Lilia Arellano
“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. Montesquiu
• INDEFENSOS
• Avala la SCJ cateos sin orden judicial
• Violentan ordenamientos de la CNDH
• Revisión individual; secrecía bancaria
• Duro contra Anaya; Duarte, sin cargos
• AMLO gana en confianza y honestidad
• En Q. Roo aplican la justicia“al garete”
Ciudad de México, 14 de marzo 2018.- A todos los ciudadanos nos alcanza el tremendo golpe lanzado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación al avalar revisiones policiacas sin orden judicial, solamente amparadas por el argumento “bajo sospechas razonables”. Podrán los uniformados entrar a los hogares, a las oficinas, inspeccionar vehículos y hasta a las personas dejando establecido, inclusive, “exploraciones de la superficie del cuerpo, bajo la ropa para buscar objetos adheridos al cuerpo”. Validaron también la detención en flagrancia sin necesidad de denuncias.
El proyecto aprobado tuvo la autoría de Javier Laynez Potisek y contó con aval mayoritario. Según el ministro Luis María Aguilar Morales “no se puede soslayar que la revisión corporal, aun cuando sea superficial, pudiera incidir en un amplio espectro de los derechos humanos, tales como el derecho a la intimidad, a la libertad ambulatoria, y por supuesto a la dignidad humana. La CNDH impugnó la decisión de referencia al considerar estos preceptos transgreden los derechos a la libertad personal y de tránsito.
Sin embargo ningún argumento en contra fue considerado y los ministros coincidieron en que las inspecciones constituyen controles preventivos y provisionales que se encuentran autorizados no solo en la prevención y persecución de delitos, sino también en su investigación y por lo tanto se reconoce la validez constitucional. Sabemos, se tienen experiencias muy claras del accionar policiaco, de sus abusos, de su complicidad con las grandes mafias y por ello no puede esperarse una actitud profesional, por llamarla de alguna manera, en esta clase de revisiones. Imperará el manoseo a las mujeres, a los hombres e inclusive a niñas y adolescentes. Acaso eso ministros ¿no conocen a los gorilas uniformados? ¿Les gustaría ver a su madre, hermanas, esposa, hijos sujetos a una inspección como la aprobada?
Este abuso sobre las personas, sus bienes, su privacidad y su libertad, se vio claramente en las actuaciones de la PGR en las cajas de seguridad ubicadas en Cancún. No hubo órdenes de cateo, se abrieron todas bajo supuestos en donde involucraron sin excepción a los arrendatarios bajo el único argumento de la “percepción de delitos”. En otro ejemplo se ubica a las zonas de revisión en los aeropuertos. Contando con aparatos para inspeccionar el cuerpo o aquellos que, inclusive, traspasan la ropa, se dan a la tarea de utilizar las manos para tocar diversas partes corporales sin garantía de inexistencia de infecciones tanto por parte del encargado –proceden sin guantes- como de quien está siendo inspeccionado.
Hubo unanimidad en la aprobación del artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales pese al alegato presentado por la CNDH por cancelar los principios pro persona, de presunción de inocencia y de legalidad al permitir la detención sin mediar, tampoco, denuncias. Insistió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el artículo 242 del Código el cual vulnera las garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, audiencia previa, protección de inherencias arbitrarias y derechos de propiedad privada.
Todo esto recrea otro panorama y la interrogante ¿a quién obedecen los magistrados de la SCJ? Porque el mismo Laynes se ha pronunciado sobre el tema del aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras, el cual si requiere de autorización judicial. O sea determina la situación final a través de criterios surgidos de los jueces y fácilmente manipulables. A esto se une otra aprobación con la cual de nueva cuenta se extiende un manto de impunidad sobre delincuentes mayores que resulta no solo inaceptable sino totalmente incomprensible.
Esta misma Corte lanza otra determinación negando puedan tener acceso investigadores a las cuentas bancarias sin tener, ahora sí y al igual que con los bienes, las órdenes emitidas por los jueces correspondientes. Estos dos últimos renglones tienden a proteger, de todas, todas a funcionarios señalados, por ejemplo, de enriquecimiento. Solamente con la existencia de voluntad o aprobación proveniente de los círculos políticos ya sea para vengarse o levantar simpatías, se podrá acceder a la información sobre el grueso de sus cuentas, las fechas y cantidades de depósitos, movimientos bancarios de todo tipo y, además, habrán de obtenerse otras autorizaciones si se les quiere hacer algún decomiso.
Estos dictados en nada tienen que ver con una inmensa mayoría de ciudadanos, de empresarios, de inversionistas, de trabajadores, de ahorradores por la simple y sencilla razón de no requerir de protecciones de tal magnitud. Las mafias organizadas frente y detrás de los escritorios son las urgidas de cancelar revisiones profundas y para ello, al parecer, han encontrado en la Corte a sus mejores abogados defensores.
Se han violado articulados de la Constitución mexicana, pero también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los emanados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con la inspecciones, detenciones en flagrancia, realizar actuación en las investigaciones sin autorización previa del juez de control, incluidas en ello: inspección de personas, vehículos, registros forzosos en caso de no “cooperar” para cateo personal y, fundamentalmente, la presunción de inocencia, renglón nunca cumplido en la aplicación de la justicia.
SOBRAN EJEMPLOS
Sin por lo menos ruborizarse, destituyeron a Santiago Nieto -antes había renunciado Raúl Cervantes-, bajo el supuesto de alterar el debido proceso al dar información sobre el curso de las investigaciones en contra de Emilio Lozoya a los medios de comunicación, sin embargo hicieron públicos los videos en donde se señala a Ricardo Anaya en la presentación hecha en el inmueble de la PGR. Fue suficientemente amplia esta difusión como para provocar reacciones similares a las empleadas en el caso Emilio Lozoya-Odebrecht. Pero, simplemente, la pasaron por alto al igual que hicieron al boletinar pertenencias guardadas en las cajas de seguridad aseguradas en Cancún.
Al aplicarse el refrán “juego que tiene desquite ni quien se fije”, salieron a relucir datos sobre una empresa creada por la familia Kuribeña en 1994 cuyos socios participantes con 100 acciones cada uno son: Juana Cuevas, Pedro Meade Kuribeña, José Antonio Kuri Orvañanos y Santiago Kuribreña Arbide. La crearon dos meses antes de la boda del candidato sin partido con Juana Cuevas y no existe, al parecer, forma alguna de saber cuáles han sido los dividendos, las utilidades de esas empresa al mantenerse en secreto ingresos y bienes tanto de la señora Cuevas como de sus vástagos.
Y no habrá manera, en el futuro inmediato, de conocer ninguno de estos bienes no aparecidos en las declaraciones patrimoniales, al aprobarse en la Corte una secrecía absoluta hasta no contar con un mandato judicial, el cual, obviamente, no surgirá durante el mandato de quien encontró en la figura de Meade al sucesor ideal.
Eso sí y sin ánimo de defensa como tampoco de señalamiento, sobre Ricardo Anaya, ponen toda la carne al asador. Quienes dieron santo y seña de la forma en la que supuestamente lavó dinero a través de la operación de compra-venta-compra de un terreno y una nave industrial construida fueron los abogados David Alberto Galindo y Daniel Rodríguez a quienes no puede considerárseles autores materiales del supuesto delito porque se sometieron a la figura jurídica de “criterio de oportunidad” con la cual pueden reconocer la comisión del delito y no ser juzgados.
Circula, sin impedimento, toda una carpeta sobre el curso de la investigación sobre el candidato de Por México al Frente y en ella se advierte la presentación de una querella por falsificación de documentos en la operación comercial. El notario ha declarado no reconocer su firma en varios de los documentos del cambio accionarial en la empresa y, visto el manejo y manoseo de este caso, lo dicho por el fedatario agrega más renglones inquietantes sobre la conducción de las autoridades tanto en las investigaciones como en la credibilidad con la cual debieran acompañarse.
La misma PGR autorizada para incursionar en nuestras casas, en todos los bienes y para llevar a cabo revisiones personales indignantes, es la exoneradora de César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua. Determinó la dependencia no ejercer acción penal en contra de Duarte Jáquez y tampoco sobre el titular de Hacienda durante su gestión Jaime Herrera Corral. Quedan libres de los cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal. ¿Impera o no la voluntad política por encima de la justicia? A esta pareja la salvaron los intereses y las complicidades generadas en el más alto círculo del Ejecutivo y, obviamente del Legislativo federal en la persona del yucateco Emilio Gamboa, aliado y socio del chihuahuense.
¿QUIÉN ES QUIÉN?
Caudae Estrategias levanto una singular encuesta en la cual la primera pregunta es: Supongamos que perdiste tu bolsa o la cartera en la vía pública, ¿qué candidato crees que te la regresaría? AMLO alcanzó el 43.2 por ciento; la Zavala, 26.8; Anaya, 17.5 por ciento; Meade el 9.8 y El Bronco, 2.7 por ciento. Sin duda es una medición sobre confianza muy importante.
En el renglón honestidad, el tabasqueño subió 1.8 por ciento, Margarita el .2; Anaya el negativo -5. ¿A quién le dejarías las llaves de tu casa? AMLO, 33.9, Anaya, el 30; Meade el 17.8. El crecimiento del tabasqueño con relación a la misma interrogante hecha anteriormente fue de 2.5 por ciento. ¿A quién escogerías como asesor en la presentación de un exámen? Meade recibió el 34.1 por ciento; Anaya el 20 y AMLO el 23.4 por ciento. Así en el comparativo de capacidad, Meade cayó 3.4 puntos y Anaya y López Obrador crecieron 1.9 por ciento cada uno.
El 38.4 por ciento de los encuestados le abriría las puertas de su casa a López Obrador, solo el 16.5 a Meade y el 22.2 por ciento a Anaya. Nuevamente el tabasqueño creció el 2.6 y bajaron el sin partido y el de la alianza PAN-PRD-MC. ¿A quien le dejarías bajo cuidado a un ser querido? La Zavala alcanzó el 30.6 por ciento; AMLO el 28.4 y Meade el 17.2..
Integridad, cercanía, capacidad, honestidad y confianza fueron los renglones en los cuales basaron la encuesta sobre la cual se perciben claramente los por qué de la ubicación actual de cada candidato.
CADENA DE VERGUENZAS
No todo lo proveniente de Puebla y llegado a Quintana Roo es malo, hay otros renglones mucho peores y, uno de ellos, ha estado a cargo de la Universidad de las Américas en Puebla, cuyo rector Luis Ernesto Derbez, no tuvo ningún empacho para poner a Quintana Roo frente a su realidad. La buena noticia es haber abandonado el primer lugar como la entidad con mayor impunidad. La mala es que ocupa el quinto antecedido por Tamaulipas, cuyas masacres son mayores, Coahuila, en donde los Moreira asaltaron las arcas públicas, Baja California y la sangrienta frontera y el Estado de México, el más endeudado, el de los fraudes electorales y en donde un grupo, el “Atracomucho”, ya se hizo dueño de OHL, una de las constructoras más denunciadas del sexenio.
Estar situados detrás de semejantes entidades podría ser tranquilizante a no ser porque aun ocupando ahora el quinto lugar el Índice Global de Impunidad de México refiere haber aumentado el porcentaje de 76.62 por ciento el 2016 a 77.33 en el presente y así, lo bueno para la joya del Caribe es el ascenso de otras entidades. Ubicados dentro de las 15 entidades con el número menor de agencias del Ministerio Público, se arrastra el figurar entre los más impunes en casos de homicidio y los delitos más frecuentes son robo, lesiones, violencia familiar y fraude.
La existencia de solamente 44 uniformados por cada 100 habitantes refleja la fuerte deficiencia en seguridad pública existente y se afirma no pueden ser atendidos y mucho menos aclarados 389 homicidios, 41 casos de privación de la libertad, 240 abusos sexuales y 299 violaciones, por la simple y sencilla razón de carecer de especialización para seguirlos. O sea, ni policías municipales, ni estatales, ni investigadores, ni fiscales, ni jueces capacitados y un Tribunal Superior acostumbrado a recibir órdenes, no despeinarse y aplicar la ley a conveniencia, criterio y montos económicos satisfactorios, conforman el caos del presente.
DE LOS PASILLOS
¿Quién quiere desestabilizar lo desestabilizado? Es la pregunta sin respuesta. Una vez contemplados errores dentro del gabinete estatal quintanarroense no parecen existir voluntades mayores para causar daños que las generadas en ese interior. Mítines y protestas de campesinos, policías, bomberos, ciudadanos en pos de lograr se respeten leyes de todo orden se tienen frecuentemente y, aunados a los índices de inseguridad, al número de ejecutados, a las denuncias tímidamente presentadas y a las cuales no se les da curso dejan al descubierto un alto porcentaje de incapacidad para gobernar. Los males no solamente surgen del área estatal, también de los municipales. Las invasiones en Tulum, está visto, fueron provocadas por líderes cuyo desempeño se encuentra cercano al área gubernamental y, al eliminarse el castigo de cárcel para quien o quienes las encabecen, ni tardos ni perezoso se dieron a la tarea de mandar ocupar tierras cuyo valor crece a diario. Ante la pretensión de una gobernabilidad amparada en el registro permanente de daños ocasionados por gobiernos anteriores, no puede esperarse nada bueno y menos aún estabilidad ante la inexistencia de dependencias, oficinas, organismos, con los cuales se suplan tareas importantes como lo son la promoción, las actuaciones y decisiones sobre legalidad en la tenencia de la tierra y en lo referente a los asentamientos humanos, a la ecología y al desarrollo urbano, renglones en los cuales pretenden aprobar una iniciativa atentatoria de todos los derechos ciudadanos e inclusive violatoria de la Constitución…
La campaña en contra del cineasta y merecedor de 4 Oscares en su última entrega, estuvo debidamente orquestada por aquellos sabedores de la exhibición mundial que les espera. A las calladas, este mexicano se dedicó a reunir datos, información y versiones de testigos y familiares de las víctimas de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes de los cuales aún no se determina si están vivos, muertos, si en realidad fueron incinerados y no con llantas y desperdicios sino en auténticos hornos crematorios. En el filme de presentación en breve a cargo de la UNAM, se desnudará parte de una lacerante realidad en donde impera corrupción, complicidades y una errónea aplicación de la justicia llevada al extremo de crear una “verdad histórica. A partir de ahí…
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