“Lo único superior a lo absurdo de nuevos políticos, es su evidente incapacidad para mentir y hacerlo bien”: Jorge Saldaña.
• Privatizarán el agua
• Favorecen a Grupo Higa, acusa oposición
• Científicos y académicos atacan proyecto
• ONG critica complicidad de legisladores
• Dólar sube a máximo histórico: $ 15.80
• Medina Mora suma oposición y rechazo
• Otro repaso del “Financial Times” a EPN
Marzo 6, 2015.- En México, en pleno Siglo XXI, más de 9 millones de mexicanos carecen del servicio de agua entubada y 13 millones que habitan en zonas rurales y urbanas reciben el líquido con ciertos grados de contaminación. Esta compleja problemática no será resuelta por la llamada “Ley Conagua”, avalada el pasado miércoles en comisiones de la Cámara de Diputados, presentada el jueves para su publicidad ante el Pleno, y que se prevé que sea discutida el próximo martes. Lo que hace la probación de la Ley General de Aguas es abrir a la iniciativa privada el proceso de extracción, conducción, infraestructura y prestación de servicios de agua potable, así como su cobro al usuario final.
Se trata de consolidar otro negocio privado que favorece a empresarios cómplices del grupo Atracomulco en el poder. Es una iniciativa de la cúpula burocrática de Los Pinos para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica fracking para extracción de shale gas, y con beneficios adicionales para empresas comercializadoras y hasta constructoras, denunciaron diputados de oposición. La Ley General de Aguas cambia el panorama de negocios y maximiza beneficios para constructoras como Grupo Higa, dado que por primera vez, permitirá a grupos privados participar de manera directa en la operación de trasvase de aguas nacionales.
Tiene un claro enfoque mercantilista, va en detrimento del derecho humano al agua potable, plasmado en la reforma constitucional del 2012, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales, elimina la participación ciudadana y criminaliza la investigación científica. Va encaminada a favorecer, entre otros, al Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, que se ha visto beneficiada en múltiples ocasiones con contratos para construir obra del Gobierno federal, por lo que 10 diputados del PRD y Morena abandonaron esta semana el salón de las comisiones unidas y adelantaron que votarán en contra del proyecto en cuanto se presente al Pleno de la Cámara de Diputados.
A pesar de lo anterior, los diputados integrantes de las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado demostraron su ignorancia e incompetencia o, en su caso, complicidad, al avalar 31 legisladores del PRI, PAN y PVEM un dictamen externo no consensuado con las organizaciones de la sociedad civil, ni con investigadores y académicos.
El vicecoordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que hasta hoy las constructoras pueden participar únicamente en la construcción de infraestructura destinada a realizar trasvases pero nunca en su operación. Es decir que el consorcio operador no puede disponer de las aguas que trasvasa por lo que sus funciones se limitarían en la actualidad a fungir como operario de Conagua.
Grupo Higa, al ser operario de trasvases, califica para convertirse en concesionario de las aguas nacionales, mismas que podrá disponer hasta por un periodo de 30 años con derechos a prorroga por similar tiempo. Ladrón de Guevara, en una amplia entrevista con “Sin Embargo”, explicó que “al contar con un título de concesión de uso industrial o mixto podrá destinar el agua trasvasada para venderla, o utilizarla ella misma, a las empresas que realizarán procesos de fracturación hidráulica –que es el objetivo real del Acueducto Monterrey VI- o a su vez venderla a los Organismos Operadores de Agua pudiendo cambiar las veces que quiera su título de concesión entre los usos industrial y público urbano so pretexto de satisfacer el derecho humano al agua”.
Añadió que si lo prefiere, Grupo Higa podrá vender a la propia Conagua el agua previamente concesionada como agua en bloque con un sobreprecio amparado por los criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera y por su propia posición monopólica. El legislador de Morena sostuvo que este modelo de negocios que la Ley General de Aguas abre a los particulares podrá replicarse a lo largo y ancho del país por Grupo Higa o por cualquier otro grupo de empresas constructoras que ahora podrán participar como operadores de los trasvases que actualmente realiza la Conagua.
Por su parte, la diputada perredista Aleida Alavez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, indicó que la propuesta elimina el ámbito de “por asignación”, el cual sólo aplicará para el suministro de agua potable y los sustituye por el de “concesión”, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de la concesión. “Esta iniciativa pretende concesionar los trasvases a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como Grupo Higa, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas señalado en el artículo segundo constitucional, como el caso del pueblo Yaqui y el Acueducto Independencia”.
En este punto, Ladrón de Guevara subrayó que “los trasvases quedarán a cargo, en primer lugar de los agentes privados que al tratarse de concesionarios podrán disponer y acaparar el líquido durante 30 años con derecho a prórroga. Los requisitos para autorizar trasvases a realizar a cargo de privados no quedan establecidos en la Ley sino a criterio del Ejecutivo a través del reglamento”. El legislador de Morena consideró que los trasvases debieran ser utilizados únicamente bajo condiciones de excepción como lo es una emergencia hídrica, particularmente para atender el abasto en situaciones de sequías prolongadas. No obstante éstas se abren de forma indiscriminada a la iniciativa privada.
PRIVATIZACIÓN
El proyecto de la Ley General de Aguas no toca al Artículo 27 constitucional, pero va encaminada a la privatización del vital liquido pues permite la participación de la iniciativa privada mediante concesiones “para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes”, de acuerdo con su artículo 88 fracción tercera. Y el artículo 94 estipula que la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales tendrá una vigencia mínima de cinco años y máxima de treinta años, tiempo que podrá ser prorrogable hasta por otros 30 años.
Un aspecto muy importante de la iniciativa es la regulación del “trasvase”, definido como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, lo que implica que la autorización a la que se sujeta tal actividad tiene por objeto permitir el traslado de las aguas nacionales y no la construcción de la obra.
A pesar de que la ley específica que en ningún caso el concesionario puede disponer del agua en volúmenes mayores a los autorizados por la Comisión, en caso de que se explote más agua, se deberá tramitar una nueva concesión. Pero también entrega la obligación a los propios concesionarios de instalar medidores para medir la cantidad de agua descargada. Por lo que toca a la creación de infraestructura, si bien la nueva ley plantea que la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal deberán fomentar el desarrollo de este tipo de infraestructura para garantizar el derecho humano al agua, señala que para alcanzar este objetivo, el Gobierno podrá celebrar con particulares contratos de obra pública y servicios con la modalidad de inversión recuperable.
También podrá “otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal”, así como para “construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta”.
La ignorancia o, en su caso, complicidad de los diputados federales pertenecientes a las comisiones de Agua Potable y Recursos Hidráulicos es evidente en el hecho de que el dictamen que se aprobó en esas comisiones no fue elaborado al 100 por ciento por ellos, a pesar que desde hace varios meses habían trabajado de la mano con organizaciones de la sociedad civil. No obstante, durante la madrugada del miércoles 5 de marzo, los diputados recibieron una propuesta de dictamen “a altas horas de la madrugada”, con la intención de no dar los cinco días que marca el reglamento para dar la oportunidad a los legisladores a leer el documento y presentar sus reservas.
Los diputados Socorro Ceseñas (PRD), Manuel Huerta y Gerardo Villanueva (Morena) objetaron que la aprobación del dictamen en comisiones no cumplió los requisitos mínimos que dicta la Ley Orgánica de la Cámara, entre éstos la obligación de las juntas directivas de las comisiones de presentar el proyecto a sus integrantes con al menos 48 horas de anticipación.
SE OPONEN ACADÉMICOS
Académicos de diversos institutos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) rechazaron este proyecto de ley y advirtieron que en diversas formas viola el derecho humano al agua, criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana.
En un documento donde analizan la iniciativa, los académicos de la UNAM advierten que esta ley limitará el uso del agua a 50 litros diarios por persona, cantidad que “pone en riesgo” la salud, pues una análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y por la Organización Mundial de la Salud señala que “el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona”.
Especialistas de los institutos de Investigaciones Jurídicas, Geografía y Geología de la UNAM, entre los que se encuentran María del Carmen Carmona, José Carrillo y Rafael Huízar, destacan que la “propuesta de ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio. Resaltan que el Artículo 148 de la ley, establecería que quienes deseen realizar investigación en torno a este recurso natural deberán solicitar permiso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y, en caso de que éste sea negado, y a pesar de ello lo realicen, las multas irían de 200 a 50 mil días de salario mínimo.
Por lo que toca a la contaminación del agua, los universitarios advierten que la iniciativa indica que si “naturalmente el agua presenta una concentración de equis elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces (éste) se puede incorporar. Señalaron que otro elemento “inconstitucional” es que se quiere limitar el derecho humano al agua a sólo las personas que viven en asentamientos urbanos, lo que significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición.
A su vez, Pedro Moctezuma, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que la nueva Ley General de Aguas beneficiará a megaempresas que incurren en malas prácticas, particularmente de capital foráneo, las cuales manejarían sistemas de agua en condiciones de ganancias garantizadas con los impuestos y tarifas que pagan los mexicanos. Señaló a corporaciones como Veolia, Suez, Unite Utilities, entre otras y destacó que por la tendencia a la remunicipalización de los sistemas de agua potable y saneamiento ya han sido expulsados de 180 ciudades como Praga, Berlín, París, Buenos Aires y Atlanta.
Mencionó que esta ley contempla artículos que hacen del trasvase una utilidad pública y concesiona su uso a particulares. “El uso minero no requerirá de concesión y la práctica del fracking se esconderá como un uso industrial para autorizar la extracción del agua.
Por su parte, científicos y académicos advierte que la Ley General de Aguas es violatoria de derechos humanos al privatizar el acceso al líquido. Luis Zambrano, investigador del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, resalta que el proyecto de ley, así como está planteado, deja a la inicitiva privada la distribución del líquido, se limita a comunidades pobres el acceso al agua y se frena la fiscalización científica a la calidad del agua.
Zambrano y otros investigadores de la UAM participaron en el proceso de consulta de un proyecto de ley hídrica, pero los resultados de esa consulta fueron ignorados por la Conagua y los legisladores federales. Acusan que los diputados federales armaron un proyecto para favorecer a empresarios como los del Grupo Higa y lo hicieron sin consultar a investigadores y la sociedad, por lo que académicos de varias universidades se organizan para rechazar el dictamen e impedir su aprobación.
También la ONG, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda) advirtió que el derecho humano de acceso al agua “queda muy lejos” de cumplirse con la Ley General de Aguas que pretende aprobar el Pleno de la Cámara de Diputados, además de que se observa una clara visión mercantilista en la misma.
El colectivo que agrupa a medio centenar de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, y de campesinos e indígenas, recordó que en febrero se entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana, la cual no fue tomada en cuenta al elaborar el dictamen. También destacó que diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron a los legisladores abrir el proceso a la discusión pública en foros y audiencias públicas, petición que fue ignorada.
Criticaron que los diputados aprobaron un dictamen que conocieron pocas horas antes sin tener el soporte técnico y científico suficiente y necesario para sustentar su voto a favor o en contra del contenido de la iniciativa.
ESTALLA A EPN MALESTAR SOCIAL: FT
“The Financial Times” sostiene en un artículo que la corrupción, la falta de un Estado de Derecho, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” así como los escándalos que involucran a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto son “síntomas de un malestar que precede a esta administración” pero que han sido mal manejados por el gobierno de México. Asegura que “la corrupción y la ausencia del Estado de Derecho han terminado con la paciencia de México. El presunto asesinato de 43 estudiantes por un grupo criminal vinculado a la policía local, y varios escándalos, incluyendo una casa propiedad de la primera dama y construido por un contratista del Estado favorecido, han exacerbado el mal humor. Estos incidentes son síntomas de un malestar que precede a la administración de Enrique Peña Nieto, no las causas. Sin embargo han sido mal manejados”.
Por su parte, “The Guardian” cuestiona en una columna firmada por Ellie Mae O´Hagan: “México tiene una crisis de derechos humanos, ¿por qué la bienvenida con los brazos abiertos a su Presidente?”. Y explica: “lo más amable que uno podría decir de Peña Nieto con respecto a los estudiantes de Ayotzinapa, la guerra contra las drogas, el asesinato de miles y las amenazas a los periodistas que tratan de denunciar estos crímenes, es que ha sido totalmente incompetente, imperdonablemente lento para reaccionar, y ha fallado en cumplir incluso con las más anodina promesa de su campaña pre-electoral, la de tratar el problema del narcotráfico desde un punto de vista menos militarista. Este fracaso significa que los servicios de seguridad de México aún están armados hasta los dientes, por lo que es más fácil para ellos cometer exactamente el tipo de violaciones de derechos humanos denunciadas por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos en todo el mundo”.
DE LOS PASILLOS
Este viernes, impulsado por la publicación de datos de empleo en Estados Unidos, el dólar libre alcanzó los 15.80 pesos a la venta, el más elevado desde marzo de 2009, en tanto que el precio más bajo a la compra fue de 15.18 pesos, de acuerdo con la información de Banamex. El Banco de México tuvo que salir a vender dólares de sus reservas en el mercado cambiario, y colocó 200 millones a un tipo de cambio promedio de 15.41 pesos por dólar.
Al PVEM podrían duplicarle la multa. La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso incrementarla de 35.7 millones a 67 millones 112 mil 123 pesos 52 centavos, debido a que no se tomó en cuenta un contrato firmado por el PVEM, a través de un tercero, con Cinemex y Cinépolis. La sesión del INE de este viernes se realizó con la presencia de todos los representantes partidistas.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) rechazó que Eduardo Medina Mora forme parte de la terna que se considerará para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Karla Michel Salas Ramírez, presidenta de la ANAD, sostuvo que “no cumple con el requisito de idoneidad establecido en el Artículo 95 de la Constitución”. Antes, representantes de la sociedad civil entregaron al Senado más de 20 mil firmas en contra de que el actual embajador de México en Estados Unidos sea nombrado ministro de la Suprema Corte, tal como lo propone el presidente Enrique Peña Nieto.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) rastrea lavado en conciertos de “Chente” Fernández y operaciones de los intermediarios del futbolista Messi. Varios empresarios ligados a la figura del astro argentino están bajo sospecha de una investigación que se cruza con otra paralela de la Unidad Central Operativa (UCO). La DEA investiga tanto la gira de conciertos de la estrella mexicana de las rancheras Vicente Fernández y los partidos benéficos de Amigos de Messi contra Resto del Mundo.
Por lo que toca a los conciertos de Vicente Fernández, celebrados en 2012 en la llamada Gira Internacional del Adiós, que celebraba los 40 años del cantante, ya hubo problemas en México, en donde se denunció que la empresa Total Conciertos, que montó algunas de las actuaciones, incumplió los pagos pactados con el músico. Cuando saltó a la luz la primera de esta investigación, en diciembre de 2013, el padre de Alejandro Fernández simplemente eludió el tema.
El Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit interpuso las primeras denuncias penales contra ex tesoreros municipales, derivadas de las auditorías 2011, 2012 y 2013 de las que se desprenden observaciones por presuntas malversaciones de recursos públicos, peculado y ejercicio indebido de funciones, contra tres ex funcionarios, que incluye a Argelia Ramírez Cruz, quien fuera titular de Finanzas del gobierno 2008-2011 en el municipio de San Blas, con Hilario Ramírez Villanueva.
El empresario y filántropo Alfredo Harp Helú, presidente honorario del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex, sostuvo que la decisión del gobierno federal de no modificar por dos años el régimen fiscal aplicable a las empresas, en un entorno como el actual de lenta recuperación de crecimiento, es “muy grave”. Consideró indispensable que se convoque a un periodo extraordinario al Congreso para tratar el tema del Impuesto Sobre la Renta a las empresas.
En redes sociales se filtraron dos audios en los que se refiere que el ayuntamiento de Nogales, Sonora, había ofrecido recursos públicos para supuestamente favorecer la campaña de Claudia Pavlovich Arellano, candidata del PRI al Gobierno de Sonora. De acuerdo con las grabaciones, el alcalde Ramón Guzmán Muñoz prometió aportar infraestructura, apoyos, logística y dinero para apoyar la campaña de la priísta.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar losprogramas radiofónicos Estado de los Estados que se transmiten por Radio 620 de la Cadenanacional RASA, así como a presenciar los programas televisivos peninsulares Estado de los Estadosy Fuego Cruzado por se transiten por el canal 10 y 100 en Cancún, Quintana Roo; 29 y 117 en Mérida, Yucatán y 9 de Campeche a través del sistema Cablemás. Está la participación en la Barrade Opinión de Azteca, canal 13 en televisión abierta cada semana. Esperamos su comentarios alcorreo: Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.
