Moisés Sánchez Limón
Será el sereno, pero la reacción del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda tiene dos vertientes: una de elemental acto de contrición y su status inédito en ese ámbito de las fuerzas armadas. Ofrecer sentidas disculpas por actos de tortura cometidos por dos de sus subalternos, es asunto que entraña nuevos tiempos de la sociedad mexicana.
También lo es, acto de contrición, el hecho de que el coordinador de los diputados federales de Nueva Alianza, Luis Alfredo Valles, haya emplazado a las autoridades financieras y a la Procuraduría General de la República para investigar al diputado de su bancada, José Bernardo Quezada Salas y determinar si existió una compra de condominios en Miami, Estados Unidos y en todo caso, si hay alguna ilegalidad en ello.
El general secretario ofreció la disculpa pública en un acto diseñado ex profeso y antes un buen número de militares de diverso rango, a quienes recordó la pauta de honestidad y respeto a los derechos humanos, que deben privilegiar en su desempeño.
El diputado coordinador Luis Alfredo Valles, atendió el caso del escándalo de Quezada Salas en una conferencia de prensa informó: “Solicitaremos a la dependencia que encabeza la maestra Arely Gómez González que se investigue a profundidad este asunto y determine e informe a la sociedad los resultados”.
Ambas posturas encuadran este nuevo esquema de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado este martes por el pleno de la Cámara de Diputados –con 396 votos a favor y 34 abstenciones–, porque sin duda los casos de los militares que, junto con un agente federal torturaban a una mujer en el estado de Guerrero, y el del maestro multimillonario que hoy es diputado federal no tardarían en ser expuestos profusamente merced a la obligada apertura y entrega de información.
Veamos. Al diputado federal neoaliancista José Bernardo Quezada Salas, miembro de la dirigencia nacional del gremio magisterial, lo pillaron con los dedos entre la puerta. Su caso –al margen de si ha incurrido o no en un delito—evidencia el imperativo de aprobar las reforma en materia de transparencia.
En la víspera, al vicecoordinador de la diputación federal priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, los colegas en la Cámara de Diputados le preguntaron acerca de los temas legislativos que habrá esta semana, en las tres sesiones plenarias previstas. El Congreso de la Unión está en la recta final del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXIII Legislatura.
“Vamos a trabajar martes, miércoles y jueves”, informó el político yucateco y acotó: “El martes vamos a tener una sesión, asumimos que va ser larga, para votar la Ley Federal de Transparencia, le vamos a dar publicidad y vamos a votar el miércoles las modificaciones a la ley del Infonavit.
“Vamos a votar también la integración de la Comisión Bicameral de Transparencia para garantizar la transparencia, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto pone al Congreso, prácticamente al día en esta materia y creo que es un motivo para sentirnos mucho más tranquilos, pues los plazos se nos estaban venciendo.
“El jueves vamos a tener sesión y pretendemos votar reformas en materia de la Secretaría de la Función Pública, devolviéndole funciones que originalmente, es decir, al inicio de esta administración se habían transferido a la Secretaría de Hacienda; y vamos a votar las reformas en materia penal para el fuero militar, que prácticamente homologan o actualizan la justicia militar en los mismos términos que la justicia civil”. Y se cumplen los tiempos.
Y, vaya, toda esta agenda legislativa tiene, en el diputado Quezada Salas, al legislador representativo de lo que se ha pretendido atacar desde hace décadas. En materia de corrupción en el sector público, el arranque formal fue en 1983 cuando se formalizó la creación de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, hoy en vías de un tercer aire como Secretaría de la Función Pública, cuyo titular no cuenta con las mejores cartas de recomendación.
Hace tres lustros la prioridad de saber qué y cómo se gastan los recursos públicos y de qué tamaño es la honestidad de funcionarios públicos y entes –como sindicatos y partidos políticos—en términos de transparencia sin recovecos ni letras chiquitas, dio la pauta a lo que hoy es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que ayer firmó convenio de colaboración con la Cámara de Diputados.
La previsión de Ramírez Marín, referida en la víspera por Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la mesa directiva de la Cámara baja, este martes se cumplió con las reformas relativas a transparencia y rendición de cuentas, un mecanismo legal que obliga a todos, todos, todos los entes que utilizan o son beneficiarios de recursos públicos.
¿Acatarán líderes sindicales y partidistas, directivos de organizaciones civiles, legisladores locales y federales y, en fin, todos aquellos que reciben recursos públicos, las reglas que apruebe la Cámara baja”.
Bueno, lo cierto es que hay quienes apuestan a la impunidad y se resisten a, por ejemplo, ajustarse a medidas civiles como el plan 3 de 3, que implica la rendición de cuentas y hasta las relaciones personales que pueden pautar conflicto de intereses. Seguramente puede ser este el caso del diputado de Nueva Alianza, pillado en compras millonarias, no de hoy, pero sí de años recientes en Estados Unidos.
El diputado José Bernardo Quezada Salas respondió al diario Reforma lo publicado el domingo último y que deja en entredicho su honestidad.
Asegura que “todas las actividades empresariales que realizo y he realizado, desde hace ya muchos años, incluida mi participación en la sociedad que adquirió los departamentos señalados, han sido con recursos lícitos, a través del sistema bancario y en términos de la legislación nacional e internacional aplicables”
Y ofrece: “En el caso que alguna autoridad me requiera, me presentaré a colaborar, sin escudarme en el fuero, para aclarar este asunto”. ¿Recursos lícitos? Es una millonada que, aun como dirigente sindical, con emolumentos normales a su nivel, no los reuniría.
Sí, urge que entre en vigor la reforma que meta en cintura a quienes andan por ahí con el manto de la honestidad que es piel de oveja. Porque en medio de la opacidad legislativa se han amasado fortunas de clara procedencia: recursos públicos. Conste.
MIÉRCOLES. El viernes le platico acerca de esa entrevista que Ciro Gómez Leyva hizo a la doctora María Teresa Guerra Ochoa contra, casualmente, el candidato del PAS al gobierno de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, cuya campaña crece en el estado y, por tanto, hay intereses para desbarrancarlo. Digo.
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