Todo indica que, con la captura hace un par de días del capo Miguel Ángel Treviño Morales (a) “Z-40”, la administración federal dio por cancelada la franquicia que mantenía el grupo delincuencial, originalmente formado por ex militares con preparación en los cuarteles estadounidenses.
Franquicia, sí, porque el surgimiento, crecimiento y expansión de “Los Zetas” no se explica sin la participación de las autoridades políticas que, en un inicio, no veían a esta organización ni a las otras similares como un riesgo de seguridad nacional, sino como una fuente de divisas que incrementaba sus propias cuentas bancarias.
“Poco hace falta para reconocer el papel que en todo esto desempeñó el margen de maniobra de un régimen político autoritario –expone Mónica Serrano, del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, en su texto intitulado México: Narcotráfico y Gobernabilidad. En efecto, al
gestionar la efectiva regulación de este mercado, al imponer sus decisiones y mandatos, las autoridades mexicanas no siempre tuvieron que reparar en consideraciones de transparencia, de legalidad, de debido proceso o de respeto a los derechos humanos.”
Y abunda:
“En las décadas de oro del narcotráfico en México encontramos pues relaciones corruptas pero celosamente vigiladas entre el Estado y las organizaciones criminales. Todo parece indicar que en ese período, el contrabando no era considerado como una actividad inherentemente criminal o situada fuera del sistema, sino incrustada en el propio andamiaje institucional. Había allí algo para todos: seguridad y certidumbre para los empresarios criminales, una posición prominente y una diversidad de roles y funciones para las fuerzas de seguridad, pero también una importante dosis de protección política —aunque crecientemente selectiva— para aquéllos dispuestos a incursionar en este mercado.”
Franquicias brindadas por los gobiernos, pues.
Lo vimos recién con las dos anteriores administraciones federales panistas que, selectivamente, combatieron a todos los competidores y enemigos de Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo”, a quien parecían querer entregarle todo el mercado, en exclusividad.
CUENTAS POR COBRAR
La súbita cancelación de la franquicia al aparente dirigente máximo de “Los Zetas”, empero, no necesariamente implica el fin de la organización criminal, acaso su fragmentación o incluso su pulverización. Los sobrevivientes, se adivina, se enfrascarán en violentas disputas por el control del lucrativo negocio y, de no obtenerlo, formarán sus propias organizaciones. Lamentablemente, lo hemos visto, en este accidentado territorio de la criminalidad no opera el clásico “divide y vencerás”. Antes al contrario, dijo el neoclásico.
Padrinos políticos, militares, empresariales y policiales, por supuesto, también buscarán cubrirse, retirando sus apuestas de este casino de las adicciones y la muerte. Seguirán ocupando sus cargos, dirigiendo sus empresas, acatando órdenes de sus superiores, disfrutando los dólares “lavados” y paseando su impunidad frente a todos. Ya encontrarán otros jugadores para hacer sus apuestas.
Son muchas las cuentas por cobrar. Las de los lugartenientes del “Z-40”, las de sus sicarios, las de los padrinos.
Se adivina un reguero de sangre en las próximas horas, los próximos días.
Y un reclamo extendido: ¿por qué se siguen eliminando a los contrincantes de “El Chapo” Guzmán?
¿Son él y su grupo los protegidos por el gobierno y las agencias estadounidenses? ¿El que provee buena droga, a precios constantes, quien no desestabiliza el mercado en las calles angelinas, de Chicago y neoyorquinas y, sobre todo, quien “lava” sus ganancias en los bancos del vecino del norte?
“Poco hace falta para reconocer que al amparo de un régimen de partido hegemónico –escribe Mónica Serrano en su texto– el país encontró mayores niveles de estabilidad. El resultado fue un orden que descansó bajo bases más o menos sólidas, muchas de ellas, apuntaladas por pactos y acuerdos —algunos formales, otros de carácter informal— en los que la negociación y los compromisos de reciprocidad fueron siempre una parte fundamental. Por consiguiente, no debe sorprender que el orden priísta también contribuyera a la estabilización de la esfera criminal. De ahí que las semejanzas entre el entramado priísta y el andamiaje político-criminal no sean del todo casuales.”
Interesante, ¿o no?
Índice Flamígero: No habría por qué dudar de la efectividad de las operaciones de inteligencia y en campo que los efectivos de la Secretaría de Marina desplegaron para la captura del “Z-40”, pero su reciente pasado cual brazo ejecutor de las agencias estadounidenses hacen pensar en lo certero o no de las afirmaciones oficiales.
