Lilia Arellano
“Cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes”: Publio Cornelio Tácito
• Más impuestos y gasolinazos
• Ajustan diputados ISR y mantienen IEPS
• Caso Odebrecht: montan impunidad total
• Jugosos negocios con la tierra en Q. Roo
• Ex gobernadores: “amor a la tierra ajena”
Ciudad de México 19 de octubre de 2017.- El cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto será duro para los trabajadores mexicanos. El proyecto de Ley de Ingresos de la Federación 2018 prevé un ajuste en el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) a personas físicas, debido a que la inflación rebasó el 10 por ciento. La recaudación de ese impuesto pasará de un billón 562 mil 197 millones de pesos a un billón 566 mil 186 millones de pesos, de acuerdo a la propuesta presentada en la Comisión de Hacienda. Además, integrantes de dicha comisión rechazaron modificar la Ley del IEPS, con objeto de reducir el costo de las gasolinas en el país, y acordaron presentar un nuevo proyecto. Sólo así, con el incremento de impuestos y los gasolinazos, lograrán alcanzar las metas de recaudación.
El dictamen es analizado por los legisladores federales y se espera su discusión en el Pleno en la sesión de este jueves. En la agenda del dictamen presentado en la Comisión de Hacienda se explica debe aplicarse lo establecido en la Ley del ISR de actualizar el cobro del impuesto, pero no se precisa cuánto significará para los trabajadores el aumento en el pago. “Conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se prevé que la tarifa de las personas físicas se debe actualizar una vez que la inflación acumulada supere el 10 por ciento desde la fecha en la que se actualizó por última vez”, cita el proyecto analizado por los diputados.
La inflación acumulada desde diciembre de 2013 excedió el 10 por ciento, por lo cual, de acuerdo con la Ley del ISR, la tarifa aplicable a las personas físicas debe actualizarse a partir del 1 de enero de 2018 por las autoridades fiscales. De acuerdo al artículo 152 de dicha ley, la actualización del cobro del impuesto que se cobra a las personas físicas, está sujeta a tasas diferenciadas que van del 1.92 por ciento para los que menos ingresos tienen, a una tasa del 35 por ciento para los de mayores percepciones. Indica también se aplicarán factores de actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Además, los integrantes de la Comisión de Hacienda rechazaron modificar la Ley del IEPS, con objeto de reducir el costo de las gasolinas en el país, y acordaron presentar un nuevo proyecto. Diputados de Morena y de MC exigieron que la comisión aprobara, como se lo exigió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una iniciativa ciudadana para eliminar los gasolinazos mensuales. Un total de 21 diputados del PRI y sus aliados rechazaron avalar la propuesta que llevaba la presidenta de la Comisión, Gina Cruz Blackledge, y sólo 12 del PAN, Morena, MC y PRD votaron a favor.
Priístas aliados al PVEM, Panal y PES hicieron mayoría y votaron contra la iniciativa ciudadana que proponía modificar el impuesto a la gasolina previsto en la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS). Tal propuesta tendría impacto a la baja en la Ley de Ingresos por cerca de 160 mil millones de pesos. El dictamen permitiría bajar el precio de la gasolina en al menos cuatro pesos por litro, de acuerdo al diputado panista Javier Antonio Neblina. Pero el priísta Jorge Estefan Chidiac argumentó el dictamen proponía la reducción de miles de millones de pesos en la recaudación del gobierno federal y por eso no podían dar su aval.
CASO ODEBRECHT: IMPUNIDAD TOTAL
La corrupción es el sello característico de la administración de Enrique Peña Nieto, como lo comprueban los reiterados escándalos por disposición irregular e ilegal de recursos públicos, pero es la impunidad su principal garante. El caso Odebrecht es uno de los ejemplos más claros. En la semana, un juez federal prohibió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolver los procedimientos de sanción administrativa contra la constructora brasileña implicada en un escándalo de corrupción por contratos de Pemex. El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión definitiva en un amparo promovido por Odebrecht el 29 de septiembre para impugnar supuestas irregularidades en el trámite de tres procedimientos para sancionar a la empresa. Esa suspensión no impide a la SFP seguir integrando los procedimientos, pero le ordena “dejarlos en estado de resolución” sin dictar el fallo respectivo, hasta que se resuelva el amparo, lo cual podría tomar varios meses.
A su vez, el actual director de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró presentaron una denuncia de hechos y la colaboración para el interrogatorio de la Procuraduría General de la República (PGR) “de un número importante de funcionarios y ex funcionarios”, sin especificar cuántos y quiénes, ni mucho menos sus revelaciones. Ante los integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara baja, el funcionario explicó se contrató a un despacho interno, el cual realizó una investigación independiente y se aprobó un programa “para prevenir este tipo de hechos”.
Las presiones para acallar este escándalo han trascendido. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, reveló como el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, lo presionó para que declarara públicamente su inocencia e incluso se ofreciera una disculpa. El ex funcionario le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvió de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.
En agosto pasado, la dependencia abrió la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de Odebrecht fue destinada a financiar al tricolor. La FEPADE investiga indicios que arrojan un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI e incluso prepara una acción penal en contra de quienes resulten responsables. Entre los elementos de la investigación hay cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil
Pero el caso sigue atorándose. El pasado 6 de octubre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó por unanimidad la suspensión provisional, con base en tesis de la Suprema Corte de Justicia que ordenan aplicar el principio de presunción de inocencia en este tipo de procedimientos. La suspensión definitiva puede ser impugnada, pero su revisión por el tribunal colegiado tomará varias semanas o incluso meses. Odebrecht alega en el amparo que la SFP se negó a tramitar algunos incidentes sobre temas técnicos, entre ellos: traslación del tipo y adecuación de la pena; litisconsorcio pasivo necesario y acumulación; y control difuso de regularidad constitucional.
Arely Gómez, titular de la SFP, informó impugnarán la suspensión definitiva que un juez federal le otorgó a Odebrecht para que no dicte resolución en tres procedimientos administrativos, de los ocho iniciados desde diciembre pasado, por lo cual el resto seguirá integrándose. Desde el mes de diciembre pasado, en Estados Unidos se dio a conocer que Odebrecht había entregado sobornos millonarios en distintos países, entre ellos México, para obtener contratos de obra pública, por lo que la SFP auditó los contratos que la firma brasileña tenía en México y ante varias irregularidades detectadas inició los ocho procedimientos administrativos.
Y desde agosto pasado, los subprocuradores Alberto Elías Beltrán, actual encargado del despacho de la PGR, y el de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, recibieron de la Procuraduría General de la República Federativa de Brasil documentación probatoria de la presunta responsabilidad de funcionarios mexicanos en el caso Odebrecht. Sin embargo, los testimonios recogidos solamente servirán para encauzar a los funcionarios mexicanos que resultaran implicados y no a los representantes de Odebrecht que hubieran colaborado voluntariamente en las investigaciones con el gobierno brasileño.
La justicia mexicana enfrenta serios obstáculos colocados por su propia clase política.
TIERRITAS EN LAS UÑAS DE POLÍTICOS
La creación de tres municipios en Quintana Roo sin reunir los requisitos marcados para esta decisión, con la complicidad de un Congreso local obediente y dispuesto a no ver ni comprobar alteraciones de documentos, pruebas y registros, levantó la necesidad de buscar el porqué, el fondo de estas divisiones y, como todo en el presente, se trata de negocios, de multiplicar fortunas personales, de agilizar lo que tenga que agilizarse a fin de cumplir con el objetivo de enriquecerse y garantizar así el futuro de muchas, muchas más generaciones. Bacalar, Puerto Morelos e inclusive Tulum, están en esta dinámica, en la de la explotación de sus tierras. Aunque del área de inversiones atractivas, los terrenos de la parte continental de Isla Mujeres, los de Lázaro Cárdenas, Tulum y Solidaridad, no se quedan atrás y se incluye, con todo y Felipe Calderón a bordo, a la Isla Cozumel.
El miércoles anterior se llevó a cabo una reunión en donde dieron a conocer se iniciarán los trabajos de la nueva inversión de la familia Peralta, de los dueños de IUSA, de los concesionarios por décadas de los medidores, de los de antes y de los inteligentes y digitales. Señalando una cifra arriba de los 800 millones de mágicos pesos -puesto que con ellos pretenden levantar un parque, el museo, un hotel de 450 habitaciones y una gran serie de atractivos para los cuales se requiere utilizar muchos, pero muchos millones de pesos más de los reportados-, se asentarán en una zona en donde hay detectadas severas irregularidades y las presiones ejercidas para obtener las tierras han llevado a su dueño a la cárcel.
Carlos Peralta, el hijo pródigo de Alejo Peralta, a su vez el gran beneficiado con la herencia de su madre, doña María Díaz Ceballos, une su nombre al de Roberto Hernández, al apellido Alemán, al de los Silva Herzog, en relación a la explotación de tierras sin tomar en consideración ninguna de las reglamentaciones existentes en materia de conservación ambiental, apropiándose de terrenos cuya vocación es totalmente diferente e inclusive se encuentran en el mapa mundial consideradas patrimonio de la humanidad. No puede negarse la relación existente entre el magnate de la medición eléctrica y el ex gobernador Pedro Joaquín y, mucho menos, las reuniones para eficientar la tramitología, lograr licencias y permisos con asombrosa rapidez con el fin de que Peña Nieto, en noviembre, haga un simbólico arranque de obra, a no ser que lo convenzan de colocar una primera piedra, acción que públicamente confesó no le gusta realizar.
Solidaridad y el lugar conocido como Playa Maroma todavía darán mucho de que hablar, sobre todo al momento de ligar apellidos. Porque es también en ese municipio en donde lo relacionado con Sian Ka´an va tomando el matiz de escándalo al darse a conocer la recepción de más de 16 millones de dólares de los 31 asignados por el Banco Mundial para conservación e investigaciones sobre el medio ambiente. La asociación Amigos de Sian Ka´an presidida por Francisco Ursúa, y el hoy titular de la autoridad en ecología estatal, Alfredo Arellano Guillermo, han permitido construcciones en áreas protegidas como la dedicada al desove de tortugas en donde autorizaron la construcción conocida como Casa Palancar, supuestamente propiedad de una celebridad hollywoodense.
A Roberto Hernández le han otorgado todo tipo de facilidades, las cuales incluyen cuantiosas disminuciones del pago predial de las 250 hectáreas con 15 kilómetros de playa más dos pequeñas Islas. En esos puntos se ha detectado, incluso, droga. Pero nada puede operar en contra cuando además se cuenta con amistades asentadas en Quintana Roo y reconocidas por llevar a cabo actividades altruistas como es el caso de Carlos Constandse, la Cruz Roja y el visto bueno para que el lugar nombrado Patrimonio de la Humanidad sea visitado a bordo de jeeps una vez realizado un cómodo pago de 20 pesos por persona.
Las ambiciones de empresarios y políticos mexicanos no conocen fronteras y mucho menos parecen pretender respetar la mayor área protegida que existe en el caribe mexicano, cuya superficie alcanza las 650 mil hectáreas y fue el lugar escogido por dos importantes capitanías mayas. O sea, es el lugar simbólico del pasado, el orgullo del presente y la garantía de la existencia de un futuro ambiental, de conservación de vida.
Nada ha sido fácil para quienes invirtieron desde hace décadas en la parte continental de Isla Mujeres. La familia Hank Rhon aparece en el directorio de inversionistas al lado del ex gobernador Mario Villanueva Madrid y su Isla Blanca, tierras vendidas y no totalmente pagadas al ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, y sus colaboradores, algunos enviados inclusive para buscar patrocinios económicos para campañas. En toda esa área se han cometido cualquier cantidad de fraudes a través del Registro Público de la Propiedad en donde se han dado el lujo de desaparecer escrituras e inventar, crear nuevos y poderosos dueños. Carlos Lima, llevado nada más y nada menos que al desempeño de impartir justicia, se prestó a esos y muchos otros movimientos. Recomendaciones de poderosos beneficiados obran en su favor, lo blindan.
Bacalar y Lázaro Cárdenas se encuentran en el terreno de la discusión en la cual se utiliza la conservación ambiental para darle vuelta a lo necesario: obra pública, drenaje adecuado, introducción correcta de los servicios públicos, reglamentación para la construcción, etc. De nada sirve se enmarque a la Laguna de los Siete Colores como un área protegida si no se dota de lo necesario para evitar que los actuales asentamientos provoquen daños. Señalan a los pescadores como los responsables directos de la contaminación cuando esa milenaria actividad ha sido de las más limpias y si de arrojar combustible al mar se trata, revisar arribos de cruceros en Majahual no es una mala medida para, incluso, empezar a poner orden en verdad y no para cumplir gustos, por ocurrencia o simplemente por joder.
Holbox también está urgido de esas inversiones. En esta entidad, su sociedad nunca ha estado en contra de las inversiones, del desarrollo, pero no podrá pronunciarse en favor de la depredación, de la negligencia gubernamental de permitirlo todo y después buscar culpables donde no los hay. Puerto Morelos anda igual, sin drenaje adecuado, permitiendo el manglar vaya poco a poco secándose y así poder darle entrada a la construcción de nuevos hoteles o la ampliación de aquellos cuyas densidades limitadas los llevó a adquirir terrenos con dimensiones que les permitieran el número de habitaciones pretendido, porque en esto de darle la vuelta a los reglamentos no hay quien sea mejor que la dupla funcionarios-inversionistas. La alcaldesa del lugar es la representante en funciones de intereses muy marcados y enmarcados para fabricar billetes a toda costa.
Como hace siglos ya hubo otra conquista, llegaron las inversiones hoteleras españolas y se asentaron de manera aplastante, sin pagar impuestos, llevándose como antaño la ganancia libre y sin nadie para poner un freno o marcar normas. Había que llenar de centros de hospedaje como antes de cantinas, abarrotes y moteles y les dieron paso libre. De las utilidades surgidas por esos grupos en México no queda nada y todavía hay quienes pretenden escriturarles sin restricción playas y fronteras.
Y también como en el aparentemente lejano pasado, el retorno al Porfiriato no pudo ser diferente y llegaron los mexicanos de quienes la sociedad deseaba librarse, alejarlos, confinarlos a unos por ladrones, a otros por asesinos, unos más utilizados como ejemplo del alcance de las venganzas cuando se agrede al poderoso. Ya rondaban los ambiciosos, los piratas, los traficantes. Como puede verse y poniendo correctamente los nombres a cada uno de estos calificativos, la vida… sigue igual.
TERRENOS DE CORRETEADOS
Los exgobernadores más publicitados por los múltiples delitos de los cuales son acusados tienen un denominador común: el amor a la tierra, que no a México ni a sus entidades natales y menos a sus conciudadanos. A Eugenio Hernández le gustaron mil 600 hectáreas del Parque Industrial Altamira y como estaban en oferta sólo pago 16 millones de pesos. Si todo le hubiera salido bien las habría vendido en mil 584 millones de pesos.
Héctor Ortiz Ortiz, ex gobernador panista de Tlaxcala, se hizo en Tlaxco de un terrenito de 40 mil metros en Los Laberintos, área registrada ante el INAH, y si bien no pudo construir el rancho anhelado, han pasado seis años y… (¿?). Circo, maroma y teatro hizo el ex de Baja California, Alejandro González Alcocer, para quedarse con 19 mil hectáreas pertenecientes a tres municipio. Sus socios, funcionarios federales y estatales siguen libres como él y de plácemes invirtiendo sin haber enfrentado ni siquiera una investigación pese a las denuncias puestas con pelos y señales.
Desde las oficinas del Registro Agrario Nacional de Yucatán, la mafia asentada en Campeche y liderada por la familia Mouriño sigue haciéndose de tierras, de lotes ejidales, y los nexos del socio consentido de Felipe Calderón se extienden a brindar amplia protección al principal sapo del ex gobernador Javier Duarte, Moisés Manzur Cisneros. De las formas más infames e ilegales en Campeche van apropiándose de extensiones sin límite y es en esa entidad en donde, por cierto, Vicente Fox tiene plantíos vigilados por el Ejército y desde lejos se observa un plano verde, verde.
César Duarte no dudo en encarcelar a dos mujeres, una de 84 años y la otra de 58, madre e hija, con tal de quedarse con dos mil 100 hectáreas. Fueron a parar a la cárcel, tal y como ha sucedido con el propietario de terrenos en Puerto Morelos, Quintana Roo. Por lo que respecta a Roberto Borge y al propio Félix Arturo González Canto, las cifras de los terrenos de su propiedad cambian a cada día, tal vez con cada descubrimiento, tal vez con cada denuncia, todo es, como en las referencias anteriores, un tal vez porque la lentitud de la aplicación de la ley seguramente así lo exige.
REGISTROS PATRIMONIALES
Para que puedan llevarse a cabo los fraudes en la compra-venta de inmuebles, terrenos, se alteren inclusive testamentos o se registren empresas fantasma, es necesario contar con la complicidad del Registro Público de la Propiedad, en donde tienen ya bien registrado un directorio de Notarios afines a estas prácticas, con los que pueden contar por lo menos en Quintana Roo y se dice en la Ciudad de México, aunque ejemplos de este tipo de delitos está visto en todo el país, es otro de los deportes en la agenda de la corrupción.
De ahí la importancia de dejar atrás la aplicación del dedo del gobernador pasando por encima de los Colegios de Notarios en la entrega de patentes. Es esta una actividad que requiere de una honestidad a toda prueba. Salpicados de mala fama no parece ser sean los mandatarios estatales los adecuados para otorgar estas patentes. Eruviel Ávila, por ejemplo, entregó a colaboradores, allegados, familiares de funcionarios y aliados políticos, una docena de Notarías las cuales fueron debidamente impugnadas por el Juzgado Segundo de Distrito del Segundo Circuito del Poder Judicial Federal en materia de amparos y juicios civiles.
En Veracruz se han realizado investigaciones sobre aquellas otorgadas por Javier Duarte y en las cuales inclusive se presume se llevaron a cabo registros de empresas fantasma. Son doce y llevan a cabo la revisión del protocolo y apéndice donde se contiene la escritura de constitución de la empresa en presencia de dos testigos miembros del Colegio de Notarios. Le sigue la comprobación en la dirección general del Registro Público y en el Archivo General de Notarías.
Seis Notarías entregadas por el ex gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias, fueron canceladas al detectar el juez inconsistencias y vicios en el proceso de selección donde se vieron beneficiados el cuñado del exmandatario, Gonzalo Hernández, y la ex procuradora Gamil Arreola y otros funcionarios. El juez señaló como ilógico que la convocatoria se haya publicado el mismo día en que se deban entregar documentos y cubrir requisitos.
En Coahuila, el Colegio de Notarios exhibió a 41 patentes consideradas ilegales al ser entregadas dispensando el examen notarial, sin cubrir los gastos que alcanzan 7 millones de pesos -43 mil 363 pesos por el examen, 57 mil 820 por la patente y 72 mil 275 por otro examen para obtener el fíat notarial-. Tampoco fueron publicados los nombres en el Diario Oficial. En noviembre del 2000, la SCJN, cuyo criterio no ha cambiado, determinó: “dispensar el Ejecutivo de requisitos tan indispensables como son presentar y acreditar el examen de aspirante a notario, se corre el riesgo que personas sin el conocimiento suficiente ejerciten esta delicada función de asesoría legal y otorgamiento de la fe pública de manera inadecuada”.
El mandatario de Aguascalientes retiró seis notarías otorgadas por el ex gobernador Carlos Lozano de la Torre; en Tabasco y después de una lucha de 8 años, hace 3 años les retiraron el Fiat a 10 notarios nombrados por el ex gobernador Manuel Andrade Díaz. En Puebla también han demostrado los notarios integrantes del Colegio estatal su rechazo a las patentes otorgadas por Rafael Moreno Valle. Su inconformidad ante las autoridades correspondientes apenas comienza.
DE LOS PASILLOS
Más de tres años dilató el gobierno de Estados Unidos para reforzar sus acusaciones contra Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, y su cuñado Oscar Gómez Guerra, a los que originalmente señaló sólo por lavado de dinero. El Departamento de Justicia presentó el 8 de febrero pasado una nueva versión de la acusación contra Hernández y Gómez, quienes ahora enfrenta un total de tres cargos: al lavado de dinero se sumó fraude en agravio de los bancos Inter National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce. De acuerdo con la nueva acusación, Hernández y Gómez “ejecutaron un esquema para defraudar a los tres bancos, y así obtener fondos y créditos”… Por esos hechos, la Fiscalía estadounidense busca decomisar tres residencias en McAllen, Texas, valuadas en 1.8 millones de dólares, y una más en Austin, Texas, localizada en el 2001 de la Avenida Cueva de Oro, cuyo valor comercial actual es de 2.6 millones de dólares.
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