Lilia Arellano
“Uno está tan expuesto a la crítica como a la gripe”: Friedrich Dürrenmatt
• Avances y obstáculos
• Por combate a corrupción, estima AMLO ahorros por $112,380 millones
• Renovación de órganos autónomos, no eliminación constitucional, aclara
• Grado de inversión en México no está en peligro en ninguna calificadora
Ciudad de México, 14 de febrero de 2019.- Poco a poco, paso a paso, se vislumbran los resultados del nuevo estilo personal de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se exhiben también los obstáculos, no sólo en el ámbito económico y financiero al afectarse intereses hasta el momento intocables, sino también por supuesto en el ámbito político al cancelarse privilegios y canonjías a grupos partidistas, sin dejar de mencionar los aspectos legales. El cambio de rumbo es evidente pues las directrices políticas, económicas y sociales se enfocan en el beneficio de la población en general y no en grupúsculos que se autodenominan “sociedad civil”. Los reclamos son muchos y variados, pero vienen de pandillas que se han beneficiado de la falta de vigencia del Estado de Derecho.
Para empezar, como parte del plan de combate a la corrupción, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estima generar ahorros por 112,380 millones de pesos de recursos públicos. De diciembre a la fecha, ya se tienen ahorros por 5 mil millones de pesos sólo por evitar el robo de combustibles en ductos y refinerías de Pemex. Al final del año se podrían ahorrar un total de 50 mil millones de pesos por este concepto. Se evitó regresar a ex accionistas del Grupo Modelo 33 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Por la próxima subasta de aviones y helicópteros, espera recuperar alrededor de 10 mil millones de pesos. Por ahorros en la compra consolidada de medicamentos se espera ahorrar 19,380 millones este año.
Los avances de la nueva administración federal deberán de pasar por la renovación de los órganos reguladores autónomos. No obstante, López Obrador descartó durante su conferencia de prensa mañanera impulsar un reforma constitucional para eliminarlos. Insistió en que esos órganos impulsados en el periodo neoliberal fueron creados para favorecer a las minorías y para simular que se vigilaban las acciones del gobierno, por eso se pronunció por mantener una estrecha vigilancia sobre ellos. Señaló: “no nos vamos a meter a hacer reformas constitucionales para quitarlos, nada más con que ya no puedan hacer negocios, con tenerlos vigilados, porque son muy corruptos, para que no den contratos, permisos, concesiones a quienes construyen gasoductos, a quienes van a perforar pozos, a quienes ponen plantas para generar energía eléctrica (…) para que no protejan monopolios”.
AMLO destacó se les dieron tantas facultades a estos órganos que están por encima del Poder Legislativo en algunos casos y es inapelable lo que deciden. Por eso, exclamó, “qué bueno que se les están venciendo los plazos” como en el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para la cual se incluyeron a 12 técnicos en cuatro ternas enviadas al Congreso. “Afortunadamente se les están venciendo los plazos, les faltó consultar a don perpetuo para que en vez de 10 años lo hicieran por 20, por 30, o como dieron los contratos en el sector energético, por 30, 40, 50 años. En algunos casos les falló, además estaban tan confiados que pensaban que iban a ser eternos”, indicó.
Los reclamos por estas acciones están a la orden del día. En el Senado, según la bancada panista la premura para designar a cuatro integrantes de la CRE obedece a que el gobierno pretende controlar a ese organismo autónomo. El senador Julen Rementería del Puerto, secretario de la Comisión de Energía, aseguró: “Ellos argumentan que necesitan una persona para poder sesionar, pero en el fondo intentan tomar el control de ese organismo a partir de mandar comisionados a modo de la Presidencia”.
Respecto al revés resentido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual declaró infundada su intención de dejar sin efecto la suspensión que impide la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, la cual establece que nadie puede ganar más que el presidente, López Obrador advirtió que no modificará el plan de aplicar esa normatividad. Sostuvo que “la decisión de la Corte es un asunto legal que se tiene que resolver de esta manera. Considero que no se ajusta a lo que tiene que hacer, a la conducta de quien imparte justicia, y nosotros no vamos a modificar nuestro plan”.
AMLO indicó que aquellos funcionarios que se han amparado contra la ley deberían ofrecer disculpas “por que es una ofensa que en un pueblo con tanta necesidad haya esos sueldos ofensivos”. En esta rubro, también el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó una controversia constitucional ante la SCJN contra la Ley de Remuneraciones de servidores públicos y el recorte al presupuesto del organismo. En un comunicado, el Inegi señala que la controversia es por el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción de su gasto total en el PEF 2019.
De acuerdo con su argumentación, el recorte se hizo sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción. Por eso, el Inegi eliminó 14 proyectos estadísticos este año. El recorte, indicó el organismo, “impide a este instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como se ha informado”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también advirtió que en su gobierno “no se va a permitir el influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”, tras instruir que la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, informe sobre nombramientos de personas cuestionadas por su nivel de estudio y las renuncias hasta ahora presentadas por esos motivos.
Su declaración se derivó de la designación de David Alexir Ledesma Feregrino, como subdirector de la Coordinación de Comunicación, cuando aún no concluye sus estudios universitarios, y de María Chávez, como secretaria Administrativa de Fondo Sectoriales, con apenas secundaria terminada. El titular del Ejecutivo federal señaló que “se está procurando, no sólo en el Conacyt, sino en todo el gobierno, que no haya ninguna anomalía, y ya lo dije ayer, no se va a tolerar corrupción… todo lo que aquí se ponga a consideración se va a investigar y se aclare todo”.
DE LOS PASILLOS
El grado de inversión de México no está en peligro en ninguna de las tres principales agencias calificadores: Fitch, Moody´s y Standard & Poor´s. Analistas de las tres calificadoras explicaron que la probabilidad de que un emisor con calificación “A3” como la de México en Moody´s o “BBB+” en Fitch y Standard & Poor´s caiga en impago es mucho menor de 5 por ciento. “Salvo que tengamos sorpresas muy negativas, y que cambien bastante el escenario fiscal y económico, lo que no se ve de ninguna manera”, indicó Jaime Reusche, analista soberano para México en Moody´s.
A fin de demandar mayor presupuesto para la UNAM, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, se manifestaron integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. También exigieron se mantenga la autonomía universitaria, respeto a los derechos laborales de los empleados y manifestaron su solidaridad por la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Los trabajadores llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a activar y mejorar las universidades que ya existen y después crear las 100 instituciones que propone.
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