El Senado de la República exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en su carácter de representante del Estado mexicano, solicite al gobernador de Texas, Greg Abbott, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el indulto y la reposición del proceso penal en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, condenado a muerte en ese país.
El punto de acuerdo aprobado en votación económica, también solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que a nombre del Senado de la República, solicite a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, se suspenda la ejecución de la pena capital, programada para hoy 8 de noviembre.
Asimismo, se solicitó que la Cancillería exhorte al gobernador de Texas para que dé respuesta a la petición del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, sobre la convocatoria a una audiencia de clemencia, revisión y reconsideración de juicio y proceso.
En Tribuna, los senadores señalaron que la aplicación de la pena de muerte constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales, a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena.
Amnistía Internacional refiere que en el caso de Cárdenas Ramírez, “la fiscalía se basó en pruebas que, según los estándares actuales, se considerarían sumamente poco fiables”, señala el documento.
De acuerdo con la organización global, hasta septiembre de 2017, 105 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos; sin embargo, en Estados Unidos, de 1976 a 2017, han sido ejecutadas mil 463 personas -16 mujeres y mil 446 hombres.
De los mil 463 a quienes se les aplicó la pena capital en Estados Unidos, 11 eran mexicanos -10 fueron ejecutados en Texas y uno en Virginia, con una edad promedio de 36 años- detalla el punto de acuerdo.
El 29 de julio de 1998, el Tribunal Municipal de Mc Allen, Texas, declaró culpable a Rubén Cárdenas Ramírez por los delitos de secuestro, violación y homicidio en contra de Mayra Laguna, y lo condenó a muerte.
La senadora Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que desde el momento de su detención e interrogatorio, el 23 de febrero de 1997, hubo violaciones al debido proceso, y no contó con un abogado defensor, sino hasta 9 días después de su detención.
También comentó que los abogados de Rubén Cárdenas presentaron una moción para realizar análisis de ADN de las pruebas, y así determinar que los restos de tejido que se encontraron en el cuerpo de la víctima coinciden con los del inculpado, pero no ha habido respuesta.
La senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, refirió que existen fuertes indicios de que Cárdenas pudo haber confesado falsamente bajo presión; y que la suspensión de la pena permitiría comprobar las pruebas forenses pendientes.
Del Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña resaltó que la sentencia de Rubén Cárdenas es -en materia de debido proceso, notificación y asistencia consular- un acto ilegal que vulnera las garantías jurídicas que salvaguardan el derecho más importante: la vida.
El Senado debe solicitar que el presidente Enrique Peña Nieto se dirija a su homólogo estadounidense para pedir el indulto, e insistir al gobernador de Texas para que haga lo mismo, dijo. Propuesta que fue aceptada por el Pleno y adicionada al punto de acuerdo.
La senadora Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, expuso que desde la SRE se trabaja en el caso, y se han empleado las herramientas al alcance, como en todos los casos de mexicanos sentenciados en Estados Unidos. Confiamos en que la Cancillería se encuentra atendiendo el asunto y que se utilizarán todos los mecanismos legales y diplomáticos para que el caso sea resuelto conforme a derecho, comentó.
El senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, asentó: no estamos juzgando si el señor fue penalmente responsable o no, eso lo tienen que determinar un juez en el país o el estado donde se cometió el delito”, lo que se plantea es que cualquier persona a la que se le acuse de algún crimen tienen derecho a un debido proceso.
Benjamín Robles Montoya, senador del Grupo Parlamentario del PT, dijo que “lo que queremos es un juicio justo”, y es necesario que el presidente Enrique Peña Nieto haga un llamado al gobernador de Texas y al primer mandatario norteamericano para detener la ejecución, y “salvar la vida a este mexicano, que no gozó del debido proceso”.
La senadora del Grupo Parlamentario del PT, Dolores Padierna Luna, resaltó que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe insistir en la suspensión de la ejecución, y debe solicitar al gobernador de Texas que responda a la petición de información del gobernador de Guanajuato para que se revise el proceso el proceso contra Rubén Cárdenas.
El punto de acuerdo fue propuesto por los senadores Pilar Ortega Martínez (PAN), Marcela Guerra Castillo (PRI), Juan Carlos Romero Hicks (PAN), Fernando Torres Graciano (PAN), Octavio Pedroza Gaitán (PAN), Víctor Hermosillo y Celada (PAN), Patricio Martínez García (PRI), Fidel Demédicis Hidalgo (PT), Gabriela Cuevas (PAN), Mariana Gómez del Campo (PAN), Jorge Luis Lavalle (PAN) y Silvia Garza (PAN).
