Por Aurelio Contreras Moreno
El 22 de junio de 2015, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, acompañado por el contralor Ricardo García Guzmán, dio a conocer que habían quedado “solventadas” todas las observaciones que le hiciera a su administración la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades financieras que, en ese momento, equivalían a más de cinco mil millones de pesos.
Dichas irregularidades correspondían a las cuentas públicas del gobierno de Veracruz de los ejercicios fiscales 2012 y 2013, aunque también se arrastraban observaciones no aclaradas desde el gobierno anterior.
La ausencia de comprobación del uso y destino de los fondos federales del programa del Seguro Popular y para el Fortalecimiento de la Educación Básica y Normal, así como la simulación de reintegros, eran los principales señalamientos del órgano fiscalizador federal al gobierno de Javier Duarte.
Por esta causa, en noviembre de 2014 la ASF denunció ante la Procuraduría General de la República a funcionarios y ex funcionarios de la pasada y la actual administración estatal. Pero incumpliendo con su deber y pasando por alto sus atribuciones, la PGR trasladó las querellas a la Fiscalía General del Estado, a pesar de que los desvíos eran de recursos federales.
Obviamente, se declararon inocentes a sí mismos. Aquel 22 de junio de 2015, Javier Duarte dijo que las denuncias por peculado, desvíos y sustracción indebida de recursos públicos federales habían quedado “sin materia, al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales citados”.
Sin embargo, no sólo no hubo una correcta aplicación de los recursos federales en Veracruz. Las irregularidades continuaron brotando conforme la ASF seguía revisando el cochinero de las finanzas estatales, hasta llegar a sumar 35 mil millones de pesos sin comprobar, monto actual que se le reclama al estado, del cual, lo correspondiente a 12 mil 300 millones ya está en fase de nuevas denuncias penales ante la PGR, que esta vez ya no podrá aplicar la jugarreta de enviárselas de regreso a la Fiscalía estatal.
A pesar de todo eso, tanto Javier Duarte como sus funcionarios y “achichincles” legislativos aseguran que se están comprobando las observaciones y solventando las irregularidades. “No le debo nada a Veracruz”, declaró el gobernador en una entrevista reciente en el norte de la entidad.
Pero resulta que sí debe. Y no un poco. Durante un taller del Sistema Nacional Anticorrupción celebrado en Tabasco, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, desmintió a las autoridades veracruzanas y aseguró que “no han solventado absolutamente nada”.
“Es un cuento, no es cierto. No han ido solventando absolutamente nada, siguen los mismos montos, siguen las denuncias penales”, afirmó el auditor superior, quien añadió que “si alguien actuó con dolo y se llevó dinero, eso sí, es personal, eso va en las denuncias penales”.
El gobierno de Javier Duarte sigue sin comprobar todo lo que se le ha señalado desde 2014. Más lo que se acumule en los meses por venir, particularmente cuando se dé a conocer la información sobre la Cuenta Pública de 2015, que promete estar peor que las demás.
¿Y como para cuándo va a hacer algo la PGR? ¿O el discurso del presidente Enrique Peña Nieto sobre el castigo a los gobernadores corruptos es sólo una simulación para ganar tiempo?
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