“Un partido perderá el poder cuando otro
lo supere en corrupción”: Jorge Saldaña
- Sacudida de cimientos
- Partidos y gobierno traicionan Carta Magna
- “Élite económica”, ordena a los legisladores
- Millones de jóvenes no tienen empleo: CEFP
- Están velando la “verdad histórica” de Iguala
- Acumulan pruebas contra ex de Sonora y NL
Diciembre 7, 2015.- Al menos a lo largo de este siglo, en estas líneas hemos denunciado y exhibido las desigualdades en el país, una nación con una clase política pudiente y un pueblo miserable, hundido en la pobreza. La clase política, a través de los partidos, se ha apropiado de los derechos de los ciudadanos y a puesto a remate los recursos propiedad de todos los mexicanos, al menos desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Los políticos y legisladores del país no responden de sus actos ante los ciudadanos, sino ante una pequeña “élite económica” trasnacional y doméstica. Se han constituido sólo como administradores de sus intereses en el territorio nacional. Esa es la desgracia global de México, un país al que urge “refundar”, a través de un pacto social con sus ciudadanos y, por lógica, con una nueva Constitución que responda realmente a los intereses de la población.
La Constitución de 1917 es irreconocible en el texto vigente en 2015 y en sus leyes reglamentarias. Las reglas del juego político-electoral y económico del país fueron reescritas para favorecer a una pequeña élite económica, por una partidocracia que sólo responde a sus intereses monetarios. En el ámbito que se revise, todas las leyes están a favor de los poderosos y entregan la riqueza nacional a manos particulares para su disfrute y usufructo. Las grandes mayorías han sido relegadas del progreso y del desarrollo económico del país, mediocre, pero que se ha registrado en las últimas tres décadas. Contamos con algunos de los hombres más ricos del mundo, pero también con millones de miserables y más del 50% de la población vive en la pobreza, sin esperanzas, hasta el momento, de mejorar sus estándares de bienestar social y económico.
Urge revolucionar el status quo, que favorece a dos partidos políticos y un pequeño grupo de multimillonarios. La conducta, la actitud y el actuar de nuestro políticos actuales sólo nos ha llevado a acentuar la desigualdad en el país, por lo que los ciudadanos deben hacer un lado a la clase política y reinventar a México. El actual régimen de Enrique Peña Nieto, al igual que el de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, a los que hay que sumar los de Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Miguel de la Madrid, resultaron desastrosos para la población. Los pactos internacionales, comerciales y políticos, y las reformas estructurales produjeron algunos multimillonarios, pero a costa del empobrecimiento de la población, de la destrucción del patrimonio nacional y de la muerte de millones de connacionales condenados al hambre y hasta el crimen para sobrevivir.
No sólo existe el camino de la urnas, que se ha demostrado ha sido falaz y tramposo, pues pese a la alternancia política en 2000 a nivel federal y al cambio de siglas en gobiernos estatales, la situación fundamental estructural no ha cambiado, por el contrario, se ha afianzado. Los ciudadanos mexicanos requieren, les urge, retomar la conducción del país, secuestrado por los políticos y sus partidos. Urge un nuevo pacto social, con los ciudadanos como centro político de refundación de México, con un retorno a sus bases sociales, derivadas de la lucha revolucionaria de 1910, pero que ha sido tenaz y frecuentemente traicionada por los partidos políticos en las cámaras federales de Senadores y de Diputados.
Sin duda que es un largo y sinuoso camino, no exento de obstáculos y emboscadas, pues se tendrá que ir contra un marco legal que llega al extremo de castigar libertades tan fundamentales como la libertad de expresión, y sancionar con cárcel a luchadores y activistas sociales, defensores de derechos humanos, mientras deja en libertad y gozando de su botín, a delincuentes de cuello blanco que se escudan en los colores de su partido y la amplia red de complicidad con el gobierno federal, ejecutivo y judicial, para no ser investigados y encarcelados.
Los primeros pasos ya se dieron en esa dirección. El fin de semana se realizó la segunda Asamblea Nacional de la Constituyente Ciudadana-Popular, en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, para iniciar la refundación del país desde la ciudadanía y a través de una Constitución que surja de la población y, sobre todo, que responda a las necesidades, requerimientos y anhelos de los mexicanos de a pie. En dicha asamblea, omitida por los principales medios de comunicación del país, (excepto los Diarios Por Esto!) se definió la ruta política de la iniciativa, la organización del trabajo territorial y el plan de redacción de la nueva Constitución Ciudadana, cuya primera versión se presentará el 5 de febrero de 2017, a 100 años de la promulgación de la Carta Magna de 1917.
Cabe recordar que la convocatoria inicial para generar una nueva constitución, la emitió a principios de 2014 el obispo Raúl Vera López y la primera asamblea nacional se efectuó el 5 de febrero pasado. Al encuentro de este fin de semana asistieron representaciones de los comités locales, grupos promotores y grupos con constituirse en más de 25 estados.
LO QUE DEJARON LAS REFORMAS
El Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) sostiene que a mitad de este sexenio y a tres años de haberse instrumentado la reforma laboral, no se advierte un efecto definitivo en el crecimiento del empleo derivado del cambio estructural, en particular el empleo de los jóvenes, que disminuyó en los años posteriores a la reforma. De 2012 a la fecha, hay una disminución anual aproximado de 100 mil jóvenes desocupados. En el primer trimestre de 2008 había 14 millones 467 mil 794 jóvenes ocupados, mientras que para el mismo periodo de 2012 ascendió a 14 millones 814 mil 86 empleados, y para el primer trimestre de 2015 disminuyó a 14 millones 538 mil 923 jóvenes empleados.
La denominada “flexibilización laboral” derivó en una desaceleración en la creación de puestos de trabajo. En el periodo 2008 a 2012, se registró un crecimiento promedio de 6.9 por ciento en el empleo, al pasar de 44.6 millones a 47.7 millones de puestos de trabajo, mientras que entre 2012 y 2015 la tasa fue en promedio de 4.4 por ciento, índice menor al ascender de 47.7 a 49.8 millones, respectivamente.
La reforma laboral tampoco contribuyó a mejorar los principios de equidad en las remuneraciones entre mujeres y hombres: la mejora en el índice de discriminación laboral, que se observaba a partir de 2008, se revirtió en 2014. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres y en los últimos dos años, disminuyó en un peso el ingreso promedio real por hora trabajada de las mujeres.
En la última década, de acuerdo con el análisis del CEFP, se ha generado un déficit de empleo de 4 millones 873 mil 623 puestos de trabajo. Además, desde la crisis de 1995 se incrementó la ocupación en los trabajos informales, y se estabilizaron en 65 por ciento de la población ocupada, lo que representan alrededor de 28 millones de trabajadores, de un total de 44 millones de trabajadores ocupados.
EPN PELIGROSO PARA ACTIVISTAS
La primera mitad del sexenio de Peña Nieto ha sido el más peligroso para las defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas. En tres años del gobierno del mexiquense se registran 615 agresiones documentadas, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), y desde la creación de esta organización, hace cinco años, se tienen documentados 36 asesinatos de activistas.
Durante la presente administración federal se ha vivido una escalada de violencia contra las mujeres a todos los niveles, desde la esfera doméstica hasta la que sufren por el Estado y sus instituciones. Además, se ha documentado que una defensora o periodista que ha sufrido una agresión tiene una alta probabilidad de que volverá a ser víctima de algún abuso, situación constatada en más de 68 por ciento de los registros realizados.
La RNDDHM denunció que “es el gobierno mexicano en sus tres niveles responsable y cómplice de dicha escalada de violencia por sus acciones y por su incumplimiento de su mandato de proteger a las y los defensores de derechos humanos, que tienen como objetivo impedir que las mujeres sigamos ejerciendo nuestro legitimo deseo de defender los derechos humanos. Lo que evidencia una realidad de violación sistemática a estas garantías”.
EN IGUALA NO HUBO INCENDIO: GIEI
Más paladas de tierra a la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam arrojó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el informe que entregó a la Procuraduría General de la República (PGR), ahora en manos de Arely Gómez, el cual incluye evidencias que echan abajo la hipótesis que presentó ante los medios de comunicación el hidalguense de que los cuerpos de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Ángela Buitrago, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia, expertos del GIEI entregaron a funcionarios de la PGR diversas imágenes satelitales y estudios de instituciones especializadas en meteorología, sobre varias zonas del estado de Guerrero, las cuales demuestran que durante los días previos y posteriores al 26 y 27 de septiembre no hubo registro de ningún incendio. Durante una conferencia de prensa, los integrantes del GIEI se quejaron de que no fueron enterados de la entrevista que autoridades ministeriales realizaron a un grupo de militares del 27 batallón que estuvieron en los hechos de Iguala. También insistieron en su petición de “reentrevistar” a los militares y poder formular una serie de preguntas y reprobaron la reiterada negativa del gobierno federal a autorizar las entrevistas a los miembros del 27 Batallón.
DE LOS PASILLOS
Con el cambio de gobierno en los Estados de Nuevo León y Sonora, parece que al fin habrá investigaciones contra funcionarios corruptos de anteriores administraciones, lo que dejaría un buen precedente para hacer lo mismo en las otras Entidades y a nivel federal. Por lo que toca a Nuevo León, el gobernador, Jaime Rodríguez “el Bronco”, anunció la investigación de 100 actos documentados de corrupción realizados en la administración estatal pasada… Dentro de los organismos investigados se encuentran Agua y Drenaje, la Secretaría de Salud, Educación, y casos como el de Monterrey VI y las prestaciones a Kia. Se espera que los expedientes sean integrados entre diciembre y enero y que en febrero se puedan presentar las denuncias correspondientes…
Por lo que toca a Sonora, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó ya 30 denuncias en contra de funcionarios de la anterior administración, pero algo huele muy mal pues el ex gobernador Guillermo Padrés no está entre ellos… Las denuncias son contra funcionarios públicos que durante el mandato de Padrés trabajaron directamente en auditorías o revisión de actas de las empresas que se beneficiaron de quitas de impuestos irregulares, presuntamente autorizadas por el ex gobernador…
Con la certeza de que la mejor defensa es el ataque, el PVEM presentó el lunes una denuncia en contra de Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), por revelar información de una averiguación previa y mantener un conflicto de interés en el cargo. El senador del tucán, Pablo Escudero, acudió a la sede de la PGR a presentar el documento en contra del fiscal, con el argumento de que dio a conocer datos de la investigación en contra del ex subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y, subraya, por mantener un conflicto de interés al ser asesor del grupo parlamentario del PRD durante 18 meses, en los que cobró 60 mil pesos al mes. Habrá que ver si “ricitos” también le da carpetazo a otro “conflicto de interés”. Solo faltaría saber ¿desde cuándo los perredistas empezaron a oponerse a la alianza tricolor-verde?
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