Paternidad por prescripción del engaño: La ignorancia supina de la SCJN

El Código Civil hace correr sesenta días desde que se conoce el error; la Corte los hizo correr desde antes de que existiera la sospecha. El ADR 5065/2025 y la pobreza argumentativa de un Pleno que convirtió el error inducido en fuente de obligaciones

Por José Alberto Sánchez Nava

«Quod nullum est, nullum producit effectum.» Lo que es nulo no produce efecto alguno; y lo que nació del error no puede ser santificado por un plazo que venció antes de que el error se descubriera.

I. El caso: un plazo que vence antes de que exista la sospecha

En 2018, un hombre acudió al Registro Civil de Villaflores, Chiapas, convencido de que el recién nacido era su hijo. En 2020, una prueba genética le reveló que no existía vínculo biológico alguno. Demandó el desconocimiento de paternidad; la madre opuso la excepción de caducidad, y el asunto llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5065/2025.

Por mayoría de siete votos contra dos —con el disenso de las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama—, el Pleno sostuvo la validez del artículo 326 del Código Civil para el Estado de Chiapas, que concede sesenta días, contados desde el nacimiento, para contradecir la paternidad, y determinó que una prueba de ADN posterior no reinicia ese cómputo.

La paradoja es brutal en su sencillez: el derecho de acción se extingue antes de que su titular tenga motivo alguno para ejercerlo. El Estado le dice al ciudadano: tuviste sesenta días para impugnar un error que ignorabas; como no adivinaste, el error es ahora tu deber jurídico perpetuo. Ningún sistema racional de justicia puede sostener semejante silogismo sin avergonzarse de sí mismo.

II. Una regresión disfrazada de seguridad jurídica: el abandono del ADR 544/2022

Lo más grave no es que la Corte haya decidido mal; es que decidió peor de lo que ya se había decidido bien. La extinta Primera Sala, al resolver el amparo directo en revisión 544/2022, había construido una interpretación evolutiva y conforme con la tutela judicial efectiva: el plazo de sesenta días debía computarse a partir de que el varón descubriera la ausencia del vínculo biológico o conociera los hechos que razonablemente lo llevaran a dudar de la presunción de paternidad.

El nuevo Pleno abandonó expresamente ese criterio. No lo superó con mejores razones; lo sepultó con razones más pobres. Donde la Primera Sala había leído el plazo a la luz del artículo 17 constitucional, el Pleno regresó a la lectura literal y mecánica de un código de 1938. Eso no es seguridad jurídica: es inseguridad jurisprudencial, porque el justiciable ya no sabe si el criterio que lo protegía ayer seguirá vigente mañana.

Conviene decirlo con honestidad: aun computado desde el resultado genético, el actor de este caso presentó su demanda meses después, fuera de los sesenta días. Pero la crítica no es de resultado, sino de criterio. Una sentencia del Pleno no resuelve sólo un expediente: fija la regla con la que se juzgarán todos los que vengan. Y la regla que hoy rige es que el plazo puede vencer antes de que el engañado sepa que fue engañado.

III. La confusión de origen: ¿presunción o reconocimiento?

El expediente exhibe un vaivén conceptual que por sí solo revela la fragilidad del fallo. La Sala de apelación calificó el acto como reconocimiento voluntario irrevocable (artículo 362 del Código chiapaneco); el Tribunal Colegiado lo reconfiguró como presunción de paternidad derivada del concubinato (artículo 378), desvirtuable mediante la acción de desconocimiento; y el Pleno partió de esta última premisa.

Una presunción legal no es un acto de voluntad y, por ello, no se anula: se desvirtúa. Pero en este caso hubo algo más que una presunción: hubo una comparecencia personal ante el Registro Civil, una declaración de voluntad que el propio juez de primera instancia consideró susceptible de anularse por error. Al encasillar el asunto en la acción de desconocimiento —sujeta a caducidad—, la Corte evadió el análisis que verdaderamente correspondía: la validez del acto registral otorgado bajo error. Un tribunal constitucional que escoge la vía procesal que le permite no pronunciarse sobre el fondo no está impartiendo justicia; está administrando expedientes.

IV. Los actos viciados no producen obligación válida: la acción de nulidad corre desde que se conoce el error

La teoría general del acto jurídico, recogida en el Código Civil de 1928 y reproducida en la legislación de las entidades federativas, es inequívoca:

1. Existencia. El acto jurídico requiere consentimiento y objeto que pueda ser materia de él (artículo 1794 del Código Civil Federal y sus correlativos locales).
2. Validez. El consentimiento no es válido si fue dado por error o sorprendido por dolo; el error anula el acto cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad (artículos 1812, 1813 y 1815).
3. Sanción. El error y el dolo producen la nulidad relativa del acto (artículo 2228), que sólo permite que éste produzca provisionalmente sus efectos (artículo 2227) hasta que la nulidad se declara.
4. Plazo. La acción de nulidad fundada en error se ejerce en los plazos del artículo 638; pero si el error se conoce antes de que transcurran, la acción prescribe a los sesenta días contados desde que el error fue conocido (artículo 2236).

Aplíquese la regla al caso. Quien reconoce a un niño como hijo propio lo hace porque cree que es su hijo: ese es el motivo determinante de la voluntad. Si la creencia fue falsa, el consentimiento se otorgó en error; y si el error fue inducido, habrá dolo, cuya prueba corresponde al juicio. En cualquier caso, la obligación alimentaria que hoy pesa sobre el actor no nace de la sangre ni de una voluntad libre e informada: nace de un acto viciado al que el Pleno le otorgó, por la vía del calendario, una firmeza que el derecho civil le niega.

Y aquí está el punto decisivo: el legislador civil ya resolvió el dilema que la Corte declaró insoluble. Para el mismo vicio —el error— y con el mismo número de días —sesenta—, el Código Civil hace correr el plazo desde que el error se conoce. Lo mismo ocurre en el matrimonio: la acción de nulidad por error corre desde que el cónyuge engañado lo advierte (artículo 236). En los contratos y en el matrimonio, el plazo para reclamar un error comienza cuando el error se descubre. Sólo en la filiación, por obra del Pleno, el plazo comienza antes.

He ahí el sentido del título: el Código regula una prescripción que corre desde el conocimiento; la Corte instauró una prescripción del engaño que corre desde la ignorancia.

V. Nulidad e inexistencia: sus diferencias son meramente teóricas

La propia Suprema Corte ha reconocido que la frontera entre nulidad e inexistencia carece de consecuencias prácticas:

• «NULIDAD E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON MERAMENTE TEÓRICAS.» Tercera Sala, Sexta Época, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, tesis 297, página 249 (registro digital 913239).
• «NULIDAD ABSOLUTA E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON CONCEPTUALES Y SIMPLEMENTE TEÓRICAS, Y SUS SANCIONES SON SEMEJANTES.» Tercera Sala, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 205-216, Cuarta Parte, página 116 (registro digital 239988).
• Tesis aislada de la Tercera Sala, Sexta Época, Volumen LXVI, Cuarta Parte, página 44 (registro digital 803380), ponencia de Rafael Rojina Villegas: los efectos de la declaración de nulidad y del reconocimiento de la inexistencia son los mismos, pues el acto queda privado de toda eficacia.

Estos criterios conducen a una conclusión: sea que el acto se califique como inexistente por falta de objeto —la filiación biológica que se pretendía reconocer jamás existió—, sea como nulo por error, su destino es el mismo: quedar privado de eficacia una vez declarado. El acto viciado no engendra acción ni obligación alguna, sino únicamente la acción para destruirlo.

Se objetará —y la objeción es seria— que la tesis 239988 se dictó en materia de matrimonio y advirtió que los actos del estado civil tienen un régimen propio, separado del general de las nulidades. Es verdad. Pero ese régimen especial no favorece al engaño: el propio Código Civil, al regular la nulidad del matrimonio por error, hace correr la acción desde que el cónyuge lo advierte. La especialidad del derecho familiar existe para proteger la verdad y a la parte vulnerable, no para blindar el error.

VI. La caducidad no es un sacramento: el derecho de acceso a la justicia

El artículo 17 constitucional garantiza a toda persona el acceso a tribunales que impartan justicia de manera pronta, completa e imparcial. La jurisprudencia P./J. 113/2001 (registro 188804), de rubro «JUSTICIA, ACCESO A LA…», y la 1a./J. 42/2007 (registro 172759), sobre la garantía a la tutela jurisdiccional, admiten que el legislador regule plazos y requisitos, pero siempre que sean razonables, proporcionales y no impidan materialmente el ejercicio del derecho.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Cantos vs. Argentina (2002), dejó establecido que los requisitos procesales que obstaculizan el acceso a la justicia sin justificación razonable vulneran los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Un plazo que corre desde el nacimiento para impugnar un error que se descubre años después no es un plazo razonable: es un plazo de imposible cumplimiento. Exigirle al ciudadano que ejerza una acción cuya causa ignora equivale a negarle la acción. El artículo 1° constitucional obligaba al Pleno a la interpretación más favorable a la persona (principio pro persona) y a la interpretación conforme; la lectura del ADR 544/2022 era exactamente eso, y fue desechada.

VII. ¿Interés superior de la niñez frente a quién?

Nadie discute que el interés superior de la niñez es principio rector (artículo 4° constitucional; artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; jurisprudencia 1a./J. 25/2012, registro 159897, «INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO»). Lo que se discute es frente a quién debe hacerse valer. Y aquí el bloque de constitucionalidad es diáfano:

1. El artículo 4° constitucional impone a los ascendientes la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de la niñez. Ascendiente es quien lo es; no quien fue inducido a creer que lo era.
2. El artículo 18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño atribuye a ambos padres obligaciones comunes en la crianza y el desarrollo del niño, y su artículo 27.4 obliga al Estado a asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres.
3. Los artículos 7 y 8 de la misma Convención reconocen el derecho del niño a conocer a sus padres y a preservar su identidad. La Primera Sala, en la tesis 1a. XLV/2012 (10a.) (registro 2000340), reconoció que el conocimiento del origen biológico tiene trascendencia psicológica y jurídica para la persona; y la tesis 1a. CXLII/2007 (registro 172050) definió el contenido del derecho a la identidad de los menores.
4. El artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho a conocer su filiación y su origen.
5. La Corte Interamericana, en Gelman vs. Uruguay (2011) y Contreras y otros vs. El Salvador (2011), ha vinculado el derecho a la identidad con el conocimiento de la verdad sobre el origen; y en Fornerón e hija vs. Argentina (2012) protegió el vínculo del niño con su progenitor biológico.
6. En Atala Riffo y niñas vs. Chile (2012), la Corte Interamericana advirtió que el interés superior del niño no puede invocarse en abstracto, con base en especulaciones o presunciones, sino que exige una evaluación concreta de los hechos del caso.

La conclusión se impone: el interés superior de la niñez debe hacerse valer frente a la madre y frente al padre biológico, que son los verdaderos obligados constitucionales y convencionales, y no frente a un tercero que actuó en error. La sentencia no ordena investigar la paternidad biológica ni llama al verdadero obligado: deja intacta la ficción registral y traslada la carga a quien no la debe. El niño conserva su propia acción para conocer su origen, pero el fallo no da un solo paso para garantizarla. Llamar a eso «interés superior» es invertir el principio.

La Corte invocó la tesis 1a. XCVI/2018 (10a.) (registro 2017755), según la cual la ausencia de vínculo biológico no basta para impugnar la paternidad, y apeló al vínculo socioafectivo. Pero ese criterio cobra todo su sentido cuando el reconociente sabía que no era el padre y asumió conscientemente la paternidad. Trasladarlo a quien actuó en error es confundir la voluntad libre con la voluntad viciada. La socioafectividad construida sobre el error no es consentimiento: es su consecuencia.

VIII. Nadie puede beneficiarse de su propio dolo

El artículo 14, párrafo cuarto, constitucional ordena que, en los juicios del orden civil, a falta de ley se resuelva conforme a los principios generales del derecho. Dos de ellos debieron pesar en la balanza:

• Nemo auditur propriam turpitudinem allegans: nadie puede ser oído cuando invoca su propia torpeza. Si en juicio se acredita que el error fue provocado, la excepción de caducidad opuesta por quien lo provocó es la invocación de la propia torpeza convertida en defensa procesal.
• Fraus omnia corrumpit: el fraude todo lo corrompe. Ningún plazo, ninguna formalidad y ninguna presunción pueden sanear un acto cuya causa eficiente fue el engaño.

Al cerrar la puerta antes de examinar si hubo dolo, el Pleno no protegió al menor: hizo irrelevante la pregunta de si hubo fraude, y con ello colocó en el mismo plano la buena fe y el dolo.

IX. Las objeciones, y su respuesta

Un argumento que no enfrenta sus objeciones no merece ser creído. Estas son las cinco más fuertes:

1. «La estabilidad del niño debe prevalecer.» Nadie propone desamparar al menor. Se propone que lo sostengan quienes la Constitución obliga. La estabilidad del niño no exige que el engañado pague; exige que alguien pague, y ese alguien tiene nombre: los progenitores.
2. «La identidad no se agota en lo biológico.» Cierto, cuando la paternidad se asumió a sabiendas. Cuando se asumió en error, el vínculo afectivo no convalida la voluntad viciada; sólo prueba que el error funcionó.
3. «El error produce nulidad relativa, que es convalidable.» Cierto. Y precisamente por eso su acción corre desde que el error se conoce (artículo 2236). La objeción no refuta la tesis de este artículo: la confirma.
4. «El actor demandó tarde aún contado desde el ADN.» Cierto. Pero la crítica no es al resultado de un expediente, sino al criterio general que el Pleno impuso para todos los demás.
5. «Los actos del estado civil tienen un régimen propio.» Lo tienen. Y ese régimen, en el matrimonio, también cuenta el plazo del error desde su descubrimiento.

X. Lo que la Corte debió hacer

Un tribunal constitucional a la altura de su investidura tenía, al menos, cinco caminos:

1. Interpretación conforme y sistemática: mantener el criterio del ADR 544/2022 y computar el plazo desde el conocimiento cierto de la ausencia del vínculo biológico, en armonía con el artículo 2236 del Código Civil.
2. Distinguir la acción de desconocimiento de la nulidad del reconocimiento por vicios del consentimiento, y reconocer que esta última se rige por su propio plazo, contado desde que el error se conoce.
3. Escindir filiación y alimentos: aun si se privilegiara la estabilidad del estado civil, nada impedía declarar que la carga alimentaria debía recaer en los verdaderos obligados.
4. Ordenar la investigación de la paternidad biológica, garantizando al niño su derecho a la identidad y al Estado la recuperación de los alimentos frente al progenitor real (artículo 27.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
5. Dejar a salvo la acción de responsabilidad por hecho ilícito y daño moral contra quien, en su caso, haya provocado el error.

No hizo ninguna de estas cosas. Optó por la salida más cómoda: el plazo venció, el caso se cierra, la injusticia queda firme.

XI. Epílogo: la justicia no puede tener fecha de caducidad

La sentencia del ADR 5065/2025 pasará a la historia como un ejemplo de lo que ocurre cuando un tribunal confunde la certeza jurídica con la comodidad procesal, la estabilidad familiar con la perpetuación del error y el interés superior de la niñez con la conveniencia de no preguntar quién es el verdadero obligado. Es un fallo pobre en argumentación, confuso en su calificación jurídica, regresivo frente a sus propios precedentes e incongruente con el sistema civil que dice aplicar.

El derecho civil enseña, desde Roma, que lo nulo no produce efecto, y el Código vigente enseña que el plazo para reclamar un error corre desde que se descubre. La Constitución enseña que el acceso a la justicia no puede ser ilusorio. La Convención Americana enseña que el interés del niño no es un comodín retórico. La Suprema Corte, en este caso, olvidó las cuatro lecciones.

Corresponde ahora a los congresos locales corregir lo que la Corte no quiso corregir: reformar los códigos civiles para que el plazo de impugnación corra desde el conocimiento cierto del error, como ya lo dispone el Código para los demás actos jurídicos, y para que la obligación alimentaria regrese a quien la Constitución se la impone. Porque cuando la verdad llega tarde, el derecho debe esperarla; no cerrarle la puerta.

El tiempo puede extinguir acciones; jamás puede convertir la mentira en verdad ni el error en deber.