Lilia Arellano.
“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia”: Luis Donaldo Colosio
• México, gran lavandería
• Tercer lugar mundial en blanqueo del dinero: GFI
• Extinción de dominio: sin indagatorias o resultados
• Opaca recuperación y decomiso de activos a narcos
• Rafa Márquez y Julión Álvarez, 2 casos mediáticos
• Guerra al narcotráfico permanece sin marco jurídico
• Doña Lety presa: “una golondrina no hace verano”
Ciudad de México, 11 de agosto de 2017.- Dentro del creciente número de asignaturas pendientes del actual gobierno federal en materia de seguridad destaca el denominado “lavado de dinero”. México es el tercer país con mayor flujo de capitales de procedencia ilícita, con un monto estimado de entre 50 y 60 mil millones de dólares al año, revela un estudio de Global Financial Integrity. Según las autoridades, el sistema financiero mexicano es uno de los más vigilados para evitar ese delito y el que más reportes y alertas envía de posibles operaciones ilegales. Pero en la realidad, los resultados son desalentadores pues no hay un número importante de investigaciones concluidas, ni de condenas, ni de casos de extinción de dominio o recuperación y decomiso de activos. De hecho, existe una gran opacidad en estos rubros, en donde todo parece indicar se convierten en “botín de guerra”.
Más de 4 mil 600 nombres, tanto de personas físicas como morales, incluidos el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, conforman la lista de cuentas bloqueadas por posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda desde 2014. En ese año, la UIF incluyó más de mil 200 nombres en esa relación, la cual debe ser revisada por instituciones financieras y empresas con actividades vulnerables. Sin embargo, no existe un listado global que proporcione la UIF, algo que se ha pedido desde la creación de la Lista de Personas Bloqueadas que está en la Ley de Instituciones de Crédito. Este año se estima fueron bloqueadas las cuentas de 600 clientes de la banca que estaban en el listado de la UIF.
Por lo que se refiere a la investigación iniciada en Estados Unidos sobre la red de empresas y personas involucradas con el narcotraficante Raúl Flores, de acuerdo con especialistas, la Procuraduría General de la República (PGR) debe comenzar una investigación paralela para indagar el posible lavado de dinero en empresas de Rafael Márquez y Julión Álvarez. “La investigación de EU arroja que empresas mexicanas de estas personas participaron presuntamente en el lavado de dinero de un narcotraficante, y si eso es cierto, esos delitos se cometieron aquí y por lo tanto no sólo podría, deben de perseguirse y castigarse en el país a las personas involucradas”, consideró Raúl Carbajal, socio director del Bufete Carbajal Bermúdez.
Activos financieros en México de Rafael Márquez y Julión Álvarez comenzaron a ser congelados por las autoridades financieras del país, en reciprocidad con los tratados internacionales que México tiene signados con Estados Unidos. Las cuentas bancarias en HSBC de las empresas Grand Casino, ubicadas en Zapopan, Jalisco, y del Grupo Terapéutico Hormonal, en Banorte, fueron congeladas. Además de Márquez y Álvarez, la SHCP también ordenó congelar los recursos económicos de las otras 64 personas físicas y morales que aparecen en la investigación realizada por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La lista incluye a Efraín y Omar Caro Urías, parientes de Rafael Caro Quintero; Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González, quienes actuaban en nombre del futbolista. También, Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana, entre otros.
MÉXICO, GRAN LAVANDERÍA: GFI
De acuerdo con Global Financial Integrity, México es el tercer país en el mundo con el mayor flujo de recursos financieros ilícitos, con un monto estimado en 53 mil millones de dólares en promedio, entre 2004 y 2013. Sólo es superado por China y Rusia, con 139 mil y 105 mil millones de dólares en promedio por año. Estimaciones extraoficiales de las autoridades indican que en el país se lavan de 50 a 60 mil millones de dólares al año, monto que dista mucho de los recursos incautados. Durante los últimos tres años, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el número de reportes de operaciones inusuales emitidos por las instituciones financieras repuntó de 75 mil 500 en 2013 a casi 168 mil en 2016, de acuerdo a cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Pero los propios datos oficiales del IV Informe de Gobierno muestran los mediocres resultados alcanzados en la materia: entre septiembre de 2015 y julio de 2016 sólo se logró el aseguramiento de 237 millones de pesos y 4.2 millones de dólares en las operaciones de combate al lavado de dinero. También se iniciaron 184 averiguaciones previas en el periodo y el total de detenidos fueron 27 y sólo se obtuvieron 15 sentencias condenatorias.
De ahí resulta interesante recordar: como parte de las investigaciones que el gobierno hizo contra Raúl Flores Hernández, en 2009 le decomisó seis mansiones en la Ciudad de México, Jalisco y Morelos, 10 automóviles y más de 6 millones de dólares. Fue detenido el 20 de octubre de 2013 e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit, por los delitos de encubrimiento, lavado de dinero y delitos contra la seguridad pública. El caso se siguió en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales en Nayarit, donde se ordenó el aseguramiento de propiedades ligadas a este sujeto, entre ellas la casa ubicada en Tchaikovsky número 474, colonia Arcos de Guadalupe, en Zapopan, Jalisco, la misma que aparece en su pasaporte como domicilio particular.
Las otras propiedades aseguradas fueron las ubicadas en calle Retorno 3 del Tepozteco, número 20, fraccionamiento Colinas del Bosque, delegación Tlalpan; y calle Explanada número 917, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, ambas en la Ciudad de México. En estas propiedades las autoridades localizaron 6 millones 448 mil 355 dólares americanos y 18 mil 800 euros, todo en efectivo, recursos que quedaron también a disposición de la PGR.
Otras tres propiedades están en Jalisco, entre ellas la mencionada en Tchaikovsky, en Zapopan; otra en avenida Sebastián Bach número 5115, colonia Residencial La Estancia, también en ese municipio, y la última en avenida Chapalita, número 50, colonia Jardines Plaza del Sol, en el municipio de Guadalajara. Una propiedad más de las incautadas a Flores Hernández está en la calle Llamarada número 193, del Fraccionamiento Residencial Sumiya, en el municipio de Jiutepec, Morelos.
Raúl Flores Hernández estuvo preso entre 2013 y 2015, año en el que alcanzó su libertad el 16 de abril al ser absuelto. Las autoridades estadounidenses lo ligan con los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. En EU se le identifica como lavador de dinero, por lo cual las autoridades mexicanas reiniciaron una investigación en su contra, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU señaló: “Raúl Flores ha operado durante décadas por sus largas relaciones con otros cárteles de la droga y el uso de personajes que enmascaraban las finanzas del grupo criminal”. Según ellos, Flores mantiene alianzas estratégicas con el Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En 2010, el 30 de agosto, el Diario Oficial de la Federación informó que la PGR ofrecía una recompensa por Raúl Flores Hernández, por su probable responsabilidad de los delitos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura de la coalición Todos somos Tamaulipas, y cuatro de sus acompañantes. En dicha publicación, se refieren a Flores Hernández como Miguel Casas Linares.
El jueves, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, confirmó que Raúl Flores Hernández, El Tío, fue trasladado desde el Reclusorio Sur de la Ciudad de México al penal federal del Altiplano. Fue aprehendido en Zapopan, Jalisco, el 20 de julio por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. En marzo se presentaron cargos por narcotráfico contra Flores Hernández en Washington y California, según agencias informativas
Ahora bien, toda esta información tiene referencias sobre lo incautado pero no hay seguimiento para saber lo hecho o hacia a dónde asignaron los millones de dólares y si ya fueron puestas en subasta las propiedades y, de ser así, a dónde fue a parar lo captado. Hablan de transparencia en medio de una gran oscuridad.
GUERRA A NARCO, SIN MARCO JURÍDICO
Otro de los grandes pendientes de esta administración federal y del Congreso de la Unión es que las fuerzas armadas realizan un peligroso trabajo en materia de seguridad sin un marco jurídico que regule sus operativos. Durante una ceremonia de reconocimiento, en el Patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, encabezada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México, recordaron a los gobernadores que sus tareas anticrimen las realizan de cualquier modo con o sin marco jurídico, anteponiendo su compromiso con los ciudadanos.
Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, indicó: “el reconocimiento representa un gran estímulo y es para más de 200 mil soldados que todos los días están en las calles de día y de noche defendiendo a la ciudadanía, ofrendando su vida como todos ustedes seguramente lo han visto, dejando de lado intereses familiares o de otro tipo, en beneficio de la sociedad y de los gobiernos federal y estatales con marco jurídico o sin marco jurídico”.
Vidal Soberón, secretario de Marina, reiteró: “este tipo de eventos obviamente nos obligan a ser mejores, nos obligan a hacer más por nuestra sociedad ya lo dijo Salvador, le robo sus palabras, con marco legal o sin marco legal siempre estaremos cerca de nuestra sociedad porque nos debemos a ella”. Desde el sexenio pasado, las Fuerzas Armadas han urgido al Congreso de la Unión cambios legales a la Ley de Seguridad Nacional para regular sus acciones contra los cárteles del narcotráfico.
UNA GOLONDRINA NO HACE VERANO
La captura de doña Lety han tratado de manejarla como un elemento para el retorno de la seguridad en Cancún, en la Riviera Maya, al ubicarla como la principal lideresa y distribuidora de droga en esas plazas. Las aprehensiones de quienes delinquen siempre merecerán se diga va cumpliendo la autoridad con su deber, no es algo que deba reconocerse ni celebrarse una vez conocidos los multimillonarios presupuestos asignados para esta tarea y la permanente relación existente entre autoridad y delincuencia. Todavía falta mucho camino por recorrer para poder señalar estas capturas contribuyen al retorno de la tranquilidad de los ciudadanos.
Un día después de haber sido detenida doña Lety en Puebla, los movimientos realizados en la ciudad de Cancún por federales lograron la percepción de mayor temor entre la población, sobre todo por lo realizado en los fraccionamientos en donde habita la clase económicamente alta del lugar. A eso se agrega una vigilancia supuestamente redoblada para prevenir acciones violentas del grupo comandado por “la 40”, o sea por un lado dicen se logra tranquilidad, por la otra se inyecta el temor sobre lo que puede acontecer. Lo claro y visto se circunscribe a la llegada de otros líderes con iguales o mayores ánimos de pelear las plazas y, ante eso, sí que vale estar prevenidos y procurar no festinar un evento con el cual no se avanza en seguridad.
Si hubiese una medición exacta de los líderes, de las cabezas de los narcos, ésta tendría que pasar por la relación de propiedades, por el aseguramiento de efectivo, por la fortuna acumulada. Porque ya sea tratándose de doña Lety o de Flores o de Guzmán Loera o de Quintero, resultan estar pobretones. Se habla de las riquezas, de los miles de millones de dólares lavados y acumulados pero, al momento de hacer las detenciones, estos desaparecen mágicamente, ya no se sabe nada. Tal vez y como así sucedió con Pablo Escobar, se esfumó una gran parte del capital acumulado, se hacen copias de las acciones gubernamentales y la gente, como siempre, solamente paga los platos rotos, se enfrenta a la delincuencia, es víctima de ellos, envenenan a sus hijos, a los nietos, llega a ser una estadística más en los reportes de ejecutados o asesinados en calidad de “daño colateral”.
El dinero, ese es para otras bolsas en las cuales se incluye la instalada en pleno Paseo de la Reforma. Por cierto y en vista de contar con un primer informe gubernamental en el cual la nota roja ocupará un buen tiempo, ¿mencionarán los acosos, amenazas, la violencia ejercida en contra de los periodistas?
DE LOS PASILLOS
En los últimos años, México incrementó su gasto en seguridad. De acuerdo con el think tank Ethos, en el periodo 2008 a 2015, el gasto en seguridad interior acumuló un crecimiento de 61 por ciento, al pasar de una inversión de 27 mil 259 millones de pesos a 43 mil 957 millones de pesos, con un crecimiento anual promedio de casi 2.1 mil millones de pesos. Sin embargo persisten los altos niveles de violencia…
La cifra de delitos no denunciados o sin averiguación previa es contundente, de acuerdo a la información del Inegi: menos de uno de cada 10 delitos cometidos es registrado, pues las víctimas consideran la denuncia una pérdida de tiempo, desconfían de las autoridades y no pueden aportar pruebas. Con un 94 por ciento de delitos no denunciados, México supera a naciones como El Salvador, Brasil y Ecuador…
Los homicidios en México se mantienen a la alza: entre 2014 y 2016 el número de homicidios se incrementó a niveles de 2012 y las expectativas son que para 2017 lleguen a un nuevo máximo. Entre 2010 y 2016 los estados que mayores aumentos registraron en su tasa de homicidios son: Colima (478%), Zacatecas (297.3%) y Baja California Sur (230.2%).
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