El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, manifestó su convicción de que el Senado, la Cámara Baja y el propio Ejecutivo federal, lograrán concretar las reformas necesarias para que los migrantes tengan acceso al sistema educativo nacional.
Escudero Morales apuntó que los trabajos de las audiencias públicas para analizar la iniciativa preferente y la presentada por separado por legisladores que se reunieron específicamente con un grupo de migrantes, establecen las “condiciones para atender una problemática que nos preocupa, ocupa, y que debe ser de atención inmediata”.
La senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que el Senado ha mostrado interés por acompañar las acciones del Ejecutivo y de los mexicanos en su conjunto; muestra de ello es la “Operación Monarca”, que acompaña el interés de la iniciativa preferente, que busca reducir y simplificar los requisitos y procesos burocráticos para la reincorporación de estudiantes al sistema educativo y revalidación de estudios más ágil.
México debe garantizar a los mexicanos que regresan en condiciones difíciles, por la deportación, el acceso rápido, expedito y oportuno al sistema educativo nacional, pues sólo así se le responde al sufrimiento por el embate por parte del gobierno norteamericano.
Hortensia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, manifestó su preocupación respecto a que la iniciativa preferente no contiene los datos suficientes para dimensionar el fenómeno que representa el problema migratorio, ni dónde impactará o lo que se requiere para solucionarlo; también criticó que se desestime la utilización de recursos para que opere la propuesta del Ejecutivo federal. Aragón Castillo subrayó el compromiso de que a más tardar el miércoles 15 de febrero, hará llegar al Senado de la República las opiniones que los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados han remitido a la comisión que preside.
Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, refirió que el miércoles se empezará a elaborar el dictamen de la iniciativa preferente; el lunes 20 de febrero realizarán trabajo en comisiones unidas para aprobar el dictamen; y el martes 21 de febrero se presentaría al Pleno del Senado. Recordó que los senadores trabajan desde hace más de un año en la Ley General de Educación y en la revisión del Acuerdo 286.
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, expuso que ante la urgencia de que se vive por la gran cantidad de connacionales que ya se encuentran en el país, deportados o por propia voluntad, es obligación del Ejecutivo federal y del Congreso eliminar la burocracia acumulada durante décadas, para hacer posibles los procesos de revalidación de estudios y de asimilación al sistema educativo.
Nuño calificó como “historias de terror” las vivencias de mexicanos al tratar de revalidar sus estudios. “Tenemos que poner fin a ello”, por lo que son necesarias modificaciones centrales a la ley, contenidas en la iniciativa preferente, que deben complementarse con el Acuerdo Secretarial 286, “donde podemos cambiar muchas de estas trabas, con la observación del Congreso.
Destacó también el titular de Educación, el principio de anteponer el derecho a la educación de todo niño, niña o joven, pues “el artículo 3º constitucional está por encima del papeleo burocrático”. La iniciativa presidencial plantea la máxima flexibilidad para revalidar estudios e ingresar al sistema educativo nacional por parte de estudiantes que estudiaron en Estados Unidos, o en cualquier otro país, apuntó.
Para ello, se propone la eliminación de traducciones por peritos de los certificados de educación en el extranjero; eliminación de los apostillados en documentos de identidad; revalidación de estudios universitarios bajo las modalidades del reconocimiento de instituciones que se encuentren dentro de los padrones del Conacyt o de listados de universidades de prestigio; y se concederá la revalidación si se comprueba que existe la institución extranjera de donde se haya egresado.
Las universidades facultadas a realizar revalidaciones de universidades en el país podrán hacerlo también en el caso de estudios en el extranjero, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, concluyó.
Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), refirió que en enero de este año se registraron 12 mil 447 mexicanos en retorno, 600 menos que en 2016, donde la cifra fue de 13 mil 93, por lo que se puede ver que no es inmediato el reflejo de las acciones del Ejecutivo estadounidense y que permite hacer una planeación para la recepción de los mexicanos.
Con tal propósito, se han establecido 11 puntos de repatriación y uno vía aérea en la Ciudad de México, con lo que se atiende de manera más digna a los mexicanos en retorno, así como la implementación del Programa “Somos Mexicanos”, en el que diferentes instituciones federales ofrecen beneficios con diversos programas.
Sin embargo, reconoció que el principal problema es la identidad, el cual, ha disminuido con los avances en el Registro Nacional de Población, por lo cual es necesario que cada dependencia federal realice la parte que le corresponde para ofrecer dignidad y confianza a los mexicanos que regresan de Estados Unidos.
Jacob Prado González, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló por su parte que los operativos de detención migratoria realizados en el actual gobierno de EU, no son diferentes a los que se han realizado en los últimos años, sólo han tenido mucha notoriedad y esto ha generado preocupación a la comunidad mexicana en aquel país.
Señaló que los cónsules están atentos al cumplimiento de los arreglos locales de repatriación, para que el proceso completo se realice de una manera segura, humana y ordenada; y en este proceso la flexibilización de requisitos para la revalidación de estudios es fundamental.
David Manuel Velazco Samperio, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, comentó que el contenido de la iniciativa preferente es oportuno, y su difusión precisa a través de los consulados es fundamental.
Detalló que 75 por ciento de los mexicanos más vulnerables en Estados Unidos se concentran en 35 condados de estados como California, Illinois, Arizona, Texas, Nevada, Nueva York, Denver y Georgia.
