CIUDAD DE MÉXICO, 28 de septiembre, (SemMéxico/AlMomentoMX).- Cada día una persona es denunciada por aborto en México, a las mujeres se les criminaliza, tanto por autoridades como personal de salud por desconocimiento acerca de sus obligaciones y, en consecuencia, son sentenciadas por abortos espontáneos y, a veces, ni sabían que estaban embarazadas o tienen partos fortuitos.
Estas violaciones a los derechos humanos, derivadas de la penalización del aborto impiden que las mujeres puedan decidir libremente ejercer o no la maternidad, señala el informe “Maternidad o Castigo. La criminalización del aborto en México” presentado por GIRE, en la ciudad de Guadalajara por la doctora Candelaria Ávalos Ochoa.
Este jueves en el Museo de la Ciudad, la investigadora de la Universidad de Guadalajara, habló sobre las cifras de los embarazos en niñas y adolescentes, que en su mayoría son perpetrados por un padre, un padrastro o un familiar masculino. Un problema que ha crecido en lugar de disminuir, principalmente por la cerrazón de la sociedad respecto a los temas de una educación sexual.
Los casos documentados por GIRE permiten observar que las mujeres criminalizadas por aborto provienen de comunidades marginadas, en contextos de violencia y de falta de acceso a la información y servicios de salud reproductiva. También destacó que hay detenidos hombres, cuando han tratado de ayudar a las mujeres que presentan un aborto.
De acuerdo al informe, de 2012 a 2016, fueron sentenciadas 228 personas por este delito y en ese periodo, 83 han estado en prisión preventiva, de las cuales 44 son mujeres, y 53 en prisión definitiva, y de éstas, 19 son mujeres.
Considerar el aborto como un servicio de salud y no como un delito es la principal recomendación de GIRE al Estado mexicano para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
En México sigue siendo un delito el aborto. Más de 4 mil personas han sido denunciadas por ello y mujeres han sido condenadas a más de 20 años en prisión por abortos que incluso fueron fortuitos. #AbortoLegalYa #28S
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— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 28, 2018
La organización hace un llamado a los congresos locales para despenalizar el aborto al menos durante el primer trimestre de la gestación y mientras esto ocurre, las instituciones de salud deben garantizar el acceso al aborto legal sin obstáculos ni barreras injustificadas, en tanto que las autoridades de procuración e impartición de justicia deben garantizar los derechos humanos de las mujeres procesadas por aborto y delitos relacionados.
Cuando las mujeres llegan a los servicios de salud con abortos en evolución son tratadas como sospechosas, se les cuestiona en contextos de emergencias médicas, son maltratadas, denunciadas por el personal de salud sin haberles dado la atención médica pertinente.
Aun cuando no sean sometidas a un proceso penal, que culmine con una sentencia, la criminalización del aborto repercute social y económicamente la vida de las mujeres, porque deben cubrir el pago de multas o fianzas, reparar el daño ocasionado a terceras personas o realizar trabajo a favor de la comunidad.
En caso extremos, se les considera homicidas por haber tenido un parto fortuito en el país o letrina en su casa y son condenadas a perder años de su vida en prisión y sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.
En México el aborto sigue siendo un delito
En México el aborto es considerado un delito en todas las entidades, con ciertas excepciones, la única causal bajo la cual el aborto es legal en todo el país es cuando el embarazo es producto de una violación sexual, y en la Ciudad de México se permite el aborto por voluntad de la mujer hasta la semana 12 de gestación.
Mientras que los estados de Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tamaulipas, condenan hasta cinco años de prisión a las mujeres que procuren un aborto. En un sentido contrario los estados de Chiapas, Michoacán y Veracruz no contemplan penas privativas por el delito de aborto, y la Ciudad de México que no penaliza el aborto hasta la semana 12.
Otro aspecto relevante es que varios códigos penales establecen sanciones para las personas que ayuden a una mujer a procurarse un aborto, y en el caso del personal de salud la sanción incluye la suspensión del ejercicio profesional hasta 20 años, lo que coloca al personal de salud en un estado de vulnerabilidad e inseguridad jurídica.
Esta situación podría disuadirlos de llevar a cabo abortos legales, atender abortos en evolución e incluso evitar la formación y capacitación del personal sobre dichos procedimientos. Destaca que la mayor parte de las denuncias por aborto en el país provienen de los prestadores de los servicios de salud.
El informe también señala que varios códigos penales definen situaciones atenuantes bajo las cuales las mujeres pueden enfrentar una pena menor, pero esas atenuantes son discriminatorias ya que se consideran cuando el aborto se realice para ocultar la “deshonra”, que el embarazo haya sido resultado de una unión “ilegítima” o que la mujer no “tenga mala fama”. Tal es el caso de Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas.
AM.MX TIV
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