Lilia Arellano
“Cien años de injusticia no hacen derecho”: Georg Wilhelm Friedrich Hegel
• Juniors del mal
• Ascienden narcotraficantes utilizando campañas
• Impunidad generalizada, patente gubernamental
• Dan dinero a CIDH; pero no atienden mandatos
• Deuda pública: “bomba de tiempo” para México
• Vocero presidencial destaca “brillantez” de EPN
Ciudad de México, 26 de Agosto de 2016.- “La culpa del padre no recaerá en el hijo”, sentencia de más de 2 mil años. En franca desobediencia, en México, la iniquidad de los padres sí recae en los vástagos pues el comportamiento guardado es similar o peor. Así, los hijos de narcos resultan “narquitos” con mayores ambiciones, con preparación académica no alcanzada por los progenitores, con facilidades superiores, tanto para comunicarse como para comercializar y ampliar mercados, de las puestas en marcha por sus antepasados. Igual se registra en el caso de los políticos. Igual heredan amistades, buscan posiciones superiores a las ejercidas por los progenitores, las ambiciones se reproducen tanto o más, logrando se multipliquen las fortunas, sin dejar de incluir para fortalecer este renglón los matrimonios a modo, entre los mismos, conocedores todos de las bondades de la corrupción y con la seguridad de ser impunes.
No debe sorprender se dediquen Iván Archivaldo o Alfredo Guzmán Loera desde temprana edad al cuidado del negocio de El Chapo, calificado por distintas voces como un buen padre, como progenitor responsable. Es de esperarse ambos conozcan perfectamente los nexos existentes en todo lo referente al comercio de estupefacientes, las relaciones, los puntos sensibles para contar con el respaldo de autoridades tanto de México como de Estados Unidos y, por supuesto, la conveniencia de contraer nupcias con quienes de alguna manera conocen los peligros de tan “socorrida profesión” y no convertirán las uniones en martirios, sino se tendrá la disposición de la defensa, tanto personal como patrimonial, y estarán presentes con toda fidelidad en esos momentos anunciados en las bodas: “en la salud y en la enfermedad; en lo bueno y en lo malo”.
Padres de unos y otros han buscado afanosamente sigan sus vástagos las mismas líneas, se conduzcan de igual manera y esto ha sido ya por generaciones en el caso de los políticos. Unos han sido nombrados “los cachorros de la Revolución”; los otros serán “los cachorros de los cárteles”. Esa tendencia a convertir en médicos a los hijos de los doctores y si se puede hasta con la misma especialidad; abogados herederos de despachos famosos, cuidando el patrimonio paterno o materno; ingenieros cuyo nacimiento incluye en la primera canastilla acciones de la constructora, se reproduce en los políticos ahora con maestrías y posgrados logrados en el extranjero con las cuales lograron erradicar cualquier sentimiento de patriotismo, representando el orgullo para sus progenitores por su conversión a “ciudadanos del mundo”, especialistas en lectura de encuestas.
Los narcos, por su parte, han logrado proles cuyo número las convierte en dinastías. Tienen muchos por aquello de los enfrentamientos o encarcelamientos. El emporio ha estado listo para la sucesión. Se ha llegado al punto de unión, unos y otros saben del enfrentamiento fingido, de los telones y lo escondido en ellos, de la abundancia, la riqueza, el poder, el dominio, el ejercicio de la palabra pronunciada para generar vida o muerte. Y todavía falta presenciar el ascenso de unos y otros, utilizando siempre la misma plataforma: los procesos electorales.
Al analizar el financiamiento ilícito de las campañas, especialistas internacionales destacaron: la penetración de dinero ilícito proveniente del crimen organizado tiende a pervertir las funciones institucionales en aras de garantizar la impunidad de los grupos delincuenciales, garantizar la preservación de sus operaciones; asegurar territorios para el tránsito de estupefacientes y favorecer la reinserción de las ganancias en la economía formal. El crimen organizado ha mostrado una capacidad de adaptación muy grande para revisar sus estrategias frente a nuevas políticas tendientes a combatir su penetración en las instituciones políticas, coincidieron.
Una de las debilidades gubernamentales para combatir la penetración ilícita de recursos en las campañas es la existencia de una visión disociada del fenómeno: se percibe la presencia del crimen organizado como un tema de seguridad y la corrupción un asunto de gobernabilidad. Por esa razón las estrategias para su combate tienden a estar disociadas reduciendo su eficacia, sostuvo Victoria Perotti, especialista en financiamiento ilícito del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
Durante un foro organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Perotti destacó: los objetivos fundamentales de las organizaciones del crimen organizado es asegurar centralmente la continuidad de sus negocios y obtener contratos públicos a fin de consolidar sus finanzas, pero también apuntalar seguridad territorial para sus negocios ilícitos. El crimen organizado no tiene inclinaciones ideológicas y lo mismo opera en países en condiciones de guerra o conflicto, como México, de transición democrática o incluso en democracias consolidadas.
Los sofisticados mecanismos delincuenciales para colocar dinero ilícito en la economía real, obliga a tener protocolos de prevención que por ahora no han sido eficaces, destacó Orbelín Pérez, del Buro de Seguridad y Legalidad Financiera.
Por su parte, Jorge Albero Rivera, abogado e internacionalista, destacó: cuando el crimen organizado logra penetrar la campaña de un candidato, el riesgo no sólo abarca al propio involucrado, sino que impacta en todo el territorio y sus diversos sociales. Y alertó sobre la necesidad de que los partidos construyan sus propios protocolos de seguridad para impedir la penetración del crimen organizado y tengan mecanismos de detección. Esa labor no deben dejársela a la Secretaría de Gobernación o al CISEN, concluyó.
En esta carrera ya se ve muy claramente quien o quienes van ganando ¿no cree usted?
CNDH Y LA IMPUNIDAD
Ante la falta de respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto a las graves violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional, las cuales erigieron un imperio de impunidad generalizada, en donde sobresalen las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, la aspirante presidencial, Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, anunció una aportación extraordinaria de México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos atendiendo a su llamado dada la crisis financiera por la cual atraviesa.
Durante la inauguración del seminario Derecho Nacional e Internacional. Desafíos Compartidos, la funcionaria aseguró: el gobierno de México nunca ha eludido su responsabilidad respecto a la promoción y defensa de los derechos humanos y por ello ha establecido mecanismos, como la puesta en marcha del nuevo sistema penal, así como la presentación de iniciativas al Congreso de la Unión para prevenir y sancionar la desaparición de personas y la tortura. Sin embargo, los esfuerzos oficiales son totalmente insuficientes. Cifras oficiales ubican en 26 mil 798 la cantidad de personas desaparecidas en todo el país. La Procuraduría General de la República investigaba 2 mil 420 denuncias de tortura hasta abril del año pasado, pero sólo se dieron 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal.
La violación de derechos humanos en el país ha generado incluso escándalos a nivel internacional como la desaparición de 43 estudiantes a manos de la policía en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, la cual se constituyó en un “ejemplo emblemático de la aparente colusión” entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado y “una muestra de la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes”, como lo subrayó este mismo año un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una visita al país el año pasado.
James Cavallaro, presidente de la CIDH, señaló como preocupantes prácticas como suspender los partes de prensa sobre bajas ocurridas durante enfrentamientos sostenidos por la fuerza pública. La CIDH también reportó graves irregularidades en las investigaciones llevadas a cabo por desapariciones.
A pesar de los esfuerzos oficiales, este gobierno se ubica ya como el más violento y ha alcanzado niveles cuya repetición era indeseable, ejemplificada en la gestión de Felipe Calderón. La corrupción y la impunidad de esta administración federal y algunas estatales, sumadas al miedo a la sociedad forman la “ecuación de la violencia” que padece el país, destaco René Jiménez Ornelas, especialista en sociodemografía de la violencia del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
El gobierno de Peña Nieto ha realizado grandes esfuerzos para intentar distanciarse de la explosión de violencia y violaciones a derechos humanos iniciada durante el mandato calderonista, pero le han resultado infructuosos porque las tasas de homicidios y de otros actos de violencia no han disminuido y se mantienen en los mismos niveles.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó en los primeros meses de esta administración federal reducción en el número de quejas por tortura y malos tratos, pero las cifras se volvieron a elevar el año pasado y el actual. Además, el registro de quejas de la CNDH no es una medición exacta de los incidentes de tortura y otros malos tratos ocurridos en el país, como consecuencia de la negativa de muchas personas a presentar denuncias. El reducido número de casos en los cuales se hacen recomendaciones públicas no reflejan el nivel real de la tortura y los malos tratos, sino los defectos en tramitación de los casos por parte de la CNDH.
En México impera una total impunidad. Entre 2010 y 2013, la CNDH recibió 7,164 quejas por tortura y malos tratos, pero ninguna desembocó en una condena penal. Muy pocas quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos se traducen en enjuiciamientos penales. Entre 2005 y 2013, los tribunales federales habían tramitado 123 enjuiciamientos por tortura; sólo siete desembocaron en condenas de aplicación de la legislación federal, según el Consejo de la Judicatura Federal, y sólo se registraron cinco condenas por tortura en el ámbito estatal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De 2005 a 2012, se dictaron únicamente seis sentencias por tortura, además de 143 sentencias por abuso de autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 305 por uso indebido de atribuciones, lo cual refleja se rebajan a infracciones menos graves los delitos de tortura y esto conlleva a condenas más leves o, en algunos casos, son tratados como asuntos disciplinarios menores.
ENDEUDADOS
La deuda pública del país es todo un lío para la administración de Peña Nieto. El monto del pago por concepto de intereses al exterior es relevante y adquiere mayor dimensión si tomamos en cuenta su crecimiento, lo cual es un factor de tensión para mercados como el cambiario y de tasas de interés en México. Una mayor erogación por el concepto de intereses, la cual ya es muy alta, dentro de un contexto externo más restrictivo, representa un riesgo para la estabilidad financiera del país.
El gobierno ha tomado algunas medidas para disminuir el ritmo de endeudamiento en lo general, como recortes al gasto público. En la presentación del programa económico para el próximo año se tomarán medidas adicionales para enviar un mensaje claro a los mercados con el compromiso con la estabilidad financiera y contribuir a evitar las agencias concreten su amenaza de reducir la calificación crediticia de México.
En principio, el paquete económico a presentarse el 8 de septiembre vendrá más que austero. El problema: se trata de un año previo a las elecciones federales y además habrá comicios en el estado con el padrón más grande, el Estado de México, en donde puede tocar fondo la baja de la popularidad del gobierno y del titular del Ejecutivo federal, quien está presionado para gastar más no sólo por razones políticas, sino porque todavía se requiere de un gran esfuerzo para sanear Pemex.
Durante el primer semestre de este año, el promedio que pagó México por concepto de intereses de la deuda externa ascendió a 13 mil 280 millones de dólares, es decir, alrededor de 240 mil 176 millones de pesos, cifra sin precedente desde 1995. En ese periodo, el pago de la deuda en pesos creció 22.90 por ciento, respecto del mismo lapso del año pasado, una tasa superior al promedio de 14.80 por ciento registrado desde 2010. Entre 1995 y 2009, el pago de los intereses de la deuda externa promedió 65 mil 863 millones de pesos durante el primer semestre de cada año. De 2010 a 2016 dicho monto se elevó a un promedio de 152 mil 469 millones de pesos en forma semestral.
Son preocupantes los mayores montos destinados al pago de intereses de la deuda externa debido a que se dan en un lapso donde todavía predomina la liquidez y el bajo costo del dinero. Un cambio en estos dos factores puede disparar fuertemente las erogaciones por este concepto. Cabe recordar: la Reserva Federal sólo ha incrementado su tasa de referencia en una ocasión en 25 puntos base en diciembre de 2015. La tendencia es que este proceso se pueda volver a dar a finales de este año y se extienda a lo largo del próximo.
DE LOS PASILLOS
Frente a la ola de críticas al cambio de formato del mensaje en torno al IV Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el vocero presidencial Eduardo Sánchez Hernández aseguró no habrá restricción en las preguntas que se le harán al jefe del Ejecutivo. “No hay pregunta prohibida, no hay tema vetado. La tercera parte del país son jóvenes, a esa parte se quiere dirigir. El presidente no está con la intención de ampliar su popularidad”… ¿Quién le cree?… En torno a las acusaciones de plagio de la tesis universitaria de Enrique Peña Nieto, Sánchez defendió que el presidente del jurado de su tesis de la Universidad Panamericana señala que es absolutamente original y cumplió con todos los requisitos, además de que el contenido de ese trabajo refleja “la brillante carrera que tuvo como estudiante”… Pues ya se comprobó la inexistencia de dicha originalidad y todos los mexicanos conocemos la “brillantez” intelectual del actual inquilino de Los Pinos, quien ni siquiera fue capaz de mencionar a tres autores o títulos de sus obras que lo hayan influido.
En los estados de Oaxaca y Guerrero, las autoridades educativas iniciaron el procedimiento de separación de mil 255 trabajadores docentes y de apoyo que han acumulado cuatro faltas consecutivas en las labores…
El desmantelamiento del patrimonio estatal sigue a pasos acelerados en la actual administración federal. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) vendió los dos últimos ingenios azucareros que tenía en su poder, El Potrero y San Miguelito, ambos ubicados en Veracruz, a la empresa Beta San Miguel, la cual pagará 3 mil 398 millones de pesos. El precio, aseguran, prácticamente duplicó el valor base de mil 390 millones de pesos estimados por el gobierno. Dichos ingenios producen cerca del 3.9 por ciento de la producción nacional azucarera del país. El caso de estos dos ingenios, junto con otros siete, ha estado rodeado de polémica, pues desde su expropiación, su venta fue obstaculizada por una serie de juicios mercantiles y amparos interpuestos por el empresario Enrique Molina, dueño del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze).
Sin duda una mala noticia para México es el débil desempeño de la economía de Estados Unidos. En el segundo trimestre de este año, el crecimiento económico del coloso del norte fue más lento de lo previsto inicialmente, debido a que las empresas redujeron agresivamente sus existencias de bienes no vendidos, contrarrestando un fuerte repunte en el gasto del consumidor. El Departamento de Comercio reportó: el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió sólo a una tasa anual de 1.1 por ciento…
Reitera Enrique Peña Nieto: no se harán cambios en el gabinete, ni antes, ni en el momento ni después del IV Informe. La declaración es natural, es parte de la estructura del mexiquense. Si esa lealtad a los amigos, a los socios, a los cómplices la hubiese manifestado hacia los ciudadanos, seguramente otros fueran los rumbos y los destinos. Por cierto, se sabe de la disponibilidad de quienes están siendo señalados por actos de los cuales el PRI de Ochoa Reza se avergüenza para pagar errores o ilícitos cometidos, todo ello una vez debidamente castigados los otorgamientos de contratos a OHL a HIGA, superados los conflictos de interés de las casas, la de las Lomas, la de Miami, la de Ixtapan de la Sal, un par de ranchos de cientos de hectáreas… O todos coludos o todos rabones, el Ejecutivo decide.
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