Lilia Arellano
“Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”: Stanislaw Lec
● “Estafa Maestra”: UIF investiga la red de funcionarios
● FGR indaga a la protegida de EPN: Rosario Robles B.
● Mineros: largo conflicto de 12 años vs Grupo México
● Escondido y prófugo, Lozoya Austin rompe el silencio
Ciudad de México, 30 de abril de 2019.- Por fin uno de los personajes de la política mexicana representativo del ejercicio de la corrupción y la impunidad, Rosario Robles Berlanga, fue vinculada a proceso penal por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el caso conocido popularmente como la “Estafa Maestra”, es decir, el desvío millonario de recursos públicos durante sus gestiones al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu). El pasado lunes por la noche, el juez de control con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México fijó como fecha de la audiencia respectiva el 8 de agosto a las 11 de la mañana.
Además de Robles Berlanga se investiga a una red de funcionarios y de 50 empresas involucradas en el desvío de recursos, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al ser entrevistado antes de una reunión de gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario precisó aún no se han congelado cuentas de los presuntos involucrados. “Estamos analizando toda la información del sistema financiero para proceder en consecuencia”, indicó.
La vida pública de Robles Berlanga, quien alegó se violó el debido proceso al filtrarse la información y advirtió en un programa radiofónico “dará la cara”, se ha desarrollado entre escándalos de corrupción, tráfico de influencias y desvíos de recursos de la hacienda pública: desde sus tormentosas relaciones con el empresario Carlos Ahumada a la “Estafa Maestra”; de la desaparición de casi 12 mil millones de pesos de programas asistenciales a la población indígena, a la renta de un edificio en una de las avenidas más caras de México, escándalo dado a conocer por su sucesor en la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón.
Santiago Nieto señaló no puede revelar en estos momentos los nombres de otros funcionarios involucrados en el desvío de fondos, las razones sociales de las empresas fantasma y si también se indaga a rectores de universidades, por el respeto al sigilo de la investigación a fin de no alterar la Ley. Sólo indicó están analizando 50 sociedades relacionadas con el caso y cumpliendo la instrucción presidencial llegaremos a las últimas consecuencias.
Teresa Maldonado Rodríguez, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, de la FGR, envió un oficio a un juez de control el cual pidió se le señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación a proceso contra Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Durante las administraciones de Robles Berlanga en la Sedesol y en la Sedatu, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó el desvío de millonarios recursos públicos. La FGR mantiene abiertas más de 20 investigaciones en contra de servidores públicos de ambas dependencias quienes habrían participado en el desvío de al menos 800 millones de pesos, entre ellos la ex titular de esas secretarías.
La ASF detectó, por ejemplo, en los ejercicios 2013 y 2016, contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos los cuales se entregaron a más de 180 empresas, pero a la mayoría de ellas se les dio a través de una triangulación con universidades públicas. Y en la cuenta pública de 2016 se detectó el quebranto de 3 mil 855 millones de pesos durante la gestión de Robles en la Sedatu, recursos desviados del Programa de Infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias aún sin identificar.
Su historia de escándalos es larga y conocida, así como sus ligas con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, conocido en México por la compra de voluntades, el soborno, el tráfico de influencia, la manipulación de licitaciones, el chantaje, el uso de la fuerza y la construcción de una amplia red de complicidades documentadas por las autoridades judiciales. La filmación hecha entregándole dinero al Señor de las Ligas, René Bejarano, le provocó a AMLO severas críticas, por lo tanto se dice llegó el momento de cobrar esas vieja factura.
Durante la jefatura gobierno del Distrito Federal encabezada por Rosario Robles (Septiembre de 1999 a diciembre de 2000) Ahumada dio rienda suelta a su ambición y con la amistad y amorío con ella compró voluntades, derribó obstáculos, utilizó materiales de pésima calidad y cobró obras nunca ejecutadas. En la dirigencia del PRD siguió con sus actividades ilícitas desde el patrocinio de la campaña de Rosario Robles para la presidencia del PRD. La creación del famoso “cochinito” forma parte de la historia de la ex lideresa universitaria. Dejó endeudado al PRD y por razones inexplicables la banda de los “Chuchos” se negó a denunciarla y, al contrario, contrató a contadores para limpiar sus desviaciones.
Sus tropelías salieron a flote iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando la contraloría del GDF detectó una serie de irregularidades en obras licitadas a varias de las empresas de Ahumada, las cuales fueron vetadas, pero Rosario Robles fue protegida, como también sucedió a lo largo de la gestión de Enrique Peña Nieto y ni como evitar recordar el manto con el cual fue cubierta durante el sexenio de Felipe Calderón, quien la comparó con la Magdalena y las oportunidades a las “pecadoras”.
El tabasqueño señaló en su conferencia de prensa mañanera sobre el caso de la “Estafa Maestra”, ha dado la instrucción para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregue a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la información requerida para esta investigación. El mandatario ofreció cero corrupción y cero impunidad y no solapar a nadie. “No hay impunidad para nadie. Hay que esperar nada más que concluyan las investigaciones y los procesos legales”.
También se le siguió una indagatoria, sin concluir, por la desaparición de casi 12 mil millones de pesos de programas asistenciales a la población indígena. A finales de 2015, diversas revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron: aplicaciones de varios de los programas de asistencia realizados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) adolecen de indicadores y controles para evaluar el cumplimiento de metas en sectores de adultos mayores, jóvenes, e incluso en varios de los contenidos en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Uno de los últimos escándalos de Robles Berlanga fue la revelación sobre la renta de un lujoso despacho el cual costaba 20 millones de pesos al año. Durante 12 años, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), organismo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), rentó un lujoso inmueble en Polanco, por el cual desembolsó más de 20 millones de pesos. Dicho inmueble se ubica en avenida Presidente Mazaryk, numero 214, una de las avenidas con las rentas más caras, con tiendas de alta costura e insumos de lujo, donde despachó Robles Berlanga, durante poco más de 14 meses, junto a sus funcionarios más allegados.
La “Chayito” no dejó títere pinolero con cabeza. La anécdota sobre la colocación de la banda presidencial en el despacho del ex presidente Carlos Salinas de Gortari habla por sí sola de la influencia obtenida por está famosa fémina quien paso de la noche a la mañana de portar el morralito a usar la bolsa de broche.
LARGO CONFLICTO MINERO
Tras la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador a los lideres sindicales y las empresas mineras para buscar una solución al conflicto iniciado hace 12 años en las minas de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas; y Taxco, Guerrero, las distintas secciones del sindicato minero analizan la propuesta presidencial a fin de evitar la toma de instalaciones de los yacimientos y dar paso a mesas de negociación, las cuales comenzarían en 10 días.
Desde la década pasada iniciaron los conflictos en dichas minas, con denuncias de los trabajadores por afectaciones ecológicas y despidos. Desde el 30 de julio de 2007 fueron colocadas banderas rojinegras en La Concha, Los Remedios y El Solar, en Taxco, así como en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, y en el yacimiento San Martín, en Sombrerete, ante la negativa de la empresa Grupo México, de Germán Larrea, de cumplir con el contrato colectivo de trabajo en materia de seguridad e higiene.
Germán Feliciano Larrea Mota Velasco es el tercer hombre más rico de México y el número 79 del mundo, según el ranking 2013 de la revista Forbes, con una fortuna de 13 mil 300 millones de dólares. Actualmente, el Índice de Bloomgerg lo sitúa en el número 117, con 9.9 mil millones de dólares. Larrea reparte su vida entre la ciudad de México y la Toscana, Italia, donde ha pasado buena parte de los últimos años con esposa y sus dos hijos, según versiones periodísticas.
Con la complicidad de los tres niveles de gobierno, Grupo México en lugar de cumplir sus obligaciones patronales ha tratado de acabar con la huelga mediante artimañas legaloides, así como amenazas y agresiones físicas contra los trabajadores y sus familias, tratando se desistieran de su lucha. Como se ha visto evitó por todos los medios entregar a las familias de Pasta de Conchos las indemnizaciones correspondientes, no cumplió con ninguna de las promesas hechas, una de ellas encargarse de la educación de los hijos de los mineros aún enterrados en el lugar.
AMLO adelantó él asistiría al arranque de las negociaciones mientras en el resto de los encuentros las mesas serán encabezadas por los secretarios de Economía, Graciela Márquez; de Salud, Jorge Alcocer; y del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, así como por el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo.
Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, manifestó su disposición de poner fin a los conflictos laborales en diferentes partes del país, y dijo espera exista la voluntad de Germán Larrea para aceptar la mesa de negociación y encontrar un pronto arreglo, en beneficio de los trabajadores, del sector minero y del país. Ya se verá si Gómez y Larrea o Larrea y Gómez se sientan frente a frente y si como se ha visto en todas las etapas de gobierno, sean del PRI o del PAN, los arreglos con dinero de por medio llegan pronto, pero no para el beneficio de los trabajadores sino de los líderes y empresarios.
Desde hace 12 años, los trabajadores de Cananea siguen en pie de lucha, sin sueldo, ni trabajos estables, y exigen al gobierno federal intervenir hasta obligar a la empresa pague prestaciones, utilidades y salarios caídos desde 2007, así como el retiro de la concesión para operar la mina Buenavista del Cobre. También enumeraron una serie de arbitrariedades provocados por Grupo México en Sonora, las cuales fueron solapadas en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Tres años después de las huelgas, en una maniobra ilegal, pero avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Larrea Mota Velasco obtuvo un juicio a su favor para reabrir Cananea, bajo la razón social Buenavista del Cobre, y desalojaron por la fuerza y lujo de violencia a los trabajadores. Los representantes del gremio encabezado por Gómez Urrutia, se reunieron este martes en un foro en el Cine Teatro Casa del Minero, donde se congregaron mineros, esposas e hijos. Sergio Tolano Lizárraga, secretario general de la sección 65 de Cananea, recordó en las tres minas se ha intentado desde 2007 iniciar un diálogo con la empresa Grupo México pero han encontrado una postura cerrada. Consideran es ahora, en el gobierno de AMLO, cuando se les presenta la mejor oportunidad para que se aplique la ley a la empresa de Larrea.
“Lo de AMLO es un noticia muy buena, nos da mucho gusto escuchar esas declaraciones del presidente pues lo hemos esperado por 12 años y esta oportunidad la vamos a valorar (…) tomaremos los acuerdos necesarios por la vía del diálogo y con un consenso maduro por toda la base y por nuestros compañeros”, declaró Toledano Lizárraga, quien señaló se encuentran listos para entrar a las mesas de diálogo como sección 65 para aportar soluciones que destraben el conflicto.
José Santos Cervantes, dirigente del Frente Social por la Soberanía Nacional, sostuvo a su vez: Germán Larrea Mota de Velazco debe responder legalmente ante las autoridades federales por el incumplimiento del fallo judicial el cual le ordena restituir el estado de huelga en la mina San Martín, cuyo titular del contrato colectivo es el Sindicato Minero a través de la sección 201. También acusó a los ex gobernadores de Zacatecas Amalia García Medina, Miguel Alonso Reyes y el actual mandatario Alejandro Tello Cristerna, de haberse coludido con Germán Larrea.
Los mineros de la sección 17, con sede en Taxco de Alarcón, recordaron el inicio del conflicto con diversas actividades, las cuales incluyeron una manifestación y la presentación del libro Desafío, el estallido histórico de la huelga minera en Taxco, de Raymundo Ruiz Avilés, corresponsal de La Jornada Guerrero.
En 2007, antes del cierre de la mina, cada trabajador ganaba 750 pesos a la semana, y muy pocos alcanzaban los mil 200 pesos, incluidas las horas extras, a pesar de que en 2006 la producción minera en Guerrero alcanzó más de mil 167 millones de pesos, con la extracción de 901 toneladas de oro y más de 31 mil de plata. Mientras los trabajadores, en la unidad El Solar, realizan sus actividades extractivas entre aguas contaminada por reactivos químicos, lodo, estructuras deterioradas por el óxido y desechos minerales, y cumplen sus jornadas en condiciones de alto riesgo e inseguridad.
Antes del estallamiento de la huelga, Grupo México lanzó una convocatoria dirigida a los trabajadores para que se liquidarán, y así evitar demandas laborales, además de rechazar la revisión contractual y anunciar el cierre definitivo de la Unidad Taxco, el cual se hizo oficial el 25 de septiembre. Pero el 23 de enero de 2008 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró legalmente existente la huelga. En ese año se registró la muerte por accidente de cuatro mineros en su jornada laboral, así como una decena de accidentes de trabajo al mes en cada una de las tres minas ubicadas en Taxco.
Al saqueo del subsuelo habrá de agregársele el hecho de no estar gravadas con impuestos justo tanto las extracciones como las exportaciones. Los golpes al patrimonio de todos los mexicanos dados por gobernantes y empresarios no han conocido, hasta hoy, límite.
DE LOS PASILLOS
Al girarse dos órdenes de aprehensión en su contra el 28 de mayo y el 4 de julio pasados, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, decidió romper el silencio, y desde una locación no identificada calificó las acusaciones como “un ataque político cobarde y sin fundamentos” contra él y su familia. El ex funcionario, quien es buscado a escala global por la Interpol, contestó a través de su abogado Javier Coello un cuestionario del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el medio suizo Tamedia, como parte de una investigación periodística en conjunto con Quinto Elmento Lab. Coello entregó las respuestas el sábado 27 de julio, donde el ex funcionario niega todos los cargos…
Por negocios tampoco la 4T se detiene y se favorece descaradamente a los mismos de siempre por ser “los únicos” en brindar servicios garantizados. Prácticamente al mismo tempo en que distintos organismos públicos como universidades y dependencias de gobierno sufrieron la intermitencia o la ausencia total de las señales de Internet, tres subsidiarias de Telmex, Televisa y Grupo Salinas se hicieron con los contratos para proveer servicios de conectividad a instituciones públicas a partir de agosto y durante doce meses, de acuerdo al fallo de la licitación LA-009000937-E4-2019 anunciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Uninet, controlada por Telmex; Operbes, de Grupo Televisa, y Totalplay de Grupo Salinas, en conjunto deberán conectar 1,257 puntos de los 32 estados de la República, a cambio de un pago de 95 millones 582,328.51 pesos, sin IVA. Dicen como argumento de defensa se hicieron solamente por un año los contratos, tiempo requerido para poner en marcha el deseo de AMLO de contar con capacidad para dar los mismos servicios de manera gratuita… ¿será?
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