Publicidad
← Portada

Columna de opinión

Ley General Catastral: Fracaso Anunciado por Inconstitucional

José Alberto Sánchez Nava

3 visitas
José Alberto Sánchez Nava
Publicidad

José Alberto Sánchez Nava

Inconstitucionalidad del Impuesto Predial en México (3 de 3): “El Caso Nacional. La federalización silenciosa de la hacienda municipal.”

“Quien administra la base, gobierna el impuesto; y quien gobierna el impuesto sin ley, no recauda: confisca.”

 

I. Proemio: Del Tanteo Municipal al Algoritmo Federal

En las dos entregas anteriores de esta serie demostré que el impuesto predial en Puebla y en Colima descansa sobre cimientos que la Constitución no reconoce: en Puebla, un Consejo Municipal de Catastro creado por ministerio de ley SIN PERSONALIDAD JURÍDICA y, sin embargo, facultado para sugerir los valores que terminan siendo base gravable; en Colima, tablas de valores que se prorrogan solas y valores “provisionales” fijados al tanteo, por referencia a un sector “similar”. Advertí entonces que otros Estados se encontraban bajo bases de extracción del predial con aspectos aterradores de inconstitucionalidad.

No imaginé que el siguiente caso sería el país entero. El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral (en adelante, la Ley General), en vigor desde el día siguiente. Lo que en Puebla y Colima fue un vicio local, la Ley General lo eleva a sistema nacional: ya no es un consejo inexistente ni un ayuntamiento que valúa al tanteo; ahora es una agencia federal que, mediante lineamientos, plataformas y modelos “de observancia obligatoria”, se instala en el corazón de la única fuente de ingresos verdaderamente propia que la Constitución reservó a los Municipios.

Este análisis somete la Ley General a un doble tamiz: el de constitucionalidad, frente a los artículos 1, 14, 16, 31 fracción IV, 36 fracción I, 73 fracción XXIX-R y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y el de convencionalidad, frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

 

II. La Puerta Trasera: Lo que la Ley Dice y lo que Calla”

Conviene empezar con honestidad intelectual, porque un análisis que exagera se derrota a sí mismo. La Ley General no fija tablas de valores unitarios, no establece tasas ni tarifas y no crea un impuesto. Más aún, se cuida de proclamar su inocencia: su artículo 12 declara que el Plan Nacional Catastral se aplicará “con pleno respeto al ámbito competencial de los municipios en términos del artículo 115”; su artículo 21 dispone que la gestión de los datos catastrales corresponde “única y exclusivamente” a cada Autoridad Catastral; y su artículo 28 aclara que la Clave Única Catastral no constituye prueba plena de propiedad, posesión, superficie o colindancias.

Pero el Derecho no se juzga por sus declaraciones, sino por sus mecanismos. Y los mecanismos de esta ley dicen otra cosa. Basta leer el artículo 8, que convierte a las autoridades catastrales en destinatarias de deberes, no de facultades: “deberán” adoptar el Modelo de Homologación “conforme a los términos establecidos por la Agencia” (fracción I); proporcionar la información que “le requiera la Agencia” (fracción II); cumplir el Plan Nacional Catastral (fracción III); adoptar la Clave Única Catastral conforme a los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Agencia (fracción IV); adoptar la Plataforma Catastral Municipal (fracción V); e implementar la Llave MX (fracción VI). A ello se suma el artículo 17, fracción III, que integra a dicha plataforma federal un “Módulo de gestión del impuesto predial”, y el artículo 15, fracción IV, que deja abierta la puerta a “las demás [herramientas] que determine la Agencia o la Secretaría”. La invasión no entra por la puerta principal de las tablas de valores; entra por la puerta trasera de la administración, el procedimiento y la tecnología. Y en materia tributaria, quien controla el procedimiento termina controlando la base.


III. “El Pacto Federal Vulnerado: Artículo 115, Fracción IV”

El artículo 115, fracción IV, de la CPEUM establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda y que, en todo caso, percibirán las contribuciones que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria. El mismo precepto contiene tres candados que la Ley General no puede saltar:

  • Primer candado. Sólo los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. La Constitución autoriza una delegación voluntaria, municipal y hacia el Estado. La Ley General impone una delegación obligatoria, legislativa y hacia la Federación. Las tres características son las opuestas.
  • Segundo candado. “Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c)”. Si el Constituyente prohibió al legislador federal limitar la potestad tributaria inmobiliaria, con mayor razón le prohibió condicionar su administración a modelos, módulos y lineamientos de una dependencia del Ejecutivo Federal.
  • Tercer candado. Los recursos de la hacienda municipal “serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen”. El verbo es autoricen; no les impongan.

En esta tesitura, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 5/2000 del Pleno de la SCJN, de rubro “HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, p. 515), conforme a la cual la libre administración hacendaria es el régimen que el Poder Reformador estableció para que los Municipios manejen, apliquen y prioricen libremente sus recursos, sin injerencias de otros órdenes de gobierno. Un “módulo de gestión del impuesto predial” diseñado, habilitado, administrado y supervisado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (artículo 7, fracciones III, IV y VIII) es, precisamente, una injerencia en el cómo se administra el tributo municipal.

Más grave aún es la fracción X del artículo 7, que faculta a la Agencia para supervisar que las Autoridades Catastrales mantengan actualizada su cartografía catastral conforme a los plazos previstos en los lineamientos que ella misma emita, en relación con el artículo 45, que sanciona a las personas servidoras públicas por incumplir “esta Ley, y […] las disposiciones que de ella se deriven”. Es decir: una dependencia federal fija plazos por lineamiento, supervisa su cumplimiento y su inobservancia genera responsabilidad administrativa del funcionario municipal. La fracción I del artículo 115 prohíbe toda “autoridad intermedia” entre el Municipio y el gobierno del Estado; aquí no hay una autoridad intermedia: hay una autoridad superpuesta, que viene desde arriba.

Y el artículo 36, fracción I, de la Constitución, que obliga a los mexicanos a inscribirse “en el catastro de la municipalidad”, confirma lo que la Ley General pretende diluir: en el diseño constitucional, el catastro es municipal por naturaleza. A ello se agrega una paradoja presupuestal: el Transitorio Sexto obliga a los Congresos locales a prever recursos para implementar la ley, mientras el Transitorio Octavo advierte que no se autorizarán recursos adicionales. La Federación manda, el Municipio paga.

 

IV. “La Reserva de Ley Burlada: Lineamientos que Gobiernan el Tributo”

El artículo 31, fracción IV, constitucional exige que la contribución se establezca “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Como lo sostuve en el Caso Puebla, la reserva de ley tributaria implica que los elementos esenciales —sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago— sean establecidos por ley con todos los factores que los integren, y que la norma administrativa que derive de una autorización del legislador quede subordinada a la ley, sin ir más allá de ella.

Pues bien, en la Ley General todo lo que importa vive en los lineamientos. La integración de la Clave Única Catastral “estará determinada en los lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría en conjunto con la Agencia” (artículo 2, fracción VII, y artículos 24 y 27); la información que integra la Cédula Única Catastral y Registral se fija “de conformidad con los lineamientos” de la Agencia y la Secretaría (artículo 43); la validez de las notificaciones electrónicas se rige “conforme a los lineamientos que expida para tal efecto la Agencia” (artículo 19); y el Transitorio Tercero ordena emitir, en treinta días hábiles, lineamientos “de observancia obligatoria para las Autoridades Catastrales y Registrales”. Se trata de una ley-marco que se vacía hacia abajo, hacia la hoja administrativa.

En ese orden de ideas, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 79/2009 del Pleno, de rubro “FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, p. 1067), que somete la potestad reglamentaria a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Si el Presidente de la República, titular originario de la facultad reglamentaria (artículo 89, fracción I), no puede rebasar la ley, menos puede hacerlo una dependencia que expide lineamientos de rango inferior al reglamento. Cuando la identificación del predio, la cartografía que define su superficie y su ubicación, y la validez de la notificación del acto fiscal quedan entregadas a lineamientos de una agencia federal, la base del predial —que no es otra cosa que superficie por valor unitario— pasa a depender de normas que ningún legislador votó. Que la superficie y la zona de un inmueble sean variables de la base gravable no es una opinión; es aritmética catastral.

V. “De Puebla a la Nación: el Consejo sin Personalidad se Convierte en Plataforma sin Rostro”

En el Caso Puebla demostré que el artículo 66 Quater del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla creó un Consejo Municipal de Catastro SIN PERSONALIDAD JURÍDICA, al que, no obstante, se facultó para sugerir valores indicativos de mercado y coeficientes de mérito o demérito. Un ente que por ministerio de ley no existe no puede válidamente proponer nada; y si nadie con existencia jurídica propone, quien en realidad fija los valores es la propia autoridad exactora, de manera discrecional, en abierta violación al principio de reserva de ley.

La Ley General reproduce esa patología a escala nacional, con una variante tecnológica. El artículo 2, fracción XVIII, define la Plataforma Catastral Municipal como una “solución tecnológica” que conecta la información predial “mediante estándares comunes e interoperabilidad”, y el artículo 11, fracción V, ordena “establecer estándares, normas técnicas, modelos de datos y metodologías comunes”. Pregunto: ¿quién responde jurídicamente por una metodología común que altera la clasificación o la superficie de un predio? El Municipio dirá que aplicó el estándar federal; la Agencia dirá que la gestión de los datos corresponde “única y exclusivamente” a la autoridad local (artículo 21). Así, igual que en Puebla, la decisión que impacta la base gravable queda en manos de un ente sin rostro jurídico frente al contribuyente: antes un consejo inexistente, ahora una plataforma que nadie firma. Y con ello se desatiende el principio de motivación objetiva y razonable que la SCJN impuso en la jurisprudencia P./J. 111/2006, de rubro “HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN”. La potestad es compartida entre Municipio y Estado; la Federación no figura en esa ecuación.

 

VI. “De Colima a la Nación: el Tanteo se Digitaliza”

En el Caso Colima (segunda entrega de esta serie, 6 de mayo de 2019) califiqué como «el más grande monumento en honor a la inconstitucionalidad» los artículos 135, 136 y 137 de la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, junto con su artículo 126 y los artículos 7, 11 y 12 de la Ley de Hacienda para el Municipio de Armería. El artículo 135 mantiene vigente la tabla de valores del año anterior cuando el Ayuntamiento no envía la suya al Congreso; el 136 autoriza valores unitarios «provisionales» por referencia a sectores de características similares; y el 137 convierte esos valores, incluso los provisionales, en base del valor catastral. Es una valuación al tanteo, que deja al contribuyente en absoluta incertidumbre. Sustenté entonces la tesis en el Amparo en Revisión 385/94 (Inmobiliaria Urbana Sinaloense, S.A. y coags., resuelto el 1 de abril de 1997), del que derivó la tesis aislada P. LXXXVIII/1997, cuyo rubro inicia «IMPUESTO PREDIAL. SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES QUE FACULTAN A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS…», y en la jurisprudencia «IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY» (Apéndice 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, tesis 162).

La Ley General no elimina el tanteo: lo digitaliza. Su artículo 17, fracción I, integra a la plataforma federal un “Mapa base con la Cartografía que integrará la propiedad civil, social y pública del país”, y su artículo 7, fracción X, permite a la Agencia fijar por lineamiento los plazos de actualización cartográfica. Si la cartografía —que determina superficies, ubicación y, por ende, la zona de valor aplicable— puede modificarse durante el ejercicio fiscal en función de estándares técnicos federales, el elemento cuantitativo del tributo deja de estar fijado en la ley de ingresos y en la tabla de valores aprobada por el Congreso local, y pasa a depender de una capa de datos administrada fuera del proceso legislativo. En Colima el valor se fijaba “por similitud”; en la Ley General se fijará “por interoperabilidad”. El método cambia de nombre; la incertidumbre es la misma.

VII. “El Diálogo Roto: Las Jurisprudencias de 2006 frente a los Transitorios”

La SCJN estableció en la jurisprudencia P./J. 113/2006, de rubro “HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON PARÁMETROS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES” (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, p. 1127), así como en la P./J. 114/2006, que la relación entre Municipio y Legislatura en materia de ingresos debe desenvolverse como un auténtico diálogo, con un ejercicio alternativo de facultades y razonamientos, de suerte que el Congreso que se aparta de la propuesta municipal debe hacerlo con argumentos de calidad equivalente o superior, cuya razonabilidad la Corte revisa como una interdicción a la arbitrariedad del legislador.

La Ley General rompe ese diálogo antes de que empiece. Los Transitorios Quinto, Sexto y Séptimo fijan desde la Federación el resultado y el calendario: adopción de modelos y plataformas a más tardar el 31 de diciembre de 2026, conforme al calendario que publique la Agencia; adecuaciones legislativas locales dentro de ciento ochenta días; armonización normativa municipal dentro de ciento ochenta días hábiles. Nótese, de paso, la incongruencia técnica: el Sexto computa días sin calificarlos y el Séptimo, días hábiles, para obligaciones sustancialmente idénticas; una ley que exige certeza no la ofrece ni en sus propios plazos. Cuando la conclusión del diálogo entre Ayuntamiento y Congreso local ya viene dictada desde el Diario Oficial de la Federación, el “proceso dialéctico legislativo” que la Corte protegió se reduce a una formalidad de ratificación.

 

VIII. “Llave MX: la Puerta que no Abre para Todos”

Los artículos 8, fracción VI, y 18 establecen que el mecanismo de autenticación para la gestión de trámites en la Plataforma Catastral Municipal “será con Llave MX”, definida en el artículo 2, fracción XI, como un mecanismo asociado a la Clave Única de Registro de Población. La consecuencia es evidente: las personas morales, que no tienen CURP, y los propietarios extranjeros sin CURP, quedan sin acceso al canal que la propia ley declara equivalente al presencial (artículo 19). Si el canal digital termina convirtiéndose en el canal ordinario de notificación y trámite del predial, se genera una distinción entre contribuyentes que no obedece a la capacidad contributiva ni a la naturaleza del inmueble, lo cual resulta contrario al principio de equidad tributaria del artículo 31, fracción IV, y al derecho a la igualdad del artículo 1 constitucional y del artículo 24 de la CADH.

IX. “El Tamiz Interamericano”

Desde el caso Radilla Pacheco vs. México (2009) y, en el orden interno, desde la Contradicción de Tesis 293/2011, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), todo juzgador mexicano está obligado a ejercer control de convencionalidad, y la jurisprudencia de la Corte IDH le resulta vinculante siempre que sea más favorable a la persona. El análisis de la Ley General no puede, por tanto, detenerse en la Constitución.

Derecho de propiedad (artículo 21 de la CADH). La Corte IDH ha adoptado un concepto amplio de “bienes” (Ivcher Bronstein vs. Perú, 2001) y ha exigido que toda restricción a la propiedad esté prevista en ley, persiga un fin legítimo y sea proporcional (Salvador Chiriboga vs. Ecuador, 2008). El tributo es una restricción legítima a la propiedad, pero sólo cuando su cuantía es previsible a partir de una ley en sentido formal. Una base gravable expuesta a variaciones por lineamientos cartográficos de una agencia administrativa no cumple el estándar de previsibilidad. Y el artículo 2 de la CADH obliga al Estado a adoptar disposiciones de derecho interno que hagan efectivos los derechos, no a desplazar su contenido hacia normas infralegales.

Garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 y 25 de la CADH). La Corte IDH ha precisado que las garantías del artículo 8 rigen también en los procedimientos administrativos (Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 2001), y que el artículo 25 exige recursos no sólo formalmente existentes, sino adecuados y efectivos. En Cantos vs. Argentina (2002), el Tribunal declaró violado el derecho de acceso a la justicia por las barreras económicas que el Estado impuso al justiciable. La Ley General prevé que las autoridades detecten “inconsistencias” entre la información catastral y registral “para su corrección” mediante mecanismos interoperables (artículo 44), sin regular la audiencia previa del titular, el plazo para ofrecer pruebas ni el medio de defensa específico. Un ajuste automatizado que modifica la superficie registrada de un predio, sin garantía de audiencia previa, choca con el artículo 14 constitucional y con el artículo 8.1 de la CADH; y un recurso cuya sustanciación depende de manuales federales que el tribunal local no puede revisar con plenitud difícilmente satisface el estándar de efectividad del artículo 25.

 

X. “El Abogado del Diablo: Los Argumentos de la Defensa y por qué no Alcanzan”

Los defensores de la Ley General esgrimirán, con razón aparente, que el Congreso de la Unión goza de facultad expresa: el artículo 73, fracción XXIX-R, adicionado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013, lo faculta para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales. También dirán que la ley no toca tasas ni tablas, y que la homologación de trámites persigue un fin legítimo: catastros modernos, información confiable y menos corrupción.

Concedo el fin; niego el medio. La fracción XXIX-R autoriza a armonizar y homologar la organización y el funcionamiento de los catastros; no autoriza a administrar el impuesto que se calcula con ellos, ni a imponer un módulo federal de gestión del predial, ni a someter a los funcionarios municipales a la supervisión sancionadora de una dependencia del Ejecutivo Federal. Las facultades del artículo 73 deben leerse en armonía con el artículo 115, no por encima de él; ninguna norma constitucional derrota a otra. Incluso durante la discusión de la reforma de 2013 se subrayó que la homologación nunca podría implicar centralización. Armonizar es poner de acuerdo voces distintas; centralizar es callarlas. La Ley General no armoniza: sustituye.

XI. “Las Vías de Defensa y el Reloj que Corre”

Acción de inconstitucionalidad (artículo 105, fracción II, CPEUM). El plazo es de treinta días naturales a partir del día siguiente a la publicación (artículo 60 de la Ley Reglamentaria), por lo que, publicada la ley el 23 de octubre de 2026, el término vence en torno al 22 o 23 de noviembre de 2026. Están legitimados, entre otros, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dato revelador: la ley se aprobó en el Senado con 69 votos a favor y 32 en contra; los 32 votos opositores, por sí solos, no alcanzan el tercio de la Cámara.

Controversia constitucional (artículo 105, fracción I, CPEUM). Es la vía natural de los Municipios y de los Estados para defender su esfera competencial. El plazo es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la norma o al de su primer acto de aplicación (artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria). Si el primer término se agota, los lineamientos que la Agencia y la SEDATU deben emitir conforme al Transitorio Tercero, o el calendario de implementación del Transitorio Quinto, podrán constituir actos de aplicación que reabran la vía. Los Ayuntamientos que deseen preservar su autonomía deben preparar hoy su demanda.

Juicio de amparo (artículos 103 y 107 CPEUM). Para el contribuyente, la Ley General es predominantemente heteroaplicativa: sus destinatarios directos son autoridades. El agravio personal y directo surgirá con el primer acto concreto: la asignación de la Clave Única Catastral, la rectificación de superficie por “inconsistencia”, la notificación vía plataforma o la boleta predial de 2027 calculada con datos homologados. A partir de ese momento correrá el plazo de quince días del artículo 17 de la Ley de Amparo, y en la demanda podrá combatirse la ley junto con su primer acto de aplicación. Y como lo sostuve en la segunda entrega de esta serie, el alcance de una sentencia favorable no exime del pago, sino que constriñe a la autoridad a aplicar la base o tasa mínima del contexto de legalidad; por ello la plataforma federal no puede convertirse en obstáculo material para ejecutar sentencias: si el módulo no permite capturar la determinación judicial, el problema es del módulo, no de la sentencia.

 

Conclusión: “Y así…”

De lo anterior se concluye con meridiana claridad que la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, bajo la bandera legítima de la modernización, incurre en vicios de inconstitucionalidad e inconvencionalidad que pueden sintetizarse así:

  1. Invasión competencial: impone a los Municipios, sin convenio y desde la Federación, modelos, plataformas y un módulo de gestión del impuesto predial, en contravención de los candados del artículo 115, fracción IV, y de la jurisprudencia P./J. 5/2000.
  2. Violación a la reserva de ley tributaria: traslada a lineamientos administrativos la identificación del predio, la cartografía y la validez de las notificaciones, variables que inciden en la base gravable, contra el artículo 31, fracción IV, y la jurisprudencia P./J. 79/2009.
  3. Ruptura del diálogo hacendario: dicta desde los transitorios el resultado y el calendario que la jurisprudencia P./J. 111/2006, 113/2006 y 114/2006 reservó al proceso dialéctico entre Ayuntamientos y Legislaturas.
  4. Convalidación nacional de los vicios de Puebla y Colima: la simulación del ente sin personalidad renace como plataforma sin rostro, y la valuación al tanteo renace como valuación por interoperabilidad.
  5. Inconvencionalidad: compromete la previsibilidad exigida por el artículo 21 de la CADH y las garantías de audiencia y recurso efectivo de los artículos 8 y 25, conforme a los criterios de la Corte IDH en Ivcher Bronstein, Salvador Chiriboga, Baena Ricardo y Cantos.

En Puebla fue un consejo que no existía; en Colima, un valor que nadie calculaba. Hoy es una agencia que sí existe y un algoritmo que sí calcula, pero que la Constitución no autorizó a gobernar el tributo de los Municipios. Y así… lo que comenzó como un vicio local de dos entidades federativas se ha convertido, por ministerio de ley general, en el nuevo monumento nacional a la inconstitucionalidad del impuesto predial en México.

 

Fuentes y antecedentes

Antecedentes: serie del autor publicado en Índice Político

  1. Inconstitucionalidad del Impuesto Predial en la Mayor Parte de los Estados en México (1 de 2) — «El Caso Puebla», 29 de abril de 2019. Consejo Municipal de Catastro SIN PERSONALIDAD JURÍDICA (art. 66 Quater del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla); jurisprudencias P./J. 111/2006, 113/2006 y 114/2006.
  2. Inconstitucionalidad del Impuesto Predial en la Mayor Parte de los Estados en México (2 de 2) — «El Caso Colima», 6 de mayo de 2019. Arts. 126, 135, 136 y 137 de la Ley del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima; Ley de Hacienda para el Municipio de Armería; Amparo en Revisión 385/94; efecto de la sentencia: tasa mínima de dos salarios mínimos.

Fuente normativa

Jurisprudencia y precedentes

Contexto legislativo

Publicidad

Más columnas de José Alberto Sánchez Nava