Por Aurelio Contreras Moreno
La creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz (CEAPP) tuvo un vicio de origen que ha marcado desde entonces su desempeño: su falta de autonomía respecto del Ejecutivo estatal.
El surgimiento de este organismo público se dio en el contexto de la más cruda violencia contra los comunicadores veracruzanos a la mitad del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, y su objetivo inicial era precisamente el de lavarle la cara al mandatario -que para entonces ya era señalado como agresor de periodistas- a propuesta de su entonces coordinadora de Comunicación Social y hoy empresaria mediática Gina Domínguez Colío.
Como resulta obvio, este “pecado original” le impidió a la CEAPP funcionar como debía, al tratarse de un órgano más del gobierno estatal, integrado a propuesta del Ejecutivo y, aunque dotado de autonomía en el papel, dependiente en sus decisiones del poder político.
Al menos en sus primeros años, la CEAPP fue uno más de los cotos de poder de Gina Domínguez, cuya injerencia en las decisiones del organismo fue siempre evidente. Al grado de que la primera secretaria ejecutiva, Namiko Matzumoto, cercana a la ex vocera de Javier Duarte, fue promovida desde ahí para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y su actual presidenta, Benita González, es conductora de uno de los espacios informativos de la agencia Quadratín Veracruz, cuya franquicia en la entidad es propiedad de la misma Domínguez Colío.
A pesar de sus claras limitaciones y de sus taras de origen, la CEAPP sí ha brindado algún apoyo valioso a los periodistas que se lo han solicitado, desde el acompañamiento jurídico en casos de denuncias por agresiones y la implementación de medidas de seguridad, hasta capacitaciones para trabajadores de los medios que, de otra forma, no habrían tenido oportunidad de acceder a éstas.
La llegada del nuevo gobierno que encabezará Miguel Ángel Yunes Linares ha abierto el debate sobre el destino de la CEAPP, que tiene dos alternativas: renovarse por completo y ser dotada de verdadera autonomía respecto del gobierno, o simplemente desaparecer.
Bajo la consideración de sus antecedentes, y ante el complicadísimo escenario económico de la entidad, la opción de terminar con la existencia de la CEAPP tiene fuerza en algunos sectores políticos y del propio gremio, que la consideran un costoso e inútil elefante blanco.
Sin embargo, como cualquier institución pública, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas es perfectible. Bien encauzada y renovada en sus órganos de dirección, podría dar los resultados que de ésta se esperan y que el gremio periodístico, que permanece en situación de vulnerabilidad en Veracruz, necesita.
Lo que necesita la Comisión es hacerla funcionar como se supone debería, con transparencia en sus decisiones y sus manejos administrativos. En esos términos, la CEAPP sí podría ser una valiosa herramienta para dignificar el trabajo periodístico y proteger el bien superior, que es el de la libertad de expresión y el derecho a la información.
La CEAPP tendría que renovarse desde la raíz, sin sesgos político-partidistas y mediante un amplio consenso, para ser funcional y verdaderamente útil en un estado donde la violencia no ha disminuido un ápice, así como para obtener la confianza de los periodistas veracruzanos, gremio profundamente herido y dividido en este infame sexenio.
Ya veremos si privan la sensatez, los intereses políticos o la víscera. Lo que es un hecho es que si la desaparición de los organismos públicos fuera la solución para el desempeño deficiente de los mismos, en Veracruz tendríamos que extinguir al gobierno entero.
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