Arq. Mario González R. Cedillo, CPP
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y POLICÍA DESORGANIZADA.
Sin duda, el crimen organizado contribuye significativamente al incremento de los índices delictivos provocando un alto impacto en la percepción social del temor e inseguridad, últimamente con un alto grado de violencia, pues este tipo de crimen posee componentes distintos al delito común o de oportunidad, debido a que está conformado por una estructura horizontal con delincuentes de bajo perfil, disciplinados y sometidos a reglas en extremo rígidas (ZETAS, CJNG), debidamente capacitados, adiestrados y equipados con armamento vanguardista y que definen sus estrategias delictivas y operativos logísticos con elevados coeficientes de riesgo.
Su poderío financiero, económico, tecnológico, logístico y hasta político contrasta con una policía desorganizada y escasamente capacitada para su eficaz combate, más aún si existen vínculos con integrantes de los cuerpos policiales; sus efectos son tan expansivos y nocivos que la microcriminalidad o delincuencia de coyuntura prospera, insertándose en un fortalecido tejido de alta criminalidad como es la delincuencia organizada, pues existen factores de riesgo reales y potenciales que, concatenados, han sido el detonante de la explosión delictiva que se vive desde la declaración de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el entonces presidente de la República en diciembre de 2006, donde las Fuerzas Armadas han sido expuestas a una guerra que no les corresponde con el consecuente disgusto y desgaste de su imagen, misma que al parecer continuará con la reciente aprobación en el Congreso de la Unión para la creación de la Guardia Nacional, y que si bien dada la emergencia en seguridad pública que prevalece no representa la panacea; la recién proclamada Estrategia Nacional de Seguridad emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana adolece de articulación de fines, procedimientos y medios (ends, ways and means), es decir, ha de definir puntualmente qué se quiere lograr, cómo se conseguirá y con qué capacidades específicas cuenta.
LA INSEGURIDAD METROPOLITANA
La inseguridad en las 59 zonas metropolitanas del país pone en riesgo la viabilidad del desarrollo del país, generando daños colaterales y secuelas sicológicas en sus habitantes, así como generar desconfianza en las instituciones, provocando flujos migratorios internos o al extranjero; el abandono de la convivencia social en sus comunidades para dar paso a la delincuencia común u organizada, cuyos cotos territoriales son disputados a sangre y fuego, pues las ciudades han sufrido una alteración en su fisonomía urbana que va desde un espacio abierto a otro conformado por dos opciones: espacios cerrados protegidos con altas bardas, cercas electrificadas y vigilancia privada, o de espacios abiertos inseguros para la movilidad peatonal o vehicular, con una policía municipal rebasada por la delincuencia o coludida con esta, quienes además experimentan el temor de la amenaza de ser denunciados por abusos de fuerza ante la CNDH si cumplen con su función.
En fraccionamientos residenciales, clubes de golf y condominios horizontales y verticales existen sistemas de seguridad electrónica con bardas y cercas perimetrales electrificadas, circuitos cerrados de televisión, alarmas con estaciones remotas, controles de acceso con vigilancia privada para su autoprotección; a este tipo de construcción la he denominado “arquitectura controlada”, en donde el paisaje urbano tradicional de las otrora tranquilas y apacibles colonias ha pasado a ser otro de verdaderos feudos por su encastillamiento, trasladándose la delincuencia común y organizada hacia las colonias menos protegidas por sistemas de vigilancia CCTV a los municipios colindantes del Valle de México en donde existen menos riesgos de ser detectados, perseguidos y capturados.
Lo anterior facilita la comisión de delitos como el asalto al transporte y robo de vehículos, pues al internarse en la red federal carretera el delito se desvanece en un punto de fuga de distribución vial a través de 14,000 Km. de carreteras, 11 autopistas interestatales; 2,400 Km. de caminos rurales, 780 Km. de brechas, así como la colindancia con ocho estados del país, sin posibilidades de detección y persecución ágil y oportuna por carecer de infraestructura a través de módulos de intercepción vía satelital, helicópteros o drones para el reporte en tiempo real de la comisión del delito al C-4 para su persecución, intercepción, captura y puesta a disposición de las autoridades competentes (Ministerio Público).
Los logros obtenidos por la Policía Federal y la FGJEM en la recuperación de vehículos robados en las autopistas y carreteras del estado de México, en el desmembramiento de bandas de robo de vehículos y transportes, de las cuales la mitad pertenecen al crimen organizado que exporta autos robados a Centro y Suramérica y otros continentes; la falta de legislación para la promulgación de reformas estructurales para la homologación de los 32 códigos y procedimientos penales; deficiencias de infraestructura, equipamiento y capacitación de fiscales, ministerios públicos y jueces de control que reclama el Sistema Penal Acusatorio y el anacrónico Sistema Penitenciario que impide la expedita impartición de la justicia, pues los delincuentes se trasladan de una alcaldía, municipio o estado a otro para evadirla a través del desplazamiento delictivo del llamado “efecto cucaracha” debido a la escasa o nula vigilancia de operativos conjuntos (Bases de Operaciones Mixtas) en los limítrofes vulneran la seguridad perimetral en los accesos a los estados y municipios.
