“Si un mercenario está dispuesto a dar la vida por defender a quien
le paga, la política mexicana es la Legión Extranjera”: Jorge Saldaña
- Nomenklatura, ¿invencible?
- Arturo Escobar y su hermano serán ejemplo
- Fiscal electoral es acosado por mafia política
- Defender al Verde garantiza al PRI impunidad
- Juzgan a Nieto y se olvidan de Lorenzo Córdova
Diciembre 10, 2015.- Un fétido olor a podredumbre de corrupción e impunidad envuelve el caso de Arturo Escobar, delincuente electoral que es defendido por toda la mafia política que se ha apropiado de las instituciones en el país y remata sus recursos y patrimonio. La férrea defensa de uno de los suyos lleva un mensaje claro a la masa poblacional y a la ciudadanía que se atreve a organizarse al margen de los partidos políticos: “no se metan con nosotros, o aténganse a las consecuencias”. La intervención de los capos de esta nomenklatura, con Emilio Gamboa a la cabeza, tiene en la mira no sólo las elecciones del próximo año por 12 gubernaturas, de las cuales el PRI, según sus cuentas alegres, se quedaría con 8, una el PAN, otra el PRD y una Morena. No, la jugada llega hasta las presidenciales del 2018.
Por eso la estrategia es de largo plazo. El linchamiento mediático al fiscal Santiago Nieto Castillo, su descalificación política por parte de Beltrones y Gamboa, y la negativa de una juez a ordenar la aprehensión del ahora “intocable” Arturo Escobar, esta sustentada en la supervivencia política propia, para lo cual obligadamente tienen que ganar los comicios del próximo año y las presidenciales del 2018. De prosperar una investigación, orden de aprehensión, juicio, sentencia y cárcel para Arturo Escobar, sentaría un precedente muy peligroso para la clase política que actúa de esa manera, al margen de la ley, protegida por la impunidad que proporciona el ejercicio del poder, desde el Ejecutivo, el Legislativo y, por supuesto, el Judicial.
Así, estarían en riesgo desde el presidente Enrique Peña Nieto hasta sus operadores políticos, encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la campaña del entonces candidato priísta a la Presidencia de la República, y Luis Videgaray Caso, quienes hicieron lo mismo de lo que se acusa a Escobar, la compra de votos, la entrega de tarjetas, entre otras acciones que violan la legislación electoral vigente. Peña Nieto llegó a Los Pinos a base de dinero, con sus operadores políticos repartiéndolo a través de Monex, con plásticos de Soriana para los mercaderes de votos. Fue secundado ampliamente por el PVEM, que se pasó infinidad de leyes electorales por el arco del triunfo y aún así, a pesar de comprobarse las ilegalidades, no le fue retirado su registro como partido político.
Las multas simple y sencillamente las cubrió con sus prerrogativas políticas que se cubren con los impuestos de los ciudadanos. Así, impunemente repartió utilitarios, propaganda, regalos, tarjetas bancaria, cineminutos, etcétera, y no pasó nada, sólo el escándalo y la confirmación del manto de impunidad que los rodea por estar al servicio del inquilino de Los Pinos, lo que los llevo incluso a convertirse en “la cuarta fuerza electoral”.
Por eso no es de extrañar la grosera defensa de un aliado político incondicional por parte del PRI. Emilio Gamboa, líder de los senadores priístas, se aventó la puntada de señalar que “no podemos tener en una fiscalía tan especializada a alguien que le haya mentido al Senado de la República y a la Cámara de Diputados”, con lo que le sangró la boca. Hay que recordar como los integrantes del Poder Legislativo le han mentido a la población, prácticamente todos los días, al aprobar reformas, leyes y reglamentos que son contrarios al bienestar de los ciudadanos y del país. Como los dirigentes del PRI, empezando con el propio Presidente de la República, le miente al pueblo de México en las cámaras de televisión y como por debajo de la mesa se apropia con su pandilla política y económica de los recursos que son propiedad de la nación, de la población y de todos los trabajadores mexicanos.
Arturo Escobar, seguro de la protección del clan político al que pertenece, ni siquiera interpuso una demanda de amparo ante la posibilidad de que la juez ordenara su aprehensión. Quienes si presentaron demandas de amparo fueron los empresarios María Guadalupe Robles Ponce y Ramiro Quintero Ramos, quienes también son acusados por la Fepade de delitos electorales.
Y, de tener un punto de veracidad la expresión de Emilio Gamboa, habría que refutarla con el hecho de que tampoco los electores pueden tener como cabeza del Instituto Nacional Electoral a un sujeto que discrimina abiertamente a los ciudadanos nacidos en el interior del país y con rasgos que a muchos nos enorgullecen. Tampoco estaría en donde está el “ricitos” que no encuentra conflictos de interés cuando de la presidencia se trata y quien, al revisar su expediente entraría directamente en ellos por lo que no podría desempeñar el cargo asignado.
TRES DÍAS PARA APELAR
Aunque se sigue la estrategia de amedrentamiento, la historia no se termina de escribir: en los primeros minutos de este jueves, el juzgado undécimo de distrito de procesos penales federales notificó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la negativa de orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México. Así, comenzó a correr el plazo de tres días con que cuenta el ministerio público federal para interponer un recurso de apelación.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, pidió a la Fepade que acuda al recurso de apelación ante el Poder Judicial para que quede sin efecto la negativa para aprehender a Arturo Escobar y Vega, ex subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación. Con ironía, dijo que la juez escogió un mal día para exonerar al dirigente del PVEM, precisamente en la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.
A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, consideró que es preocupante y ominoso que una juez de distrito no haya otorgado la orden de aprehensión contra Arturo Escobar, lo que es un mal precedente para los órganos electorales porque tendrán miedo de tomar decisiones que no convengan o que disgusten al PRI. El perredista condenó que haya presiones del PRI y del PVEM contra el fiscal para que deje el cargo. En su oportunidad, las senadoras Layda Sansores, del PT, y la independiente Marta Tagle se pronunciaron porque la Fepade continúe con el proceso penal en contra de Escobar.
También integrantes de la Coalición Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia exigieron que se continué con el juicio contra el es dirigente del PVEM. Pidieron que se agoten todas las instancia del proceso judicial que existan contra el ex funcionario de la Secretaría de Gobernación y se garantice un proceso apegado a derecho para que sea sancionado.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene la posibilidad de apelar la negativa de orden de aprehensión que solicitó contra Arturo Escobar. En caso de hacerlo, el expediente en el que se acusó de delitos electorales al también ex subsecretario de Gobernación, sería conocido por un Tribunal Unitario de Circuito, que tendrá la última palabra. Otra acción que podría realizar la Fepade es solicitar al juez 11 de Distrito, en la Ciudad de México, la devolución del pliego que consignó el 25 de noviembre, con la finalidad de perfeccionar el expediente y volver a consignarlo.
La Fepade informó el jueves que dará a conocer su postura en torno a la negativa de orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, ex subsecretario de Prevención de la Secretaría de Gobernación y ex vocero del PVEM, una vez que concluya el análisis de la resolución judicial del juzgado undécimo de distrito. Según colaboradores del fiscal Santiago Nieto Castillo, el Ministerio Público federal hará valer los recursos a su alcance, a fin de que el caso sea nuevamente analizado por autoridades judiciales.
INVESTIGAN A HERMANO DE ESCOBAR
La Fepade también investiga al hermano de Arturo Escobar, Adrián Escobar y Vega, por estar involucrado en la contratación ilegal de cineminutos durante la pasada campaña electoral. La fiscalía integra una averiguación en contra suya y de su empresa Rabokse, que al revés se lee “Eskobar”. Cabe destacar que el PVEM ya fue sancionado con 64 millones de pesos por considerar que Rabokse hizo aportaciones indebidas a ese instituto político a través del pago de cineminutos a dos empresas, al detectar que la compañía saldó casi 36 millones de pesos a la firma TIK, filial de Cinépolis, pero el partido no registró ese gasto ante la autoridad electoral.
La fiscalía intenta fincar una responsabilidad penal contra Adrián Escobar y Vega por realizar pagos para la difusión de los promocionales a favor de un partido político, lo que constituye una aportación en especie prohibida por la ley. El contrato de Rabokse con TIK-Cinépolis revela un acuerdo para pagar 35 millones 988 mil pesos por exhibir los mensajes del PVEM durante 25 semanas entre el 1 de diciembre de 2014 y el 28 de mayo de 2015 en 103 salas de cine en todo el país.
CONTRAOFENSIVA DE ESCOBAR
El ex vocero del PVEM, Arturo Escobar, sostuvo que es sujeto de una “persecución política” y actos abusivos e ilegales por parte del fiscal electoral, Santiago Nieto, por lo que, adelantó, interpondrá denuncias en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Señaló que se ha afectado “su honra, decoro y reputación” (¿?¿?)
En una conferencia de prensa, en un conocido hotel de Paseo de la Reforma, señaló que el fiscal violó sus derechos humanos y el debido proceso el negarle una defensa adecuada. Por tanto, anunció diversas acciones en contra del fiscal Nieto por obstruir la administración de justicia; daño moral y otras afectaciones. No cabe ni la menor duda de que este tukan cruzó el pantano y salió podrido no solo manchado.
DE LOS PASILLOS
Las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afores) recibieron de manera global alrededor de 27 mil millones de pesos en 2015 como ingreso por comisiones por el manejo de los recursos para la jubilación de los trabajadores mexicanos, el más alto nivel alcanzado en los 18 años de operación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)… Para el próximo año, las Afores cobrarán una comisión promedio de 1.07 por ciento, es decir una reducción de apenas cuatro décimas de punto porcentual desde el 1.11 por ciento autorizado para 2015…
En Morelia, Michoacán, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron para protestar por el encarcelamiento de 52 normalistas en esa entidad. Iniciaron un plantón indefinido en el centro de la capital estatal y efectuaron una marcha hacia la sede del Poder Judicial de la Federación en esa ciudad. Padres de los 52 detenidos que participan también en la movilización exhibieron mantas con la demanda: “exigimos la liberación de nuestros hijos”…
En el Instituto Nacional Electoral (INE), la representación de Morena presentó una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización en contra del PVEM para solicitar medidas cautelares que lleven a la suspensión del crédito por 100 millones de pesos que solicitó ese partido a Grupo Financiero Multiva…. El representante de Morena, Horacio Duarte, explicó que la diferencia entre la ministración total correspondiente al año 2015 del PVEM y el monto de multas que le impusieron en este año superan la ministración total de ese partido, lo que implica que el Verde no puede ser sujeto de crédito bancario.
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