Javier Peñalosa Castro
Al tiempo que actrices y deportistas continúan denunciando abusos sexuales por parte de productores, directores, actores de Hollywood, entrenadores deportivos, políticos y otros famosos, principalmente en Estados Unidos, en México el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denunció el hostigamiento por parte de la Secretaría de Hacienda para tratar de ocultar el saqueo de las arcas por parte de personajes como César Duarte, que fue prohijado, encubierto o, en el mejor de los casos, tolerado por personajes como Luis Videgaray y José Antonio Meade, en su carácter de mandamases del manejo del presupuesto federal.
Es deseable que, al igual que ocurrió en el mundo de las celebridades, donde era un secreto a voces el talante abusador de un número importante de personajes, la denuncia del gobernador de Chihuahua, quien acusó a Hacienda de haberle escamoteado fondos por alrededor de 700 millones de pesos en aparente represalia por la persecución de los involucrados en el desvío de recursos de las arcas de aquel estado hacia las campañas del PRI, en 2016, durante el gobierno de su escurridizo antecesor, cunda como ejemplo para otros gobernantes, empresarios y rectores de universidades entre otras figuras públicas.
Eso es lo deseable. En contraste, lo que tenemos son ejemplos que nos dejan muy mal sabor de boca y la sensación de que nos tratan de ver la cara.
Ejemplo de ello es lo ocurrido hace casi tres meses, cuando el entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, anunció que en breve se emitiría una solicitud de extradición contra César Duarte, supuestamente apenas esta semana fue posible concretarla.
Lo mismo ocurrió con el llamado caso Odebrecht, cuando quien era su jefe, el otrora procurador Raúl Cervantes, al renunciar al cargo aseguró que la investigación estaba concluida y que en breve se conocerían los resultados. A la fecha, quienes aún no olvidamos que el caso sigue abierto y que, mientras en otros países hasta presidentes han ido a dar a la cárcel o estado cerca de ello, aquí se respira un ambiente de impunidad total.
La semana que termina el presidente Peña Nieto nos volvió a pedir a los mexicanos que no dejemos que el “mal humor” nos nuble la vista y evite que veamos “los grandes logros” alcanzados durante los últimos cinco años. Sin duda, cuesta trabajo visualizar tales bondades, cuando aparentemente los exgobernadores y otros ladrones capturados son sólo moneda de cambio, chivos expiatorios o meros distractores para perpetuar el saqueo.
Así, “como quien no quiere la cosa”, vemos que Humberto Moreira, que dejó virtualmente en quiebra a Coahuila cuando fue gobernador, no ha sido molestado ni con el pétalo de una investigación previa y, pese a que fue uno de los pocos priistas que han sido expulsados del tricolor, fue exonerado y readmitido recientemente, con la evidente intención de conferirle algún cargo con fuero. No hay que ser un genio para advertir que ese manto de impunidad se extiende en pago a sus oscuros oficios para financiar al partido del que fue presidente al inicio de la campaña presidencial de Peña Nieto y otras inconfesables complicidades.
Y mientras se celebra la extradición de malandros como Borge y la persecución de César Duarte, otros, como Arturo Montiel, antecesor de Peña Nieto en el Estado de México, célebre por los lujos orientales que se procuraba, y el antecesor de Javier Duarte en Veracruz, Fidel Herrera Beltrán —de quien en su momento se dijo que estaba siendo investigado, sin que jamás prosperara dicha indagación— siguen tan campantes y no sólo gozan de la indiferencia de las autoridades, sino incluso acarician el fuero para hacer frente a un futuro que se antoja por demás incierto para sujetos de esta calaña.
Otro de los beneficiarios de la impunidad durante este gobierno es el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, durante cuya gestión se ha dado una larga sarta de irregularidades y despojos que van desde el sobreprecio de obras y la protección descarada a empresas como Higa y OHL, y casos de negligencia criminal, como el del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca, hasta las denuncias por serias irregularidades en el negocio del sexenio, entre las que se cuentan el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que está costando al País miles de millones de dólares, el cual se construye contra toda lógica y a precios exorbitantes en el lecho fangoso del lago de Texcoco.
Las quejas de esta semana contra Ruiz Esparza se suman a las de los empresarios chinos a los que se había adjudicado el proyecto del ferrocarril a Querétaro y se dejó con un palmo de narices, el negocio del reparto de televisores al amparo del llamado “apagón digital” y la participación de la SCT en la tristemente célebre trama de la “Estafa Maestra”, que nadie en el gobierno se ha tomado la molestia siquiera de tratar de justificar o explicar.
Hasta ahora, los señalamientos contra los abusadores son desestimados, pues es el propio gobierno el que —se supone— debe investigarlos. Bueno sería que la posición de Corral vaya más allá de la mera bravata para restituir el flujo de fondos, pero, sobre todo, que el ejemplo cunda y que otros gobiernos estatales pierdan el miedo y denuncien —aunque sientan que nada ganan con ello— los abusos, y que logren generar un movimiento capaz de acabar con la corrupción desbordada y la increíble impunidad que cobija a quienes han hecho de este cáncer su modo de vida.
