos de guerra o crisis nacional.
Los fiscales alegan que Yoon ordenó el despliegue de fuerzas militares en el Parlamento para impedir que los legisladores votaran en contra de la declaración de ley marcial. También se le acusa de planear arrestos contra figuras políticas clave, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional y líderes de partidos rivales.
La imputación llega en un momento crítico, ya que Yoon también enfrenta un juicio político que determinará si será restituido o depuesto definitivamente como jefe del Estado. El Tribunal Constitucional tiene hasta 180 días para decidir sobre su futuro. En su defensa, Yoon y su equipo legal argumentaron que nunca tuvo la intención de implementar la ley marcial y que su declaración fue un “llamamiento desesperado” ante una crisis nacional.
Este caso marca un precedente en la política surcoreana, donde el privilegio de inmunidad presidencial no se extiende a los delitos de insurrección. Si es hallado culpable, Yoon podría enfrentar penas severas, que van desde cadena perpetua hasta la pena de muerte, aunque esta última está bajo moratoria desde 1997.
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