Ajeno al “Abismo Fiscal”, de sobra, el tema más importante por resolver del ejecutivo federal y del congreso antes que termine éste año, puesto que encuadra el futuro económico del país; los encabezados y editoriales de la prensa impresa, mas las horas aire de las televisores y estaciones radiofónicas, han arremetido su atención a los pros y los contras que representarían el control de armas.
(El detonador, para revivir el viejo y siempre molesto tema social al respecto, lo atrajo el último atentado, en Newtown, Connecticut, en contra de personas inermes a mano de un “¿enfermo mental?”, “¿un jovenzuelo deprimido en busca de notoriedad?”, ¿un psicópata que llevó a la realidad lo aprendido en algún juego electrónico?)
Como si la repetición de la nota representara un bálsamo para evadir la realidad de la floreciente, poderosa y billonaria industria de las armas. La polémica segunda enmienda a la constitución que da el derecho a los ciudadanos a portar armas, además de la influencia, de los cabilderos de la NRA, National Rifle Association, en el congreso.
Cualquier persona ajena a ésta sociedad, se podría preguntar, ¿Acaso no existe autoridad alguna con el poder suficiente para regular, reglamentar, y controlar a esa industria?
La respuesta lamentablemente es negativa, aunque de facto existe la ATF (Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Bureau) constituida en 24 de enero de 2003, su intervención es casi nula por la manera como fue estructurada, mas la decena de huecos legales que la inhabilitan para ejercer cualquier acción relevante.
Cuando de estableció, “La Ley de Seguridad Nacional de 2002 dividió las funciones de la Agencia de Alcohol, Tabaco, y Armas de Fuego (ATF), en dos nuevas organizaciones con funciones separadas.
En la primera, la Ley establece que la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB) en virtud del Departamento del Tesoro. Segundo, la Ley transfirió ciertas funciones de leyes de la Tesorería al Departamento de Justicia.
La aplicación de la ley de la ATF fueron transferidos al Departamento de Justicia y fue rebautizado con el nombre de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos”.
Sin embargo, en ninguno de los dos casos se favorece la modificación o eliminación a la citada enmienda constitucional o el control del derecho a usar, o modificar las leyes vigentes.
Atada de manos, con el mismo personal de hace quince años, y un presupuesto de casi un billón de dólares (En 1994 el presupuesto asignando era de 850 millones de dólares, y hoy, mil), resulta mas que imposible alcanzar los objetivos para los cuales fue establecida.
Inclusive no cuenta con un director asignado, sino con un administrador, que funge como encargado del despacho. El motivo, es que el congreso determinó que el director debería ser autorizado por éste, así, desde la administración del ex presidente George W. Bush hasta el actual, no se ha designado al director de la ATF, siempre el congreso tiene otros temas más relevantes a atender.
Si usted cree que la tecnología de la ATF, para conocer a los poseedores de un arma de fuego, es tan eficiente como en los programas policíacos en la televisión, está usted totalmente equivocado.
El personal de la ATF, realizó el año pasado aproximadamente 360 mil investigaciones para conocer el paradero del propietario de un arma, que equivale al 0.013 de las 270 millones de armas en manos de particulares.
El método de investigación es por vía telefónica, más alguna información que sustraen de archivos, tarjeteros o kárdex, tan rudimentario como inverosímil, en un país integrado por la cibernética.
¿Por qué tal aberración?…
Probablemente nos podría contestar, el vicepresidente de la NRA, Wayne LaPierre, quien como solución a los atentados en las escuelas, sugiere que contraten a oficiales armados para protegerlas. ¡Brillante! Más venta de armas, a favor de los miembros de su asociación.