* Los civiles olvidan lo primordial: institución que asume la responsabilidad, se hace con el poder. En política el cumplimiento puntual de ciertas leyes físicas es automático: los vacíos no duran
Gregorio Ortega Molina
Con la formal negociación poselectoral de 1988 y la aparición pública del EZLN en 1994, inicia la desnaturalización del orden constitucional; en cuanto a la desestructuración del presidencialismo, puede fecharse su inicio con la declaración de guerra al narcotráfico.
Las consecuencias están a la vista: precipitada decadencia de todo orden, manifiesta en la violencia incontenible y la corrupción impune.
Azora que mientras la funcionalidad de las instituciones se les disuelve en las manos a nuestros diligentes, integérrimos y audaces gobernantes -con el silencio cómplice del Poder Judicial y la anuencia absurda del Legislativo-, aspiren a montar su propio cadalso en la redacción de la normatividad legal al artículo 29 de la Constitución, cuando más claro para cumplirse su ordenamiento, imposible.
El desarrollo de los acontecimientos recientes indica que los civiles que son gobierno están dispuestos a todo, con tal de eludir su mandato y responsabilidad constitucional. Que no lo olviden, pues además de la Nación, serán los proles, la clase media, los empresarios descontentos y los militares renuentes a convertirse en chivos expiatorios, quienes se los demanden.
¿Quieren mayor claridad? Dice el mandato que deben acatar: “En los casos de… perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación…”.
Allí está el mandato al Presidente Constitucional de México, quien también es el Comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es, entonces, la necesidad de buscarles chichis a las culebras con una ley reglamentaria?
Lo que hoy vivimos y sufrimos los mexicanos es una perturbación grave de la paz pública, sistémica e intencionadamente organizada desde la delincuencia organizada, poseedora de armas similares o superiores a las que portan marinos y soldados, ya no digamos las fuerzas policiacas.
Supongo, en mi ingenuidad de mexicano de a pie, que desde el Poder Ejecutivo temen el agravamiento de la tensión social, propiciado por el retardo o el fracaso de los resultados de su proyecto económico, lo que nos conducirá a situaciones de distorsión de la paz pública similares a las de Brasil, por lo pronto, aunque lo que ocurre en Venezuela de seguro es la peor de las pesadillas en los análisis de seguridad interna.
Pero los civiles olvidan la primordial: institución que asume la responsabilidad, se hace con el poder. En política el cumplimiento puntual de ciertas leyes físicas es automático: los vacíos no duran.
Claro que la rigidez de su consciencia se los impide. Olvidaron que servir al Estado requiere de ir más allá de las normas que establecen las religiones y las leyes, y además poder cerrar los ojos para dormir, en paz.
Con todo respeto Don Gregorio, porque no llama a las cosas por su nombre. Porque quien detenta el poder desde la independencia es una casta, con pequeñas interrupciones por Juarez y Lazaro Cardenas. Los civiles como su servidor somos convidados de piedra.