“No combatas la corrupción. Adminístrala”: Jorge Saldaña.
- ¿Borrón y cuenta nueva?
- Deudas y desastres, herencia a gobernadores
- Impunidad total sobre los abusos y desfalcos
- Medina y Padres en la esfera parcial de la Ley
- Aureoles, garantía de libertad para los Vallejo
- Astudillo, total protección a Rivero y Figueroa
Septiembre 10, 2015.- Todo parece indicar que habrá “borrón y cuenta nueva” al renovarse gobiernos estatales en nueve entidades federativas. Tal vez la excepción se presente en Nuevo León, donde por primera vez ganó un candidato independiente. Pero es lo que confirma la regla, porque ni siquiera en Guerrero, Querétaro, Michoacán y Sonora, en donde los votantes cambiaron de opción política en la silla estatal, nada parece indicar que habrá cambios relevantes, investigaciones de enriquecimientos ilícitos, indagaciones sobre desviación de recursos públicos, o castigo a delitos electorales y violaciones a derechos humanos.
A Silvano Aureoles, en Michoacán, no se le ven ánimos de investigar a Fausto Vallejo, a su gente, mucho menos a Salvador Jara, dado que su candidatura y arribo al gobierno estatal se debió a una negociación política de alto nivel. En Querétaro, todo parece indicar que la transición será tersa con la llegada de Francisco Domínguez Servín e incluso se tendió una red de protección al nombrar a José Calzada, como responsable de Sagarpa. En Guerrero, Héctor Astudillo está más preocupado por poner orden en casa y que no manche a su administración el caso de Ayotzinapa, que por investigar a los anteriores gobiernos perredistas, empezando por Ángel Aguirre Rivero.
En Sonora, tal vez Claudia Pavlovich obtenga el permiso de Manlio Fabio Beltrones para investigar los negocios ilícitos de Guillermo Padrés, pero eso está por verse. Mientras que en San Luis Potosí, con Juan Manuel Carreras López; Campeche, con Alejandro Moreno Cárdenas; y en Colima, con José Ignacio Peralta Sánchez, todo parece indicar que habrá continuidad y nada moverá las aguas. Igual sucederá en Baja California Sur con Carlos Mendoza Davis, que dará continuidad al anterior mandato panista.
RODRIGO MEDINA EN RIESGO
De las entidades que habrán de renovar gobierno estatal, Nuevo León es el que tiene la mayor deuda. Al cierre de junio, tenía pasivos por 56 mil 158 millones de pesos, entre la deuda directa y la de organismos descentralizados, que sumado a nuevos créditos en el segundo trimestre de 2015 ascenderán a 65 mil 389 millones de pesos. Al considerar la deuda de largo y corto plazo, y Asociaciones Públicos Privadas, Medina hereda pasivos de hasta 100 mil millones de pesos, según el Consejo Cívico.
El gobernador Rodrigo Medina y su familia han tenido reiterados señalamientos de corrupción. En julio pasado, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra ellos por peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos federales. De acuerdo con esa organización, sus 20 propiedades ubicadas en Texas, EU, ascienden a un monto estimado de 15 a 20 millones de dólares.
Entre los pendientes que deja Medina, sobresalen la Línea 3 del Metro inconclusa, la construcción del Penal de Mina detenida, la meta incumplida de reclutamiento de policías de Fuerza Civil y el incremento de la deuda pública –calculada en más de 12 mil pesos per cápita. La construcción de la Línea 3 del metro, de 7.5 kilómetros, inició en octubre de 2013 y estaba programada para entregarse en agosto de 2015, pero la entrega se retrasó hasta marzo de 2016, por “fallas técnicas”. Este proyecto, una de las promesas del presidente Enrique Peña Nieto, se anunció con una inversión de 5 mil 692 millones de pesos, pero la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado informó en julio que el costo total será de 8 mil 039 millones de pesos, es decir, 41 por ciento más.
El Penal de Mina es otra de las obras inconclusas. La obra inició en julio de 2011 y se mantiene como elefante blanco desde hace tres años, tras una inversión de 400 millones de pesos. Para concluirlo se requiere una inversión de al menos 3 mil millones de pesos, según la administración saliente. Otra meta incumplida se refiere al número de elementos reclutados de Fuerza Civil, que al final de la administración debería de ser de 10 mil, pero la corporación sólo cuenta con poco más de 4 mil 300 policías.
GUILLERMO PADRES EN LA MIRA
El gobernador saliente de Sonora, Guillermo Padrés, enfrenta desde el año pasado una denuncia por peculado y operación con recursos obtenidos de manera ilícita. El mes pasado, un total de 45 mil firmas entregaron miembros del movimiento llamado “Malnacidos”, para exigir a la Procuraduría General de la República que registre avances en dicha investigación. Integrantes de dicho movimiento sostienen que existen suficientes elementos derivados del cambio de vida en lo económico de la familia Padrés a raíz de que Guillermo Padrés se convirtió en Gobernador y que se ha documentado en presas, ranchos, caballos finos, una hacienda en Hermosillo, entre otras cosas. Añaden que “existen denuncias públicas por moches y sobre precios en temas como los uniformes escolares”.
Al gobernador se le recrimina también que castigara con impuestos injustos a la gente y les perdonara impuestos a sus amigos. La gobernadora electa, Claudia Pavlovich Arellano, ha señalado que “habrá mano dura y mano justa” en contra de la corrupción del PAN en su Entidad, y que si bien no se van a fabricar culpables, tampoco se exonerará a nadie. En el caso del ex gobernador Guillermo Padres, advierte “no habrá borrón y cuenta nueva”, y confía en que la PGR actuará y desahogará el expediente y en la Procuraduría de Justicia del Estado “haré lo que a mi me toqué en su momento”.
La primer mandataria estatal mujer en Sonora, anticipa que tiene lista una respuesta de “justicia pronta y expedita” para el caso de la Guardería ABC, que incluye justicia desde la Procuraduría para los niños que murieron y atención para los que quedaron dañados. Entre los pendientes que recibirá, destaca la deuda con proveedores, un sistema de salud colapsado, deterioro de 3 mil 600 de 5 mil kilómetros de carreteras en el estado, y la penetración del narco.
A los problemas legales que ya enfrenta Padrés, se le suman denuncias contra el fiscal de Justicia, Carlos Navarro, y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Iveth Dagnino de Padrés, esposa del gobernador saliente, por sus acciones u omisiones en el caso del tráfico de bebés por parte de funcionarios del gobierno de Sonora, que deberán ser investigados por la Procuraduría General de la República. De acuerdo con Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación FND, Niños Robados o Desaparecidos, en base a las denuncias con las que se cuenta en este momento son alrededor de 50 bebés vendidos, como mercancía por Vladimir Arzate Carbajal, director de la Línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como José Manuel Hernández, asesor jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora.
El activista señaló que “es imposible que la esposa del gobernador, Iveth Dagninio de Padrés, en su calidad de presidenta del DIF Sonora, no estuviera al tanto de lo que ocurría en la dependencia bajo su responsabilidad. Estrada sostiene que existen elementos suficientes para que la investigación sea atraída por la PGR, debido a que conjura el delito de delincuencia organizada al existir más de un funcionario público implicado.
AUREOLES, VIRREY
Al tomar posesión como gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles recibió una Entidad sumida en una crisis financiera, la deuda de Michoacán se incrementó en 140% entre 2010 y 2012, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO; con altos grados de inseguridad y hundida en la corrupción. Aunque en campaña prometió investigar al gobernador saliente, Fausto Vallejo, y a su familia, no se esperan grandes denuncias en su contra, sobre todo por el apoyo que recibió de Vallejo en la última etapa de su campaña electoral. Más que a los intereses de la izquierda mexicana, Aureoles responde a las órdenes del actual dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, con quien este jueves se reunió a comer en un restaurante de la ciudad de México. Ahí habló de la necesidad de alcanzar consensos para favorecer el desarrollo del Estado, por encima de intereses de partido, de grupo o individuales, frases estas suficientemente utilizadas y nulas en la práctica.
De acuerdo con un comunicado del equipo de Aureoles, ambos políticos coincidieron en que es momento de que a México le vaya bien y se apliquen de manera efectiva las reformas –de Enrique Peña Nieto- aprobadas por el Congreso de la Unión. De ahí que no se esperen ni grandes sorpresas ni denuncias en contra de funcionarios del gobierno anterior. Aureoles es un gobernador más cercano al equipo de gobierno de Enrique Peña Nieto que muchos priístas. De ahí que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, haya declinado apoyar a su administración. El tabasqueño recordó que Aureoles firmó el Pacto por México y avaló las reformas educativas y fiscal, y que se alió con el presidente Enrique Peña Nieto y la “mafia del poder” para dañar al país.
López Obrador señaló el mes pasado que “alguien que le abrió la puerta a Peña Nieto, que era como el achichincle de Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados, ahora nos viene a invitar a colaborar en su gobierno, como dirían los jóvenes: “zafo”. El líder de Morena añadió que Aureoles no es opción ni alternativa.
GUERRERO, IMPUNIDAD
Héctor Astudillo, electo –bajo la sombra de Ayotzinapa- como gobernador de Guerrero por el PRI y PVEM asume su puesto hasta el 27 de octubre. Tema fundamental al arrancar su administración lo es sin duda la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sobre el particular, y tras el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala son un acontecimiento brutal, sin sentido contra estudiantes y ciudadanos que no debe de quedar impune. “Ni perdón ni olvido”, señaló.
El principal reto que enfrenta Astudillo tiene que ver son la inseguridad que resiente Guerrero. El caso Ayotzinapa es parte de una larga lista de atrocidades cometidas en toda la entidad, como desaparición forzada, tortura, homicidios durante su búsqueda de justicia. Lo peor de todo es que el sistema de justicia penal de Guerrero ha desatendido gravemente a las víctimas de estos crímenes. La delincuencia organizada, de acuerdo con investigaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos como Centro Prodh y Tlachinollan, se ha infiltrado en instituciones estatales, incluyendo la policía, en tanto que familias de élite mantienen el poder y control de instituciones públicas, que han abandonado a la población rural, indígena y pobre, facilitando el reclutamiento por parte de los cárteles y abonando el descontento popular.
Héctor Astudillo recibe un estado con 19 mil 434 homicidios reportados entre 2005 y 2014, un número impactante para una población de sólo 3.4 millones de habitantes. Aunque el conjunto de fosas comunes y clandestinas no investigadas, muchas de las cuales se descubrieron tras las desapariciones de Ayotzinapa, sugieren que el número real de homicidios es mucho mayor. Le toca averiguar hasta donde llega la responsabilidad de Ángel Aguirre Rivero y la mano negra del clan Figueroa. La interrogantes es ¿se atreverá?
DE LOS PASILLOS
Para el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a pesar del panorama difícil que enfrentará la discusión y aprobación del paquete económico, éste se aprobará en el plazo legal que culmina el 15 de noviembre. El funcionario destacó que el contexto es diferente porque el presupuesto que se propone es menor en 221 mil millones de pesos al aprobado en 20125, lo que implica menos recursos para programas, además de que se realizará una reestructuración en las dependencias. La principal dificultad sin duda tendrá que ver con la parte fiscal, pues la oposición considera que la reforma hacendaria no incentivo el crecimiento económico y desmotivó la inversión. Al ser cuestionado acerca del aumento de 10 puntos porcentuales de la deuda total del sector público durante la actual administración federal, Videgaray también admitió que la apreciación del dólar frente al peso ya provocó que la deuda total del país se incremente alrededor de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
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