Arq. Mario González R. Cedillo, CPP
Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental, Urbano y Arquitectónico como parte de la solución para la recuperación de los espacios públicos abiertos “tomados” por la delincuencia.
LA DELINCUENCIA COMÚN
La inseguridad pública se ha convertido en el tema cotidiano del país. En foros, simposios, congresos, restaurantes, cafeterías, reuniones familiares, clubes deportivos y eventos sociales la conversación obligada es la inseguridad pública que ha postrado de hinojos a la sociedad ante la exponencial delincuencia común y organizada; los robos a transeúntes, el asalto a transporte público, carga, residencias, bancos, cajeros automáticos, comercios, restaurantes, salones de fiestas, funerarias y hasta iglesias no han escapado a la delincuencia; la nota roja es el común denominador en los medios electrónicos e impresos; no existe ámbito social, empresarial o político que no la involucre, pues en solo doce años han sido asesinados más de doscientas treinta mil personas; hay más de cuarenta mil desaparecidos y cientos de miles de desplazados por la violencia del narcotráfico.
Si bien la ola de inseguridad pública azota a la mayoría de los estados del país, es en la ZMVM en donde se concentran los más altos índices delictivos a nivel nacional por su alta concentración poblacional; sus causas y efectos pueden identificarse fácilmente en la dinámica urbana del temor al riesgo y su proceso delictivo, pues definen su tendencia al incremento en la estadística delictiva de la ZMVM y sus dieciocho municipios conurbados.
HACIA LA “METROPOLITIZACIÓN”
La ZMVM es una región que concentra casi el 22% de la población nacional en el 5% del territorio; el estado de México y la ciudad de México comparten colindancias en 175 Km. que abarcan ocho municipios y siete alcaldías; la ZMVM se integra por 59 de los 125 municipios mexiquenses y las dieciséis alcaldías, cuyos casi 25 millones de habitantes comparten problemáticas limítrofes de inseguridad, movilidad, medioambiente y servicios públicos, siendo irreversible la tendencia de la “metropolitización” del gobierno, no solo para el Valle de México, sino para aquellas regiones del país con problemas similares.
En el país existen 59 zonas metropolitanas que concentran casi 65 millones de habitantes en el 57% del territorio que conlleva a un tema de reflexión relativa a la impotencia municipal para el combate a la delincuencia desde su gestación, a través del diseño y la implementación de políticas y estrategias de seguridad pública y procuración de justicia con acciones coordinadas conjuntamente entre los tres niveles de gobierno pero sin menoscabo de sus soberanías y autonomías, según lo establecen los artículos 115° y 21° constitucionales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Octubre de 2013.
FACTORES DE DELINCUENCIA.
En el caso de la ZMVM el primer factor es la alta concentración urbana, a la cual habría que sumarle las reincidentes crisis políticas, económicas y sociales por las que transita el país en escenarios de incertidumbre y reflejada en el sempiterno déficit presupuestal en seguridad pública para su implementación en programas de prevención del delito, procuración de justicia y de readaptación social, la lucha contra la corrupción e impunidad al interior del sistema judicial y el combate a la delincuencia organizada (narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, robo de vehículos, transportes de carga, tráfico de personas, armas, órganos, piratería, combustibles (huachicol y gas), etc.
El segundo factor es la pobreza, la miseria, el desempleo y la falta de oportunidades de ingreso a los servicios públicos de salud, educación y vivienda; la improductividad del 50% del campo; la reaparición de grupos armados (EZLN, EPR, ERPI, etc.) o disruptores (CNTE) que responden a intereses, patrones de conducta y patología variables, así como manifestaciones violentas de inconformidad, las cuales podrían producir un caldo de cultivo propicio para una implosión social de severas consecuencias para el país.
El tercer factor es que el 80% de la población percibe menos de 2.5 salarios y la tasa de desempleo se elevó a 4.2%, debido a que los demandantes no satisfacen el perfil de conocimientos, habilidades y destrezas que reclaman las empresas, dando lugar a un ambiente desolador donde las familias enfrentan las presiones de la pobreza, surgiendo la violencia intrafamiliar; la deficiente alimentación que se refleja en la salud y comúnmente con la deserción escolar de los menores, quienes son obligados a trabajar para colaborar con el presupuesto familiar, o se ven forzados a abandonar el hogar para subemplearse, prostituirse, drogarse o engrosar las filas de los llamados ninis o de la delincuencia común u organizada como los llamados “halcones” que tienen la función de vigilar movimientos de los cuerpos de seguridad y prevenir a la delincuencia de los operativos policiales.
PREVENCIÓN DEL DELITO, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
La mayoría de gobiernos de estados y municipios han soslayado y/o desviado los recursos (FORTAMUN, FORTASEG) para la inversión en reclutamiento, capacitación, adiestramiento, equipamiento táctico y profesionalización de sus cuerpos policiales, traduciéndose en negligencia e ineficiencia por el rezago que prevalece en los cuerpos de seguridad pública, pues les ha resultado más fácil y barato acudir al auxilio de las Fuerzas Armadas para que les resuelva su problema de seguridad argumentando ser delitos del fuero federal cuando es todo lo contrario, los delitos del fuero común representan el 90% mientras que los del fuero federal (narcotráfico y crimen organizado que representan apenas el 10%, según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública).
La corrupción ha permeado en casi todos los sectores de la sociedad, siendo un factor negativo en las policías que han sido penetradas por la delincuencia común y el crimen organizado, corrompiéndose ante la falta de dignificación, estímulos y recompensas, así como del reconocimiento a su noble labor, además de no existir un estricto control del proceso de reclutamiento, selección, contratación, doctrina, formación, capacitación, profesionalización, permanencia, evaluación, certificación, estímulos al desempeño, estabilidad laboral y desarrollo policial, además por la ausencia de valores, disciplina, vocación de servicio y honestidad para satisfacer las necesidades de protección y servicio a la sociedad a la que se deben.
Existen muchos casos de corrupción de ministros, magistrados, jueces, fiscales, ministerios públicos, agentes de investigación federal, estatales, municipales y militares vinculados con delincuentes, fomentando la simulación, siendo esta una variable que incide en el incremento de índices delictivos; ni qué decir de la corrupción e impunidad que existe en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS); CERESOS, reclusorios preventivos, cárceles, penales estatales y municipales, donde desde el director del penal, jefes de seguridad, custodios, defensores de oficio, litigantes, proveedores de servicios, etc., están involucrados en todo tipo de actividades ilícitas, como fue el caso de las supuestas “fugas” de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, hoy preso en Estados Unidos.
Las deficiencias jurídicas, técnicas y administrativas para la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación, la falta de una reforma estructural para la homologación de los 32 códigos y procedimientos penales en el país incurren en una dilación para la impartición expedita de la justicia a pesar del Sistema Penal Acusatorio; la saturación, hacinamiento, promiscuidad, drogadicción y prostitución fomentan vicios y enfermedades endémicas que generan violencia por la rebasada, ineficaz e ineficiente infraestructura, la falta de sistemas de seguridad (interna y externa), así como la casi nula capacitación y adiestramiento del personal en el manejo de crisis como son las fugas y amotinamientos en demanda de mejores condiciones de vida o por el control territorial en los penales, la mayoría de ellos bajo administraciones de “autogobierno”.
