“Gobernar no es limpiar el camino para avanzar; es poner la basura en otras áreas”: Jorge Saldaña
• “Big Brother” nacional
• Privilegian el espionaje en la ilegalidad
• Agregan más incumplimientos de EPN
• Vivos: Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán
Julio 8, 2015.- Llama la atención la referencia sobre las compras que han hecho los del gabinete de seguridad para el espionaje ya que éste no va dirigido a quienes delinquen sino a los ciudadanos y a los políticos. No solo nos han convertido en un país en donde unos a otros deben delatarse, lo mismo para denunciar a quienes venden droga –sin reparar en que, quienes lo hacen, exponen su existencia y la de sus familias-, sino también cuando se presta dinero, cuando se sabe de otras desviaciones, sino que el territorio nacional es la casa del Big Brother, del programa televisivo que expone a los que ahí ingresan a una observación permanente. Los que ocupan el poder están exentos y hasta ahora no hemos visto que sobre ellos se tenga ni siquiera la vigilancia sobre el manejo de nuestro dinero.
Según la información destacada ayer en los diarios POR ESTO! el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN adquirió herramientas que les permiten violar la seguridad de las computadoras y de los teléfonos. Hasta donde se sabe se dictaron leyes en la materia para que, cuando existen elementos que permiten que se lleven a cabo intervenciones en unos y otros aparatos se cuente con la orden judicial que así lo permita y de esta forma llevar a cabo cualquier tipo de vigilancia respaldados por la Ley. Sin embargo todas estas adquisiciones, como puede observarse no van en razón de ese cumplimiento sino de un espionaje que, dada la inseguridad reinante ni siquiera se ha utilizado en contra de las mafias.
Hubo, según se revela en el texto, la negativa del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre la adquisición del software de referencia y de inmediato señaló que tal adquisición se realizó desde el sexenio anterior. Aunque sobra decir que no por ello puede afirmarse que no se ha utilizado en el presente, menos aún si como se exhibió existen facturas que señalan el pago hecho a la empresa Hacking Team, misma que fue expedida el 24 de abril del presente año por un monto equivalente a los 205 mil euros.
Si se tuvieran avances en el terreno de la seguridad la crítica no sería tan directa, pero y de acuerdo a las estadísticas que difunden diferentes organizaciones tanto nacionales como extranjeras –el INEGI señala que el 69 por ciento de los adultos se sabe inseguro y casi el 64 por ciento considera que todo podría empeorar-, el registro es de fracaso en fracaso por lo que las intervenciones tanto en los celulares como en las computadoras –correos principalmente- se advierten de aplicación directa para quienes no simpatizan con el régimen o para aquellos cuyos comentarios causan irritación. Es decir va para ciudadanos y opositores.
Aunque no solo es el gobierno federal el que a través de Gobernación, del gabinete de seguridad, realiza estas prácticas. También los mandatarios estatales cuentan con este servicio que proporciona la empresa italiana que reporta que el mayor número de clientes que posee se encuentra en México. Frente a esta situación queda muy clara la lejanía existente para que pueda accederse a un Estado de Derecho. La ilegalidad existen en estas prácticas y adquisiciones así lo revela.
Como también queda al descubierto la inutilidad de las faenas legislativas para aprobar leyes que, finalmente, no se cumplen. Y el ejemplo lo ha puesto precisamente el gobierno federal lo cual permite considerar que por ningún motivo van a investigarse ellos mismo y por lo tanto tampoco habrá nada que hacer en Durango, Querétaro, Puebla, Estado de México, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, entre otros. Es claro que no por esta exhibición de hackers autorizados, van a detenerse las prácticas de espionaje mismas que, seguramente, se verán incrementadas el próximo año cuando tengan lugar elecciones en prácticamente la mitad de Entidades del país.
CUESTION DE ENFOQUES
Al menos desde hace cuatro años, cuando era aspirante a candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto prometió, dentro y fuera de México, regresar de manera gradual al Ejército Mexicano a los cuarteles, a fin de enfrentar al crimen organizado con instituciones civiles. Han pasado 31 meses de su gestión al frente del gobierno mexicano y aún no se ha concretado siquiera un calendario para regresar a los soldados y marinos a los cuarteles, a pesar de que su actuación ha sido cuestionada después de varias acusaciones de violación a los derechos humanos, especialmente las matanzas en Tlatlaya y Apatzingán, y su cuestionada participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El mexiquense no ha cumplido y no parece tener la intención de cumplir con su compromiso de privilegiar los cuerpos de inteligencia para desarticular los grupos criminales que operan en territorio nacional, con la participación de los tres órdenes de gobierno, a pesar de las evidencias de que la violencia ha causado la disolución del tejido social, el abandono de poblaciones, la disminución del crecimiento económico y los abusos de derechos humanos, entre otras consecuencias negativas. Su administración sigue intentando aplicar la ley faltando a la ley, violando las garantías de la población.
México resiente la actuación de grupos criminales violentos y poderosos, ante lo cual la prioridad del gobierno debe ser investigar los delitos que cometen para dar con los máximos responsables, desmantelar estas entidades criminales y llevarlos ante la justicia con respeto al debido proceso. En territorio nacional las muertes de civiles, en el marco de operaciones de seguridad pública no son una excepción y las violaciones al derecho a la vida ocurren a un ritmo alarmante, y la impunidad de esos casos es sistemática y endémica, como lo señaló el Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales.
A pesar del uso de fuerzas federales en el combate a organizaciones criminales, desplazando a las organizaciones policiales, a muchas de las cuales se les ha acusado de complicidad con el crimen organizado, la situación de inseguridad en el país no ha cambiado significativamente. La percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más que viven en las ciudades se mantiene elevada, en 69 por ciento, durante el segundo trimestre de 2015, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
No existen los protocolos de cómo y cuando y en qué contexto se debe hacer uso de la fuerza pública y del Ejército. Su actuación ha sido a bote pronto, para hacer frente a situaciones prácticamente de emergencia. Una prueba de que el gobierno federal actual no pretende cumplir con su compromiso de regresar a los soldados a los cuarteles, es la exigencia del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien ha pedido que se modifique la Constitución para legalizar la participación militar en el combate al crimen organizado.
Esta petición ha sido cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos. El director de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, consideró que legalizar la participación de militares en el combate a las organizaciones criminales “sería muy peligroso”. Destacó que de acuerdo con el derecho internacional, el Ejército no debe estar en las calles, y se insiste en la modificación constitucional, tendría que convertirse en policía con controles democráticos.
La preocupación de la sociedad civil se deriva de que este tipo de órdenes puedan ser remitidas de manera sistemática. De ahí que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitara formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se precise el término “abatir delincuentes”, contenida en la orden de mando recibida por el batallón involucrado en los hechos de Tlatlaya, en lo que 22 civiles murieron.
Otros casos relevantes los constituyen los operativos y ejecuciones en Apatzingán y Tanhuato, Michoacán, que dejaron 41 civiles muertos. En enero pasado, luego del desalojo del palacio municipal de Apatzingán, elementos de la Policía Federal mataron a nueve civiles, en circunstancias no aclaradas del todo y que hacen presumir que los policías incurrieron en violaciones a derechos humanos, por lo que son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y asuntos internos de la Policía Federal.
En cuanto a Tanhuato, el pasado 22 de mayo, agentes federales mataron a 42 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo dentro del rancho Del Sol, hechos en los que resultó herido solo un policía. El comisionado general de la Policía Federal sostiene que se “actuó con base en protocolos y conforme a las circunstancias”.
Un ejemplo más de que no existen cambios significativos en materia de seguridad con esta administración lo es el secuestro, las cifras oficiales se contradicen brutalmente con aquellas que revelan las organizaciones cuyos titulares fueron víctimas de tales acciones no solo de manera directa sino también en sus familias.
CORRUPCION VIGENTE
El espectro de la corrupción persigue a funcionarios encumbrados de la presente administración, ligados al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde que éste se desempeñaba como gobernador del Estado de México, que van desde sus dos principales operadores, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, responsable de las finanzas públicas del país, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a cargo de la política interna de la nación. Otros servidores públicos de primer nivel han sido exhibidos en actividades al margen de la ley, aprovechando sus cargos en el gobierno federal para beneficiarse personalmente.
El escándalo del día lo protagoniza el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien presuntamente operó para favorecer a OHL (Obrascón Huarte Lain México) en la adjudicación de licitaciones a cambio de recibir favores de la empresa, tales como el pago de vacaciones. Este miércoles se difundieron nuevas grabaciones de directivos de OHL, que revelan que ésta presuntamente acordó el pago de vacaciones de ese funcionario, quien se hospedaría en el hotel Farimont Mayakoba, propiedad del grupo, luego de que la dependencia proporcionó información privilegiada a dicha empresa sobre la licitación de la Autopista La Raza-Indios Verdes-Santa Clara.
Las grabaciones –de casi 17 minutos-, del 9 de febrero de 2015 difundidas en Youtube, muestran al ex director de Relaciones Institucionales de OHL, Pablo Wallentin, en diálogo con una asistente en donde reclama que el titular de la SCT tuvo que pagar los gastos de estancia en un sitio que no se precisa, cuando el acuerdo con el servidor público era que éstos se cargarían a su propia tarjeta de crédito. El diálogo es el siguiente:
-Oiga muñeca, ¿ya llegó a su casa?, pregunta Wallentin a una asistente de nombre Adriana.
-Ya, responde la asistente.
-Oiga, la voy a agarrar a patadas. ¿Qué pasó con lo de Edna? A Ruiz Esparza le cobraron los bol… las sus estancias, reclama el ex directivo.
-A usted le dije, a mi me dijeron que todo estaba bien, que todo estaba cobrado a su… en su tarjeta, responde ella.
-Me acaba de decir Anita, quien le lleva sus tarjetas, que se las pasaron, reclamó Wallentin.
-Ay… ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó la asistente.
-No, no, no. ¡Esa no me la acabo Adriana! ¡Esa no me la acabo!, reclamó nuevamente Wallentin.
-No, eso se le dijo, se le dijo a…
-Sí, sí, pero yo no le puedo decir a Gerardo que se le dijo. Hable con ella y que le chequen perfectamente…, ordenó el ejecutivo.
-Aja.
-… que son nuestros invitados.
-Pues se lo dijo, y todavía yo hoy en la mañana le pregunté a Nora, porque Edna está de viaje, explicó la asistente.
-Pero chéquelo. Hable a checarlo ahorita. Por favor. Con quien sea y si no lo hicieron así Adriana me van a reventar. Mientras que yo se los dije, ellos le van a decir a Oteyza. ¡A ellos les vale madres!, exclamó Wallentin.
-Si ahorita lo checo.
-Que le, sí, sí, sí. Cuánto fue la estancia y quien lo pagó. Si lo pagaron las tarjetas de ellos, que les hagan un reembolso de inmediato y lo carguen a la mía, ordenó el ejecutivo.
-Ok. Sí, ahorita lo hago.
-Pero quiero saber cuánto fue y quién lo pagó, insistió Wallentin.
-Ok. Ahorita lo checo, aceptó la asistente.
En la conversación, destaca la orden a su asistente para comunicarse con la secretaría del titular del SCT para aclararle que es su invitado y que en caso de haber pagado algo, se la haga el reembolso.
Tras difundirse ese audio, Gerardo Ruiz Esparza rechazó a través de su cuenta de Twitter, haber recibido algún tipo de pago de vacaciones. “Rechazo categóricamente que la empresa OHL me haya pagado algún gasto de vacaciones o de cualquier otro tipo”, aseguró.
Las grabaciones también confirman la reuniones de Wallentin con Carlos Busseyh, director general de Desarrollo Carretero de la SCT, y exhiben conversaciones con el presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza, a quien le informa que funcionarios de la SCT, subordinados de Ruiz Esparza, le entregaron un disco con toda la información del proyecto de Ciudad del Carmen y el de Indios Verdes.
En uno de los nuevos audios se escucha a José Andrés de Oteyza, presidente del Consejo de Administración de Grupo OHL México, mientras habla con el titular de la SCT. Durante el gobierno de José López Portillo, Oteyza fue titular de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y, posteriormente, embajador de México en Canadá.
DE LOS PASILLOS
El director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Manuel Ángel Núñez Soto, informó que los 21 paquetes de obras que se licitarán para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México tienen un valor estimado de 95 mil millones de pesos, monto que variará en función de los proyectos ejecutivos y de las propias ofertas de los concursantes. A fin de financiar el proyecto, ese grupo solicitará en septiembre una línea de crédito revolvente por 2 mil millones de dólares que gestionarán en principio HSBC, JP Morgan y Citibank…
En el Estado de Guerrero, la sala unitaria del Tribunal Electoral del Estado (TEE) invalidó la elección del ayuntamiento de Tixtla y le revocó la constancia de mayoría al priísta Saúl Nava Astudillo, como alcalde, quien ya había sido declarado presidente municipal electo. También la plantilla de síndicos y regidores electos fue cancelada. El argumento fue que el 44 por ciento de las casillas no fueron instaladas pues normalistas de Ayotzinapa e integrantes de la CETEG no permitieron su instalación…
El consumo per cápita de carne en México bajó en medio kilogramo. La expectativa es que en 2015 baje al menos otro tanto, por los altos precios históricos que alcanzó este cárnico. En 2013, de acuerdo con la firma Grupo Consular de Mercados Agrícolas, el consumo promedio anual de carne de res fue de 16.4 kilogramos, pero en 2014 bajó a 15.9 kilos por persona. Y para este 2015, todo parece indicar que los mexicanos se aprietan más el cinturón pues se estima que la ingesta bajará a 15.3, esto es 1.1 kilogramos menos que en 2013.
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