El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, está por la necesidad de eliminar las barreras de acceso a la justicia y corregir los aspectos que no funcionan en el sistema jurisdiccional para dar pasos hacia adelante y esenciales en este tema.
Al momento de inaugurar el Ciclo de Conversatorios Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, Retos y perspectivas, el presidente de la Mesa Directiva indicó que a partir de un diagnóstico realizado entre 2015 y 2016, “pudimos darnos a la tarea de transformar un sistema jurisdiccional, lento, incierto, discriminatorio, complicado y costoso.
Dijo que el uso de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias o incluso la oralidad, pueden ser pasos muy importantes para reducir el costo de la justicia y simplificar las actuaciones y los procedimientos.
El senador Ernesto Cordero consideró oportuno que al discutir todos esos temas se cuiden tres principios fundamentales: el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; la igualdad entre hombre y mujer, así como el acceso a la justicia.
“Estos tres principios, agregó, exigen nuevas maneras de que el trabajo en tribunales y juzgados sea más cercano y directo con las partes”.
Reiteró la importancia de este encuentro para dar cumplimiento a la meta 16.3, que busca promover el Estado de derecho a nivel nacional e internacional, garantizar la igualdad de acceso a la justicia, e implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible “que hemos asumido en el Senado como Estado mexicano, en el marco de las Naciones Unidas”.
La senadora del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, destacó la necesidad de escuchar a todas y todos los actores, a efecto de definir las perspectivas, retos y planteamientos que permitan construir el primer Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Se indicó que con la visión y experiencia de todos los participantes, se sentaran las bases para esta legislación, “pero lamento mucho que la agenda política este contaminando los temas que el Senado tiene pendientes por legislar”.
A su vez, la magistrada Lilia Mónica López Benítez, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, comentó que se necesita sumar el esfuerzo, capacidades y voluntad de las mujeres en este tema.
El hecho de escuchar diversas visiones resulta fundamental, ya que todas las leyes deben construirse escuchando todas las necesidades y problemáticas, para posteriormente, tomar las decisiones correctas, concluyó.
El representante de la Barra Mexicana de Abogados, Eduardo Méndez Vital, aseguró que este Código tendrá una aplicación en el 73 por ciento de todos los procedimientos litigiosos en el país, ya sea por la materia misma o por los temas de supletoriedad.
El presidente del Colegio de Notarios, José Antonio Manzanero expresó que el resultado de los conversatorios generará un producto legislativo que brindará certeza y seguridad a todos los mexicanos
Neófito López Ramos, magistrado de circuito en materia civil, dijo que el nuevo Sistema Penal Acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales son la “prueba de fuego” para la actual legislación y para garantizar su eficacia.
Aseveró que los juzgadores no quieren normas engañosas que constituyan trampas procesales o que propicien impunidad. Indicó que hay miles de millones de pesos de saldo rojo para el Estado por sentencias pendientes por cumplir por parte de las autoridades.
Consideró grave que las autoridades tengan que llegar al juicio de amparo o a su destitución por no cumplir sentencias, por lo que consideró más viable que se llegue a un mecanismo legislativo que permita a las autoridades cumplir y evitar que siga creciendo dicha deuda.
Refirió que la materia civil y familiar representa alrededor del 70 por ciento de los asuntos que se ventilan en los tribunales; mientras que los temas administrativos o penales se encuentran en un menor porcentaje.
En el Conversatorio: Las generalidades del juicio y sus componentes”, diversos especialistas abordaron temas como el de los principios generales del derecho; la transversalidad de la ley; medidas precautorias, órdenes de protección; simplificación de términos procesales, entre otros.
