En nuestro país, la legislación y el discurso político adoptaron un enfoque de “gestión integral de riesgos” después del sismo de 1985 y los ocurridos en septiembre de esta año, lo que supone la implementación de políticas públicas dirigidas a combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer la resiliencia de la sociedad, señala el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
Un análisis de la política de protección civil, entre 2000 y 2014, determina que continua anclada en un enfoque reactivo, incluida la orientación del presupuesto, refiere el IBD en su investigación “El sistema escolar ante los sismos de septiembre de 2017”.
El país, en lugar de tener una política preventiva, ha mantenido un diseño presupuestal enfocado hacia el auxilio y recuperación, explica el Instituto en el estudio realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica.
En cuanto al panorama de los edificios escolares en el territorio mexicano, más del 50 por ciento de las escuelas de 22 entidades del país carecen de un plan de protección civil; y en Guanajuato, Zacatecas, Durango y Oaxaca sólo dos de cada diez cuenta con él.
En 24 entidades la situación es peor, ya que menos de la mitad de las escuelas tienen rutas de evacuación para salir en caso de un sismo o incendio; y en Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas y Oaxaca sólo dos de cada diez cuentan con ellas.
Explica que una política de prevención no solamente se ocupa de la reacción de las personas frente a fenómenos potencialmente destructivos, con simulacros de sismo por ejemplo, sino que también debe crear las condiciones materiales para evitar desastres y mitigar los daños.
Advierte que garantizar escuelas seguras estructuralmente y dignas para todos los que convergen en ellas, es un desafío que requiere una inversión presupuestal superior y la máxima coordinación de esfuerzos gubernamentales.
Entre 2015 y 2016 se evaluó la seguridad estructural de 468 escuelas de la Ciudad de México, donde se desplomó el Colegio Enrique Rébsamen en septiembre pasado, y se concluyó que “en términos generales, requieren mantenimiento urgente, pues la falta de éste ha dañado los elementos estructurales y ha afectado la estabilidad de los edificios”.
El reporte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México expone que se encontraron 28 escuelas con alto riesgo estructural, 129 con necesidad de mantenimiento mayor y 321 que requerían mantenimiento ordinario.
Sismólogos e ingenieros han señalado que una gran parte del país se ubica en zona sísmica, por lo que es probable que ocurra un sismo de mayor magnitud al de septiembre pasado, bajo las costas de Guerrero, por lo que la prevención de desastres debe ser una prioridad de la política del desarrollo, y no sólo mediante campañas informativas.
