“Un mal gobernante sólo tiene un enemigo enfrente: el pueblo; pero está desunido”: Jorge Saldaña
• Gobernabilidad en crisis
• Acusa oposición corrupción e impunidad
• Inamovible la posición de Osorio Chong
• Derechos humanos: violación sistemática
• Uso generalizado de la tortura en México
• PRI y PVEM defienden estrategia de EPN
• Elecciones: va Colima a más de lo mismo
Octubre 23, 2015.- La comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, fue un amplio repaso de la grave crisis de derechos humanos que padece el país; de la peligrosa penetración del narco en las estructuras gubernamentales; de la creciente inseguridad que se sufre a lo largo y ancho del territorio nacional: de las grandes carencias de los sistemas de administración y procuración de justicia del país; del desprestigio de la actual administración federal por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros; y de ridículo del agobiado sistema penitenciario nacional tras la fuga del capo Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera.
Osorio Chong tuvo una comparecencia complicada, pesada, larga, de cinco horas y media, en la que le llovieron críticas al por mayor por parte de los partidos Movimiento Ciudadano, Morena y de la Revolución Democrática, incluso de Acción Nacional, que no pudieron ser detenidos por las alabanzas y defensa que hicieron de su función y persona el PVEM y el PRI, con la complicidad neutral del Partido Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza.
El funcionario negó una y otra vez que exista una violación generalizada de los derechos humanos en el país, como lo señalan organismos internacionales en la materia; reconoció que el ejemplo “más doloroso” de la penetración de la delincuencia organizada en las policías ha sido Iguala, Guerrero; prometió que las líneas de investigación del caso de los normalistas desaparecidos se agotarán hasta llegar a la verdad y a “una conclusión en la que todos estemos de acuerdo”; y aseguró que no todo en México es la fuga de Joaquín Guzmán Loera.
El hidalguense defendió la estrategia del gobierno federal de combate al crimen organizado como todo un tecnócrata, con cifras del Inegi: entre el 2012 y 2014 la tasa de homicidios bajó de 22 a 16 por cada 100 mil habitantes, es decir, una reducción del 25 por ciento; entre enero y agosto de 2015 se logró reducir 32 por ciento la incidencia de secuestros respecto al mismo periodo del año anterior.
El robo disminuyó 10 por ciento; la extorsión 17 por ciento. “Todos los delitos de alto impacto se están reduciendo”, sostuvo. Dijo que el Programa Nacional de Prevención beneficia a casi 5 millones de personas en municipios donde se concentra el 50% de los delitos del fuero común. Destacó que se han destinado más de 7 mil 700 millones de pesos para generar oportunidades para niños y jóvenes.
También resaltó la aprobación de leyes como la Ley General de Víctimas y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes.
Llama la atención el que se den a conocer cifras como las anteriores y permanezca la certeza entre los ciudadanos de que la inseguridad crece, está presente, se resiente en cada familia, en cada hogar en donde se tiene información de robos, homicidios, de situaciones de peligro como las que se están vivienda en la seudo persecución de Guzmán Loera. Y, si bien es cierto que no todo México es el “chapo”, si lo es que ellos mismos lo están utilizando de cortina de humo para impedir que se reproduzcan las informaciones que hablan del nuevo Acuerdo y sus repercusiones y de lo que se pretende con los presupuestos del próximo año.
SEÑALAMIENTOS SIN RESPUESTA
La lluvia de críticas contra el responsable de la gobernabilidad interna se disparó luego de los posicionamientos de los partidos Encuentro Social, a cargo de Norma Edith Martínez Guzmán, y Nueva Alianza, con Luis Alfredo Valles Mendoza. En su turno, el representante de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda Hoeflich, reprobó la crisis de gobernabilidad que resiente el país, primero por la violación sistemática a los derechos humanos, denunciada por la Comisión Interamericana de la OEA y el relator contra la tortura de la ONU, que acusan un uso generalizado de la tortura como método de investigación en México. Asimismo, la escalada de ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, la impunidad, la falta de alcance de nuestro sistema de Ombudsman y sistema victimológico.
“La crisis de derechos humanos en México es un problema de Estado y, como tal, debemos enfrentarlo todos los que tenemos una responsabilidad política en este país”, dijo Castañeda, quien mencionó como segundo punto que la ingobernabilidad se releja en el problema de la corrupción, que le cuesta miles de millones de pesos al país. Resaltó la incapacidad del Estado para investigarla y castigarla y ejemplificó con la “casa blanca” y otros conflictos de interés, que no tuvieron ninguna consecuencia.
Como tercer punto señaló la impunidad, que tiene tasas altísimas en los delitos que más lastiman a la gente. La impunidad es generalizada, subrayó. El legislador dijo que en Movimiento Ciudadano observan un distanciamiento entre la sociedad y el poder público, una desconfianza y una abrumadora desvinculación entre los intereses de los ciudadanos y las motivaciones de quienes ocupan algún cargo de representación popular.
Las críticas las siguió Norma Rocío Nahle García, de Morena, al señalar el Informe Mundial 2015 de Human Rights Watch, que indica que en México existe una grave crisis humanitaria, en la que se identifican problemas severos como las desapariciones forzadas, la impunidad de abusos de militares, la práctica común de la tortura, el deficiente sistema de justicia penal, las precarias condiciones en centros de detención, la constante amenaza a la libertad de prensa y la integridad de sus miembros, la violencia de género y la dramática situación de los migrantes. En el caso de la fuga de Joaquín “el chapo” Guzmán, señaló la omisión del Estado y la complicidad de algunos funcionarios, que contrasta con la injusticia en casos como los de Néstor Salgado y el doctor Mireles, así como de cientos de inocentes que esperan a que se termine este sexenio.
Nahle García refirió que en medio territorio nacional, las trasnacionales y privados arrasan milpas, tierras productivas y propiedad privada, instalando ductos para grandes negocios, pasando por encima de los derechos de propiedad y derechos humanos elementales, con absoluto respaldo del sistema de seguridad nacional. Aseveró que la política interna que conduce Miguel Ángel Osorio Chong se encuentra en un conflicto de intereses: por un lado, “usted debe servir a su pueblo y por el otro, servir a quien mediante las reformas estructurales se han apropiado del territorio nacional. Hoy todos sabemos a quién realmente ustedes sirven”.
INSEGURIDAD, PRIMER PROBLEMA
Después de las caravanas y halagos del diputado del PVEM, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, el perredista Rafael Hernández Soriano, siguió con la ola de señalamientos al trabajo de Osorio Chong. Inició precisando que la política de seguridad de este gobierno es una copia de la implementada en el sexenio anterior. Las fuerzas armadas siguen en las calles; hay más de 90 mil efectivos del Ejército en territorio nacional. Sin embargo, más del 70 por ciento de la población considera que la inseguridad sigue siendo el problema número uno en nuestro país.
Hernández Soriano destacó que en la propuesta enviada para el ejercicio fiscal 2016, más del 80 por ciento de los 67 mil 400 millones de pesos del área que encabeza Osorio Chong, se ejercerá en acciones de seguridad pública y seguridad nacional, y en cambio sólo el 1.1 por ciento de ese gasto se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos. “Creo que deberíamos revertir esa ecuación”, dijo y reprobó que al Sistema Nacional de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cantidad es de cero pesos. El perredista lamentó que los derechos humanos de los activistas y los periodistas sigan sin ser garantizados y que el mecanismo para protegerlos no funcione.
El legislador del Sol Azteca también lamentó que las prácticas de desaparición forzada sean constantes, que se cobije la impunidad,. Parafraseando a la doctora María Amparo Casar, subrayó que no sirve de nada que se defienda al Sistema Nacional de Seguridad cuando se fuga “el Chapo”, y los encargados de la inteligencia y la seguridad nacional siguen en sus puestos como si nada hubiera pasado. Tampoco cuando no se investiga a los “peces gordos”, entonces no sirve de nada el Sistema Nacional Anticorrupción.
La avalancha de críticas contra el trabajo del titular de la Segob la continuó la panista Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, al señalar que el actual gobierno ha retrocedido en aspectos básicos de la política interior, como el control de los medios de comunicación para anteponer la visión gubernamental a las opiniones de otras fuerzas políticas, para esconder problemas o descalificar a quienes no comparten sus puntos de vista. En el diseño de políticas públicas con fines electorales y de control político como la entrega de televisiones en campañas electorales o asociar los comedores de la Cruzada contra el Hambre con las bases de la estrategia electoral del partido en el poder.
Describió una larga lista de retrocesos como la reaparición de actos de represión, espionaje o coacción, contrarias al respeto a las libertades de los mexicanos; en materia de derechos humanos; tragedias como el caso Ayotzinapa, que remiten a otras como la de Aguas Blancas, la matanza de Acteal o la Guerra Sucia. En materia de seguridad pública y en materia política. Dijo que las elecciones siguen siendo causa de múltiples controversias porque es inocultable la parcialidad de medios de comunicación y de diversas políticas públicas diseñadas con sesgo electoral para favorecer al PRI.
“Es innegable la intervención del gobierno federal, de gobiernos estatales y de algunos municipales que apoyan al partido en el poder”, acusó y agregó que “también hay un retroceso hacia la tentación de someter a los organismos electorales”.
La diputada de Morena, Sandra Luz Falcón Venegas, sostuvo que México está cruzando por una grave crisis de gobernabilidad. “Los números, las estadísticas, las encuestas dejan a la luz información que deja mucho qué desear sobre la toma de decisiones que se dan desde la Presidencia de la República”, dijo y añadió que “es preocupante ver cómo los ciudadanos han perdido la confianza en las autoridades, principalmente en el gobierno que se encuentra en el poder”.
CORRUPCION Y NARCO AZOTAN POLITICA
El panista Manuel de Jesús Espino sostuvo que el principal aliado de la corrupción es la impunidad. “No existe un corrupto sin un protector, sin una red de alianzas, sin cómplices”. En ese sentido cuestionó que en los hechos se ha exonerado al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, o al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Dijo que quienes integran el Estado han sido descuidados, omisos, laxos, al permitir que políticos vinculados al crimen organizado hayan sido gobernadores, alcaldes, legisladores. Advirtió que “los cárteles en nuestro país están activos en ese frente, han azotado fuertes golpes a la clase política y a las instituciones, ya han acreditado que les interesa tener poder”.
Su compañera de partido, Angélica Moya Marín, destacó que la inseguridad es un mal atávico de México.
Sostuvo que la inoperancia e ineficiencia de la actual estrategia en materia de seguridad se manifiesta en la elevada y creciente impunidad, no sólo respecto a las violaciones de los derechos humanos o la corrupción, sino en general en todos los delitos; en cifras oficiales que no reflejan la realidad de la incidencia delictiva; en la persistencia de focos rojos en diversas entidades federativas; en las recurrentes y lastimosas prácticas de expolio por parte de la delincuencia organizada; en el rezago de la reforma de la policía, y en la ausencia de un cronograma para retorno gradual de las Fuerzas Armadas a sus funciones ordinarias.
Un Osorio Chong que parecía tener justificaciones a modo para cada señalamiento y en ocasiones hasta hacía gestos de hartazgo por lo que consideraba “repetitivo”, supo que con todo lo referido por los legisladores su posición solamente depende de una sola voluntad y que, mientras sigan considerándolo capaz de contener ánimos caldeados y cumplir con las órdenes supremas, será inamovible.
DE LOS PASILLOS
Al dar a conocer el informe “Promesas de Papel, Impunidad Diaria: La Epidemia de la Tortura en México Continúa”, la organización Amnistía Internacional acusó que “la epidemia de la tortura en México ha alcanzado niveles catastróficos con más del doble de denuncias de asfixia, violaciones y otros tipos de abuso sexual, choques eléctricos y golpizas a nivel federal en el último año”. Indicó que el número de denuncias por esta práctica ha aumentado en más del doble entre 2013 y 2014. Pasó de mil 165 a 2 mil 403, según datos de la Procuraduría General de la República.
Durante su participación en al Foro de la Democracia Latinoamericana, que se realiza en el Antiguo Colegio de San Idelfonso, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, declaró estar listo para asumir la organización de la elección extraordinaria en Colima, luego de que ésta fuese anulada, si la sentencia del Tribunal Electoral así lo mandata. El jueves pasado, el Tribunal Electoral anuló la elección ganada por el priísta José Ignacio Peralta, lo que fue celebrado como una “acto de justicia” por parte del ex candidato panista Jorge Luis Preciado.
Tanto Peralta como Preciado se alistan a participar nuevamente en la contienda electoral extraordinaria por el gobierno de Colima.
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