Lilia Arellano.
“La única verdad es la realidad”: Aristóteles
• Militarización, armas y narco
• Viola Constitución aprobación del Senado
• Seguirán carreteras y aeropuertos,advierten
• Renuncia Carstens en medio de la tormenta
• Permanecen los despojos y el gran derroche
• Crece la dependencia a los Estados Unidos
Ciudad de México, 2 de Diciembre de 2016.- No es solamente en los terrenos económico y comercial en los cuales enfrenta el país una clara dependencia de los Estados Unidos, sino éstos se amplían de una manera peligrosa hacia otros controles en los cuales la política es la gran ausente. Por una parte resaltan las aprobaciones en las cuales se abren las puertas de la militarización con el significado en ingresos para el vecino del norte, a través de la venta de armas y la posibilidad de utilizar elementos oficiales en intervenciones disfrazadas. Lo visto hace dos décadas como lejana e increíble posibilidad hoy toma forma y quienes vivieron esas etapas de pretensión, como es el caso del senador Manuel Bartlett, están ciertos y conscientes de su alcance.
Como hace una semana, los índices de aprobación a la Presidencia, a Enrique Peña Nieto, van en picada. La más reciente encuesta señala a sólo dos de cada 10 ciudadanos aprobando su gestión. De ahí se relacione lo escrito en este mismo espacio el 24 del mes pasado con relación a la aprobación en el Senado de la entrada a la militarización de manera directa con el derrumbe del sistema, esquema al parecer previsto para encontrarle una solución radical. El texto anterior refería:
“A raíz de comprobarse el descenso del respaldo ciudadano, de simpatía hacia actuaciones y decisiones del titular del Ejecutivo, se observa una obsesión por agudizar el miedo, sembrar terror, paralizar a la sociedad a través de radicalizar la fuerza pública bajo el argumento de combatir la inseguridad, de derrotar al “narcoenemigo”, de meter orden, cuando el objetivo real se basa en acallar a las voces inconformes, a las demandantes de todo lo enmarcado en la Carta Magna, a quienes reclaman el fin de la corrupción y la impunidad, sobre quienes con la emisión del voto pueden, si se lo proponen, liquidar a todo el sistema y no sólo derrotar a los partidos políticos y sus respectivos abanderados. .
“Sin una estrategia eficaz de largo plazo y con ausencia de indicadores comprobables de reducción de la violencia e incidencia delictiva, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto apuesta el resto de su capital político a la militarización de la seguridad pública, al agotarse su engaño de manipular las cifras de comisión de delitos señalando la reducción de los homicidios dolosos, secuestros y extorsiones, además del robo común. El mexiquense empuja al Congreso de la Unión a dotar de un marco jurídico las labores de seguridad pública a cargo de las fuerzas armadas, labor hasta el momento ilegal y la cual no ha rendido resultados a lo largo de esta administración federal, como revelan los propios datos oficiales.
“Expertos y organizaciones no gubernamentales (ONG) subrayan los riesgos para el país de enfocar a las fuerzas armadas a la seguridad interna, como la llamada “guerra sucia” de los años 70s, durante la cual se les encargó la seguridad interior y se detonaron los casos de tortura, desapariciones y asesinatos. Las fuerzas armadas “no están capacitadas para realizar labores policíacas de seguridad interna, sino para combatir a un enemigo. Dar categoría de enemigo a alguien de la sociedad es grave y peligroso. En la lucha contra el narcotráfico, soldados y marinos han cometido excesos, crímenes atroces, y no debería correrse el riesgo de que los sigan cometiendo”, advirtió David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana (UIA).
“Por si fuera poco este encontrón de visiones, la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara baja para dar certidumbre jurídica a la participación de las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública interna, contiene algunas disposiciones violatorias al derecho a la privacidad y no garantizan el debido proceso, en opinión de Santiago Corcuera, presidente del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y para Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el documento tricolor representa un debilitamiento de los gobiernos locales y estatales, y mayor empoderamiento de los jefes militares en diversas zonas del país.
“La propuesta, agregó, va contra las recomendaciones de organismos internacionales. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sugerido sobre la presencia de militares en tareas de seguridad sólo temporal. Una ley para dar más facultades a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, creará las condiciones para la continua violación de derechos humanos con la “manipulación” de los términos de seguridad interna, estabilidad social y paz pública, subrayó Ríos Martínez”.
Se puntualiza en la serie de exposiciones en contra de esta decisión desde hace varios meses en esta columna señalando la militarización del país no es la opción contra la inseguridad. Más que “poner orden”, la determinación del Senado al aprobar la reforma del presidente Enrique Peña Nieto para entregar la seguridad de los puertos y las capitanías a la Secretaría de Marina, ha generado una gran incertidumbre e incrementado los temores de actuaciones en contra de ciudadanos inconformes con el sistema en general, con la conducción y utilización perversa de instituciones y dependencias.
Incluso, en la mayoría de los grandes centros turísticos con destino de playa en el país se prevé un impacto negativo al presentar los sitios de esparcimiento, descanso, diversión, un escenario en donde los uniformes y las armas largas suplen el espacio para admirar la naturaleza. Con esta aprobación se fortalece, por otra parte, la certeza de indolencia en el patrullaje marino para detener cargas de estupefacientes por esa ruta y de la misma manera queda al descubierto la inutilidad de tantos retenes en las carreteras, vía para el reparto de grandes cargamentos de droga, al sentenciar los legisladores de oposición serán éstas las siguientes, como también vendrá el turno de los aeropuertos.
No parece ser el término “guerra” decretado por Felipe Calderón el pretexto bajo el cual se viola con esta reforma artículo 120 constitucional donde se establece que en tiempos de paz los militares y los marinos deben estar en sus cuarteles, destacó la senadora del PT, Layda Sansores. Por lo tanto, quedan en el aire interrogantes por demás preocupantes sobre el futuro y no solamente en el terreno económico y comercial sino, incluso, en el de las libertades.
CARSTENS SE VA
Y en medio de la tormenta, el capitán del barco decide renunciar. El gobernador del banco central de México, Agustín Carstens anunció dejará el cargo para aceptar la propuesta para convertirse en gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), una institución la cual reúne a medio centenar de bancos centrales, con sede en Basilea, Suiza. “Todavía voy a estar en el cargo de gobernador siete meses y espero que la tormenta no dure tanto. Aquí estaré trabajando con toda entrega, con una gran coordinación con la Secretaría de Hacienda en los diferentes ámbitos y órganos en los que interactúan”, dijo y agregó: “no se debe leer mi salida como una reacción de mi parte a una situación coyuntural o a algún supuesto desencuentro con la Secretaría de Hacienda”.
Hace unas semanas Carstens había dejado entrever tenía una oferta para reincorporarse al FMI, la cual al parecer ya no se concretó. Cabe recordar en mayo de 2011 el gobierno de México lo postuló formalmente para ocupar la gerencia del FMI, la cual quedó finalmente en manos de la francesa Christine Lagarde. Ahora se va a una organización financiera propiedad de numerosos bancos centrales, controlada fundamentalmente por los de Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, la cual sirve de banco para los propios bancos centrales, aunque no rinde cuentas a ningún gobierno, por lo cual cabe la interrogante si la legislación federal mexicana permite en un lapso tan corto pasar de ser el responsable del banco central de México a convertirse en un ejecutivo en una entidad financiera internacional, dado el amplio conocimiento adquirido en las entrañas de las finanzas mexicanas, el cual ahora será puesto a disposición ahora de una entidad financiera extranjera.
Tras conocerse la renuncia de Carstens, el peso retrocedió ante el dólar en las ventanillas bancarias. Al escribir estas líneas, en Citibanamex se vendía 20 centavos más respecto al cierre previo, a 21.05 pesos, y se compraba en 20.30 unidades. En las operaciones de los mercados internacionales el precio del dólar subía 0.89 por ciento al comercializarse en 20.7572 pesos, desde los 20.5743 en los cuales cerró el miércoles. A lo largo de este año, el peso mexicano ha sufrido una depreciación de alrededor de 16.07 por ciento.
MALAS NOTAS PARA EPN
La corrupción en el gobierno federal sigue aumentando, percibe la mayoría de la población (57 por ciento) de acuerdo al sondeo de un diario capitalino. La desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto sigue incrementándose –sólo 2 de cada 10 ciudadanos lo aprueban- por la impunidad manifiesta, el mediocre desempeño de la economía, ya en franca desaceleración, y el fallido combate al crimen organizado. Y el próximo año será peor, advierten expertos y especialistas, con la nueva administración de la Casa Blanca (la de EU no la de La Gaviota), y la desatada sucesión presidencial, la cual erosiona aún más el disminuido poder del actual inquilino de Los Pinos.
Tras cuatro años de gestión, Peña Nieto mantiene una gran deuda con la ciudadanía: no ha controlado el gasto gubernamental, el cual ha caído en el dispendio, con sueldos, compensaciones y premios en efectivo para la alta burocracia; ha incrementado a niveles extraordinarios la deuda pública de la Federación, la cual ha crecido a 10 puntos del PIB en los últimos cuatro años; y ha debilitado las finanzas públicas. Y para el próximo año el panorama es negro, pues se tiene una menor perspectiva de crecimiento, de apenas 1.7% del PIB, derivado del menor gasto gubernamental, así como la amenaza representada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En 2017 habrá cambios en la política comercial de Estados Unidos, como lo ha advertido reiteradamente Donald Trump. Además, se espera mayor deportación de connacionales indocumentados, el levantamiento del muro en su frontera sur y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ante este adverso panorama, la administración de Peña Nieto no cuenta con un plan, pues espera ingenuamente un trato por parte del nuevo presidente de EU de “socios, aliados y amigos”.
Al arrancar su gobierno, Peña Nieto prometió “recuperar la seguridad pública, una sociedad más incluyente, un país con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global”. Lo alcanzado en dos tercios de su gestión es lamentable: la calidad de la enseñanza del país profundizó su rezago histórico; la permanente amenaza del crimen organizado ha empujado a la militarización de diversas zonas del territorio nacional, una acción totalmente inconstitucional; ha florecido como nunca antes la corrupción en las esferas de gobierno y, con ello, también la impunidad a los integrantes de la alta burocracia política, empezando por el propio inquilino de Los Pinos; y el insuficiente crecimiento económico se ha traducido en la reproducción de la pobreza, y la ampliación de la desigualdad entre una pequeña minoría y el resto de la población.
Los números económicos les son totalmente adversos al mexiquense: el dólar se cotiza ya en alrededor de 21 pesos en promedio desde hace algunas semanas; el estimado de crecimiento económico para este año es de apenas 2 por ciento del PIB; la inflación anualizada alcanza 3.06 por ciento; y la deuda pública llega a niveles estratosféricos: tan sólo en este año, de enero a octubre, para completar su gasto de operación y sus programas de inversión, el gobierno federal registró un endeudamiento diario de mil 443 millones de pesos, con lo cual la contratación de deuda interna y externa de la administración federal fue de un total de 443 mil millones de pesos.
Así, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública, ascendió a 9 billones 66.5 mil millones de pesos, mientras el observado al cierre de 2015 ascendió a 8 billones 633.5 mil millones de pesos, revela el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública correspondiente al décimo mes de este año. Además, el recorte presupuestal entre este y el próximo año respecto a lo gastado por el gobierno en 2015 será de 239 mil 700 millones de pesos y las tasas de interés han tenido cuatro aumentos en 2016 por 1.75 puntos porcentuales.
La economía del país se encuentra en un fase de desaceleración la cual podría acentuarse en 2017, como lo admite el propio Banco de México. Así, México va en camino de convertirse en un país más pobre, más desigual, con menos derechos sociales y con una democracia mermada. La riqueza sigue acumulándose lejos del alcance de las clases medias, mientras éstas pierden sus puestos de trabajo o su capacidad adquisitiva, más personas pasan a engrosar las listas de la vulnerabilidad y son precisamente los más pobres quienes quedan abandonados a su suerte.
DESPILFARRO OFICIAL
La economía se encuentra en franca desaceleración y el pésimo manejo de las finanzas nacionales obligó al gobierno federal a recortar el presupuesto de este año y el próximo. Pese a todo, diputados federales y senadores se alistan para recibir a partir de este mes en sus cuentas bancarias una bolsa de más de 419.6 millones de pesos como parte de aguinaldo, dieta mensual y apoyos legislativos, además el denominado “bono navideño”. Cada diputado recibirá alrededor de 718 mil pesos, de los cuales 357 mil son de lo que se les paga por ley, oficial y transparente, más un bono discrecional llamado “navideño”, con el cual cada legislador en la Cámara baja recibe otros 361 mil pesos.
En el Senado existe una bolsa de 60.6 millones de pesos a depositarse este mes a las cuentas de nómina de los 128 senadores por los conceptos de dieta, aguinaldos, asistencia legislativa y atención ciudadana. Cada senador recibirá 117 mil 400 pesos por dieta mensual, lo cual suma 15 millones 27 mil 200 pesos; por aguinaldos, 40 días de salario, recibirán 156 mil 533 pesos, con lo cual se erogarán 20 millones 356 mil 224 pesos; por asistencia legislativa y atención ciudadana reciben 200 mil pesos mensuales, es decir, un desembolso de 25 millones 600 mil pesos.
DESPOJO A ATRAVÉS DE EMPRESAS FANTASMAS
Ojalá repercuta en los ciudadanos la única ventaja hasta hoy vista en las denuncias e investigaciones realizadas en contra de funcionarios y ex gobernadores acusados de delitos ligados con el manejo y disposición de los fondos públicos. Se trata de la detección de empresas fantasmas informada por el SAT, precisando se trata de 10 mil. Las maniobras financieras fueron denunciadas a la PGR y de ahí siguieron la ruta hasta llegar a Sistema de Administración Tributaria.
Osvaldo Santín Quiroz, jefe del SAT, estima podrían estar simulando operaciones por hasta 300 mil millones de pesos, no sólo con gobiernos estatales, sino también entre particulares. “Estamos hablando de empresas nacionales con domicilio fiscal en el país y que están dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes”, precisó en la inauguración de la Expo Feria Nómina Digital. Existe una investigación en curso en torno a esas compañías y de ser detectadas irregularidades, se eliminarán todas las actividades fiscales, advirtió el funcionario. “Además, las contrapartes también serían llamadas para rendición de cuentas y para eliminar el efecto fiscal que se intentó dar”, dijo.
El SAT publicó ya una lista de 69 empresas fantasmas, las cuales emitieron facturas por operaciones inexistentes. De acuerdo a las cifras del organismo, hasta el 2015 se descubrieron 2,284 empresas fantasmas, en donde alrededor de 88,309 contribuyentes estuvieron involucrados en la facturación falsa por 580,956 millones de pesos.
DE LOS PASILLOS
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) determinó: el salario mínimo pasará de 73.04 pesos este año a 80.04 pesos en 2017, es decir, un aumento de 9.58 por ciento. El organismo explicó se decidió otorgar un doble incremento: uno de 4 pesos sobre los 73.04 pesos en los cuales se ubica actualmente el salario, con lo cual llega a 77.04 pesos, y otro adicional de 3.9 por ciento sobre esa cifra…. El aumento de cuatro pesos, conocido como monto independiente de recuperación, corresponde al ajuste no otorgado durante el año por diferentes acontecimientos como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la expectativa de regularización de la política monetaria de Estados Unidos y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Es decir, si ganamos tan poco y nos dieron estos cuatro pesotes es por situaciones en el extranjero, en tanto, el 3.9 por ciento es el incremento otorgado cada año y va de acuerdo a la inflación, esa si muy de aquí y dicen controlada…
Este último mes del año, las tarifas de la CFE a la industria serán entre 1.8 y 3.6 por ciento mayores que el mes pasado. Pero comparadas con diciembre de 2015, las tarifas industriales son hasta 52.5 por ciento más altas. Y para los usuarios Domésticos de Alto Consumo (DAC), su factura eléctrica de este mes será 1.4 por ciento mayor que el recibo de noviembre, mientras los pequeños y medianos comercios deberán desembolsar entre 1.4 y 2.4 por ciento más. Respecto a hace un año, los consumidores DAC pagaran 23.8 por ciento más, mientras los negocios enfrentan tarifas entre 23.8 y 36.3 por ciento más por sus facturas de luz…
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