El Pleno del Senado aprobó en votación nominal, por 77 votos a favor y cero en contra, un dictamen de las comisiones unidas de Desarrollo Rural; de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos que reforma a los artículos 3, 143, 145 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Con la modificación se fortalecerán las facultades del Estado para determinar los elementos sustantivos de la constitución, autorización, registro, operación y fiscalización de las organizaciones de productores, genéricas y especializadas por producto o rama de producción.
También darán mayor certeza a los pequeños productores para la obtención de apoyos gubernamentales, y beneficiar a un mayor número de productores y familias del sector social del campo, señala el documento.
En la Ley se determinan como figuras asociativas a los ejidos, comunidades y a las organizaciones y asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural y pequeñas unidades de producción, con lo cual se dará certeza jurídica a los pequeños productores.
Determina que en las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que integran el Programa Especial Concurrente destinados a la producción de alimentos, se establecerán los apoyos que se asignarán para impulsar preferentemente a los pequeños productores.
Asimismo, obligaría a las organizaciones de productores a ser epresentativas, transparentes y rendir cuentas, con el objetivo de procurar la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo.
En el país existe la necesidad de terminar con las condiciones de desigualdad y marginación que viven los pequeños productores agrícolas, y resolver los escasos esfuerzos para el fortalecimiento, democratización y rendición de cuentas en las organizaciones a las que pertenecen, señalaron los senadores desde la Tribuna del Senado de la República.
Hay una gran debilidad institucional en las organizaciones sociales en las que confluyen, por lo que son susceptibles de corrupción y falta de transparencia, refirieron los legisladores.
Lo anterior determina una baja competitividad y productividad, por lo que se necesita una base jurídica adecuada para crear y consolidar organizaciones nacionales representativas, democráticas, transparentes y que rindan cuentas de los recursos públicos que manejen.
El senador Manuel Humberto Cota Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, dijo que se amplía el alcance de las figuras asociativas, como vehículo del fortalecimiento y defensa de sus propios intereses.
Señaló que se busca reducir la carga del Estado, facultando, de manera ordenada, a las organizaciones sociales de productores, y con especial énfasis en los pequeños productores del país.
Miguel Romo Medina, presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos, explicó que se plantearon las modificaciones con el objetivo de que el Estado, como ente obligado de garantizar un bienestar del sector campesino, establezca las pautas y mecanismos pertinentes para lograr una verdadera competitividad de los pequeños productores dentro del mercado.
También, dijo, se pretende que las organizaciones rurales puedan defender y apoyar con eficacia a sus miembros, en lo económico y social; y que rindan cuentas sobre su quehacer y el manejo de los recursos a su cargo.
La senadora Luisa María Calderón, sin Grupo Parlamentario, intervino en la discusión del dictamen y señaló que está bien que los grandes productores tengan derecho al desarrollo, pero también se tiene que promover el desarrollo equilibrado.
Esteban Albarrán Mendoza, senador del Grupo Parlamentario de PRI, refirió que con la reforma se establecen las bases para otorgar certeza jurídica a los pequeños productores agrícolas, en la conformación de asociaciones para la defensa y promoción de sus intereses.
Martha Palafox Gutiérrez, senadora del Grupo Parlamentario del PRD, comentó que con la reforma se busca beneficiar a un mayor número de productores y familias del sector social del campo; y que las mismas organizaciones asuman su responsabilidad en la ejecución de las acciones para su desarrollo.
La senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que con esta reforma se capitaliza a los pequeños productores; “nos inyecta ánimo, somos miles de productores en el territorio nacional, y con esta reforma se nos permite ser competitivos”, dijo.
David Monreal Ávila, senador del Grupo Parlamentario del PT, señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar que el campo sea competitivo y de bienestar a las personas que habitan en las zonas rurales, y así elevar su calidad de vida.
El senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que la ruta de transparencia que se marca con esta reforma es importante, y fundamental la democratización de los dirigentes.
Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, refirió que la reforma a la Ley emana de una deuda histórica que se tiene con el campo mexicano; y se fortalece a las asociaciones de productores para terminar con las brechas de desigualdad que afecta a los más pequeños.
La reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fue remitida al Ejecutivo federal para sus efectos legales.
