Lilia Arellano.
“El primer castigo del culpables es que jamás será absuelto por su conciencia”: Agustín Pedro Justo
• Duarte de Ochoa ¿asesino de periodistas?
• CNTE rechaza modelo educativo de SEP
• Docentes retoman negociaciones en Segob
• Siguen bloqueos; industrias anuncian paros
• Más homicidios, desapariciones, secuestros
• ONU pide crear un organismo de búsqueda
Ciudad de México, 21 de Julio de 2016.- Una singular “consulta popular” es la propuesta exitosa –por lo menos así lo considera- del titular de la SEP, Aurelio Nuño, respaldada por el sindicato magisterial cómplice de las autoridades del ramo y de la mismísima presidencia de la República. Y esta situación penosa para los ciudadanos, para el futuro del país, es parte de muchas más presentadas como altamente preocupantes visualizadas más allá de los escándalos provocados, los cuales son debidamente aprovechados por los partidos políticos, y en esta mezcla se encuentran todos. La excepción que confirma la regla bien puede ser Morena y ninguno más. En el área de seguridad y de la demostración de incapacidad e incumplimiento de las obligaciones de los gobernadores se encuentra el asesinato cometido en contra de otro periodista veracruzano, crimen ejemplificado en lo riesgoso de esta profesión en una Nación como la nuestra inmersa en la impunidad y la corrupción.
Todo indica no habrá salvación ni para la pretendida reforma educativa en los términos en dos ocasiones planteados y en uno de ellos aprobada por legisladores sordos y ciegos, ni para el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Con tan solo 43 años, Pedro Tamayo, periodista, fue asesinado en Tierra Blanca, al salir de su domicilio. Con él son ya 17 los reporteros asesinados durante el mandato del sucesor de Fidel Herrera. El primero de junio dio inicio ésta relación con la muerte de Noel López Olguín, redactor de Noticias de Acayucan; 20 de junio del 2011 se registraron dos asesinatos: Miguel Ángel López y Misael López, ambos trabajaban para Notiver. Le siguió el 27 de julio la agresión que privó de la vida a Yolanda Ordaz de la Cruz, también de ese diario caracterizado por su independencia editorial.
Ya en el 2012, el 28 de abril se supo de la muerte de la reportera de Proceso, Regina Martínez, y el 3 de mayo de ese mismo año asesinaron a tres reporteros gráficos, dos de ellos de Notiver: Guillermo Luna y Gabriel Huge, además de Esteban Rodríguez del Veracruz News. El 14 de junio la lista se incrementó con Víctor Manuel Baez de Milenio. Curiosamente en el 2013 y debido a las demandas de aclaración de estos crímenes encabezadas por Proceso y el mismo Milenio no hubo asesinados pero, al llegar el 11 de febrero del 2014 se supo del crimen de Gregorio Jiménez de Notisur y durante el 2015 de nuevo se registraron varios asesinatos.
Al empezar el año, el dos de enero la agresión fue contra Moisés Sánchez de la revista La Unión; el 4 de mayo, contra Armando Saldaña de Exa FM, estación radiofónica; el 30 de junio Juan Mendoza Delgado de Escribiendo La Verdad y el 31 de julio Rubén Espinosa fotógrafo de Cuartoscuro y Proceso. Este año se inició con el reporte el 8 de febrero de la muerte de Anabel Flores de El Sol de Orizaba; el 14 de mayo de Manuel Torres de Noticias MT y el pasado miércoles el de Pedro Tamayo de El Piñero de la Cuenca. Se suman a esta sangrienta lista tres desaparecidos: Gabriel Fonseca de El Mañanero, de cuyo paradero no se sabe nada desde el 19 de septiembre del 2011; Miguel Morales del Diario de Poza Rica, perdido desde el 24 de julio del 2012, y Sergio Landa del Diario Cardel, reportado desde el 22 de enero del 2013.
Todo este registro hace prever la inexistencia de una salida con libertad del mandatario veracruzano. Ya no se trata de voluntad política sino de la omisión sobre una responsabilidad directa del mandatario cifrada en la garantía de seguridad a los ciudadanos a los cuales gobierna. La estrategia en busca de credibilidad puesta en marcha a raíz de la “solicitud de perdón” del titular del Ejecutivo no verá ningún fruto si se siguen pasando por alto actuaciones marcadas por la existencia de crímenes y no sólo de malos manejos presupuestarios. El dinero, dicen los sabios: “va y viene”, la vida no y la desintegración y orfandad de las familias no admiten perdones sino castigos y garantías para sobrevivir.
PLANTEAMIENTOS EQUÍVOCOS
El modelo educativo presentado el miércoles por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, no se aplicará en las aulas porque “fue construido al vapor”, advirtieron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al arribar a la Secretaría de Gobernación (Segob) donde se desarrollaron las mesas de negociación para abordar los problemas políticos y sociales del magisterio disidente. Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) había pedido al magisterio disidente “darle oportunidad” al nuevo modelo educativo, antes de rechazarlo, pero los dirigentes de los maestros inconformes anunciaron no participarán en los foros y consultas de la SEP sobre dicho modelo.
La gravedad del conflicto magisterial oculta otros problemas de fondo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, relacionados con la seguridad o la ausencia de ésta y el Estado de Derecho o su abandono. Entre éstos se encuentra en forma relevante el de las personas desaparecidas en diversas entidades, el incremento de homicidios y secuestros, así como de extorsiones, como lo comprueban las propias cifras oficiales, las cuales dan cuenta de lo poco avanzado en los últimos años en esta materia en el país.
Los docentes marcharon desde la Plaza de las Tres Culturas hasta la sede de la Segob. Los profesores de la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, entre otros estados, partieron de la esquina de Flores Magón y Eje Central hacia Paseo de la Reforma y de ahí a la calle de Bucareli, hasta el Palacio de Cobián. En su trayecto, los docentes gritaron: “¡Cuando el Pueblo se levanta por pan, libertad y tierra temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra!”.
Al escribir estas líneas, la dirigencia de la CNTE retomó el diálogo con la Secretaría de Gobernación. En la sede de la dependencia se realizó la segunda sesión de la mesa política, al término de la cual se instaló la mesa social. El encuentro lo encabezó Luis Miranda, subsecretario de Gobernación, y participaron líderes de las secciones 7 de Chiapas, Adelfo Gómez; 9 de la Ciudad de México, Enrique Enríquez; y 18 de Michoacán, Víctor Zavala.
En la agenda política se abordó nuevamente la abrogación de la reforma educativa y la solución a todos los “daños ocasionados por su implementación, lo cual incluye los miles de maestros cesados, los descuentos salariales, los presos políticos y las órdenes de aprehensión, entre otros temas”, precisaron integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN). En cuanto a la mesa de asuntos sociales, se contempló el análisis de los contextos sociales y carencias de las escuelas y comunidades, en particular en servicios básicos, pero también de caminos, seguridad y salud.
PAROS INDUSTRIALES POR BLOQUEOS
El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera, advirtió: los bloqueos de la disidencia magisterial ocasionan una situación insostenible para diversas industrias, lo cual puede provocar paros técnicos, sobrecostos, desabasto y salida de inversiones del país. Hay serias afectaciones a la producción, transporte y venta de múltiples actividades industriales, además de pérdidas por el cierre de empresas.
Herrera demandó a las autoridades implementar las medidas necesarias para restablecer el estado de derecho, pues se han suscitado afectaciones a diversos sectores como la industria restaurantera, de la construcción, transporte, agroalimentaria, cárnicos y lácteos, diversas ramas de la industria de la transformación, industrias relacionadas con la salud y el turismo, así como en general la actividad económica y productiva no sólo en la zona sur sino en diversas entidades de la República como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México.
En Michoacán, maestros disidentes ampliaron el bloqueo indefinido sobre las vías del tren en esa entidad. La CNTE reportó siete puntos de la red cerrados. La interrupción de las vías se realiza tanto a su paso por Morelia como en municipios del interior del Estado, como Pátzcuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Yurécuaro, Nueva Italia y Maravatío. La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas reportó: cada día deben movilizarse 3 mil contenedores por vías férreas y carreteras, procedentes del extranjero. En las últimas semanas, suman cuatro bloqueos a las vías del tren por parte de la CNTE, por lo cual la carga que sale por tren permanece varada.
Mientras en Guerrero, maestros disidentes cerraron los dos sentidos de la Autopista del Sol, en rechazo a la reforma educativa y en protesta por el despido de 956 de sus compañeros. La protesta inició con una marcha desde la Alameda Granados en el centro de Chilpancingo, desde donde se trasladaron a la autopista.
ONU PIDE DIÁLOGO CON CNTE
Álvaro Pop, presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, urgió al gobierno de México a dialogar con la CNTE para buscar una solución que respete las obligaciones nacionales e internacionales adquiridas por el estado mexicano, para promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. México ha reconocido formal y constitucionalmente los derechos de las comunidades originarias, incluyendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la recientemente adoptada Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pop manifestó su rechazo absoluto y condena a los hechos registrados en Nochixtlán, Oaxaca, donde al menos ocho personas fueron asesinadas y 100 resultaron heridas.
SOBRE DESAPARECIDOS, SOLO UNAS ESTADÍSTICAS
Hasta finales del año pasado, los registros oficiales reportaban 27 mil 659 desaparecidos, desde el 2007. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de todos los casos, 989 están relacionados con el fuero federal y 26 mil 670 con el fuero común. Organizaciones no gubernamentales estiman desaparecen en promedio 11 personas al día. Así, en esta administración, podrían sumarse un total de 12 mil personas a la lista de más de 27 mil reconocidas oficialmente, de acuerdo con la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. Por eso, las ONGs demandan a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocer oficialmente que “México vive una grave crisis humanitaria y una debacle institucional”, frente a un Estado fallido y una población expuesta en los hechos a un conflicto armado interno.
Al inaugurar el Foro sobre Tortura y Desaparición Forzada, organizado por la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), Juan Jarab, representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), consideró: en México se debe crear, junto con un instituto forense independiente, un organismo nacional de búsqueda de personas. En los últimos cinco años, diversos organismos internacionales especializados en derechos humanos han señalado como muy preocupante la situación en México. Esas organizaciones han participado en el diseño de una ruta para combatir esa problemática.
El primer punto de dicha ruta desde los agentes internacionales llama a México a reconocer la dimensión de la desaparición de personas y la tortura, y así implementar políticas de prevención e investigar diligentemente estos delitos. Contar con registros efectivos de detención y regular el uso de la fuerza de acuerdo a los más altos estándares internacionales, son otros puntos señalados.
Desde el pasado miércoles por la noche, familiares de personas desaparecidas en diversas entidades, entre ellas la Ciudad de México, Colima y Guerrero, instalaron un plantón y huelga de hambre frente a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), y solicitaron un encuentro también con funcionarios de esa dependencia, legisladores y representantes de la Comisión de Atención a Víctimas. Según un comunicado de esa institución, “la titular de la PGR, Arely Gómez González, recibió las inquietudes de la representante de una comisión de familiares de personas en situación de desaparecidos”. La funcionaria dio instrucciones al Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres, a fin de atender a los manifestantes, quienes formaron una comisión para dialogar con el subprocurador.
No obstante, los familiares de personas desaparecidas, quienes están en huelga de hambre desde el miércoles por la mañana, mantienen su protesta frente a la PGR. “La señora (procuradora), desde que llegó, no ha movido un solo dedo más que para los 43 de Ayotzinapa, pero todo contamos igual, todos pagamos impuestos, tenemos los mismos derechos”, señaló Guadalupe López, cuya hija Yajaira Baena, desapareció el 13 de abril de 2011 en Oaxaca.
El fenómeno de personas desaparecidas en México se ha vuelto imparable, desde 2007 cuando las autoridades reportaron su incremento exponencial. El año pasado, la desapariciones superaron las cinco mil, igual sucedió en 2014, cuando se contabilizaron cinco mil 418 averiguaciones previas. La inmensa mayoría de desaparecidos son mexicanos, pero hay más de 120 extranjeros que tienen una averiguación previa en espera de conocer cuál es su paradero. Los estados con más desapariciones son Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Los familiares de desaparecidos han exigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abandonar el papel de institución “muda” ante el genocidio, y elaborar informes especiales sobre la crisis de violencia resentida en el país.
DESAPARICIÓN FORZADA
En cuanto a los casos de desaparición forzada (donde hay implicación de servidores públicos), México tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Pakistán. Desde el 2008, al menos se han registrado 136 casos de desaparición forzada en el país, al igual que en Siria. Los estados más afectados son Guerrero, Veracruz y Tamaulipas, todos con altos niveles de inseguridad debido a la presencia del narcotráfico en sus territorios.
La desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en México, son hechos que han estado en los últimos años en el foco de la atención de los sistemas internacionales de derechos humanos. Entre los casos más relevantes está la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 y el rapto de cinco jóvenes en Veracruz a principios de este año. En los dos casos, la policía entregó a sus secuestrados a grupos de la delincuencia organizada.
En el caso Iguala, a casi un año de la emisión de las 26 observaciones y propuestas planteadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), todavía hay una larga lista de pendientes de la Procuraduría General de la República (PGR), muchos de ellos claves para poder llegar a la verdad de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Entre éstas destaca la elaboración de los peritajes para comparar si la tierra contenida en la bolsa recuperada del río San Juan –donde presumiblemente fueron hallados los restos de uno de los 43 normalistas desaparecidos- corresponde a la del basurero de Cocula. Otro pendiente es la atracción del caso de Julio César Mondragón, torturado y muerto el día de los hechos a causa de una “salvaje golpiza”, cuyo cuerpo mostró 64 fracturas. El cumplimiento de esas 26 observaciones son claves para avanzar en el caso, explicó el director de la Oficina Especial del Caso Iguala de la CNDH, José Larrieta Carrasco.
CRECEN HOMICIDIOS
En lo que va de este 2016, el homicidio doloso ha crecido 15.4 por ciento, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSNSP). Un total de 8 mil 156 homicidios se registraron entre enero y junio del 2015, mientras en el mismo periodo de este año suman 9 mil 413.
Los datos sobre el “descenso” de los crímenes en el país, presumidos por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, son refutados por la realidad. Tan sólo en junio de este año, las procuradurías y fiscalías estatales registraron mil 666 homicidios dolosos, la tercera cifra más alta para un mes en lo que va de esta administración federal. Los estados donde se registra aumento en la incidencia de homicidios son Colima, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato y Guerrero. También se han registrado incrementos en estos crímenes en Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
También los secuestros han repuntado. Durante el mes de mayo del presente año se registraron 84 secuestros, y en junio la cifra subió a 90. Asimismo, las extorsiones han aumentado. En el mes de junio se denunciaron 461 extorsiones, la cifra más alta de ese delito desde abril del año pasado, cuando los Ministerios Públicos estatales atendieron 471.
El propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se ha visto obligado a reconocer el incremento de homicidios relacionados con el crimen organizado. De acuerdo a fuentes militares, la escalada de violencia es derivada de la pugna entre organizaciones criminales, principalmente asentadas en Guerrero, Tamaulipas, Baja California Sur, Durango y Veracruz.
DE LOS PASILLOS
No pasaron ni cuatro días de que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera perdón por “el error” de la adquisición de la “Casa Blanca”, una mansión de 7 millones de dólares, cuando se da a conocer que el dueño de la concesionaria radial MVS, Joaquín Vargas, demandó a la periodista Carmen Aristegui, su equipo de reporteros de investigación y los directivos del influyente editorial Penguin Random House, por las expresiones vertidas por su ex conductora en el prólogo del libro “La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró al gobierno”… Esta última demanda “puede tener efectos devastadores” para el patrimonio de la periodista, aclaró el abogado Javier Quijano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el tope de la sanción monetaria que puede aplicarse en estos litigios.
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