Joel Hernández Santiago
Ya se sabe que con mucha frecuencia el gobierno es enemigo de la libertad de expresión porque con ésta se exponen aciertos o errores, debilidades o fortalezas, pero sobre todo, se exhiben pillerías, corrupciones, jaloneos políticos, mentiras, acuerdos secretos y, sobre todo, se conoce debilidad de gobierno o traición: Sobre todo en democracias no consolidadas, como la nuestra.
Y para que los mexicanos tuvieran la garantía de esta libertad en también deben estar informados; así que se reformó el artículo 6° Constitucional en el que se garantiza el derecho a la información de todos los aquí presentes. Luego de aquello, se ha reformado más recientemente este artículo para ampliarlo hacia el acceso a la información, la transparencia y todo aquello novedoso que prevenga de abusos, de tal forma que el artículo queda así:
Bueno, pues por estos días en días se ha desatado en México un gran debate por recientes ajustes que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en su autonomía ha elaborado una defensa de los derechos de la audiencia. Está bien.
Lo interesante es que, primero, esto corresponde a una Ley de Telecomunicaciones aprobada en 2013, dentro del paquete de reformas estructurales que envió el presidente Peña Nieto al Congreso. Fue aprobada. En su aceptación participaron los distintos partidos políticos legalmente registrados ante el INE. Se le otorgan atribuciones al IFT para que ejerza el cuidado y la defensa de la Ley y de su contenido.
Y el debate ahora radica en que el IFT, en sus atribuciones, presentó en diciembre esas directrices “a las que deben ajustarse los concesionarios de TV y radio a favor de los consumidores”.
Pero resulta que ahora tanto la presidencia de la República como Senadores de diferentes partidos han iniciado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que aprobaron y que involucran el tema de los derechos de las audiencias. Además, estas voces dicen que es un exceso darle atribuciones a un organismo eminentemente técnico (IFT) para regular contenidos y derechos de audiencias.
Por su parte, quienes han estimulado esta “defensa de las audiencias” argumentan básicamente el por qué cuestionar atribuciones al IFT que ya habían sido otorgadas y por otro lado, que las directrices tienen que ver con la comercialización de contenidos: esto porque ahí se establece que debe quedar claro en toda transmisión qué es información, qué es opinión y señalarle al auditorio qué mensajes son pagados o son propaganda…
Todo esto está bien. Pero resulta que en la iniciativa del IFT no queda claro el punto de defensa del auditorio. Por un lado se defiende a la audiencia pero se inhibe la expresión pública de las ideas pues no detalla qué o quién puede o no expresarlas, o en qué casos, aunque se afirma que ‘todos’, pero en un ‘todos’ con aristas y muy condicionados.
Por ejemplo, los programas de información y debate tan necesarios en los que se hace alusión a partidos políticos o marcas o tal ¿serán ilegales por no estar en la cuadrícula? o si cuando el auditorio participa debe considerarse tal aportación como no informativa…
Todo este berenjenal tiene su origen en el ejercicio de una crítica a los medios, volviendo a la vieja historia de que ‘el medio es el mensaje’. ¿Sí? ¿No?
Bien que quede claro-clarísimo cuándo el mensaje es pagado, es publicidad, es propaganda y tal; pero no queda claro ahí cómo establecer las pautas del punto crítico con el punto informativo. Se hace una esquematización absurda y, al parecer, infranqueable.
Luego, da la impresión de que en esos artículos del IFT se trata a la audiencia de incapaz de dirimir entre información, opinión y publicidad.
Y da la impresión, también, de que esta ley quiere ajustar cuentas con quienes se expresan en los medios inhibiendo –si- la libertad de expresión tanto de analistas, como de políticos, periodistas y todos aquellos que quieran expresar sus ideas en los espacios que están dispuestos para ello y se crea el principio de que todo el que emita una opinión es culpable de querer tergiversar la información en beneficio individual.
SÍ, hay que defender al receptor de los mensajes; pero una cosa es defenderlo y otra es inhibir la libertad de expresión creando cajones de sastre inútiles en momentos en los que tanto los medios electrónicos como las redes están efervescentes y en los que participa ese mismo auditorio al que se dice defender.
Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho del auditorio. No a candados inútiles cuando expresarse es indispensable en tiempos revueltos y a falta de liderazgos políticos.
