Lilia Arellano
“La nación cuya existencia depende de un solo hombre, no puede tener vida duradera”: Simón Bolivar
● Fallan los tres Poderes
● Caso Ayotzinapa: crimen de lesa humanidad, indica Diego Valadés
● Evidente corrupción en Poder Judicial; AMLO propone reformarlo
● Descarnada lucha en el Legislativo; Presidente: “es una vergüenza”
● Terrorismo fiscal: delitos fiscales serán “delincuencia organizada”
Ciudad de México, 4 de septiembre de 2019.- Fallan los tres poderes de la Unión al pueblo de México en el régimen autodenominado la Cuarta Transformación de la Nación. El Ejecutivo federal no pude cumplir las promesas hechas por el candidato Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país pues la violencia está descontrolada, tampoco logra impulsar el crecimiento a 4% del PIB al año, con una economía estancada, paralizada; la lucha por la corrupción es limitada a un grupúsculo; la austeridad republicana ha generado más daños colaterales que ahorro y el desarrollo social y el bienestar no se ven por ningún lado. El Poder Judicial exhibe día tras día su podredumbre y ligas con el crimen organizado; y en el Congreso de la Unión la lucha por el poder es abierta, descarnada, sin dar ni pedir cuartel, dejando de lado principios ideológicos y normatividad legislativa, “es una vergüenza”. Las violaciones constitucionales están a la orden del día y aparecen en determinaciones tomadas por los tres poderes.
CASO AYOTZINAPA: CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Existen todos los elementos para que el Estado mexicano declare como crimen de lesa humanidad la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, pero a cinco años de aquel lamentable acontecimiento los órganos de administración y procuración de justicia han cometido fallas garrafales y permitido la liberación de más de 40 de los 142 detenidos, en cuyos casos las pruebas fueron desestimadas.
El jurista, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ex procurador general de la República, Diego Valadés, planteó: “el crimen de lesa humanidad está contemplado por los tratados internacionales, en particular el estatuto de Roma, no altera la posibilidad del delito y por tanto la declaratoria no tendría características de carácter retroactivo y sí convierte en imprescriptible la acción punitiva del Estado para aquellos que hayan participado en ese crimen que el país entero y la comunidad internacional condena”.
Durante una mesa redonda organizada por el Colegio Nacional para conmemorar el centenario del Partido Comunista Mexicano (PCM), Valadés explicó: “… si se retoma esa idea de la declaratoria de crimen de lesa humanidad basado en el derecho consuetudinario internacional, en la normatividad internacional y en el artículo 1 de la Constitución que hace aplicables las normas internacionales en nuestro territorio, el Estado mexicano estará contrayendo un compromiso que trasciende lo que puede representar la duración de un gobierno y convierte la acción persecutoria de quienes han delinquido en un objeto que todo Estado democrático debe perseguir sin limitación de tiempo”.
La primera y más importante cuestión para el presidente de la República en cada reunión de gabinete ampliado es, de forma invariable, que aparezcan los desaparecidos, entre ellos los 43 estudiantes de aquella normal rural guerrerense, destacó el investigador y miembro del Colegio Nacional. Sin embargo, una vez más los aparatos de administración y procuración de justicia del país fallan y exhiben sus vicios y dolencias impúdicamente.
El sábado pasado, Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, uno de los presuntos líderes de “Guerreros Unidos”, grupo vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recuperó su libertad. El juez Samuel Ventura Ramos, de Tamaulipas, desestimó 44 pruebas sobre “El Gil” para tratar de acreditar el delito de secuestro pues sólo analizó 162 de los 791 tomos del expediente. López Astudillo fue capturado el 16 de septiembre de 2015, a 10 días de cumplirse el primer año de los hechos; y ahora el inculpado salió del penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
“El Gil” seguía dos procesos penales, uno por delincuencia organizada, del cual fue absuelto el año pasado, y otro por secuestro, y en él se investiga la desaparición de los estudiantes por lo que había permanecido en prisión. La mayoría de las absoluciones se han generado como consecuencia de cuatro amparos otorgados a inculpados en el caso en junio del año pasado por el Primer Tribunal Colegiado en Reynosa, Tamaulipas. En ellos se ordenó la creación de una Comisión para la Investigación de la Verdad, pero también se consideró los inculpados habían sido torturados, por lo cual sus declaraciones quedaron jurídicamente invalidadas.
Diversos acusados como Patricio Reyes, “El Pato”; Felipe Rodríguez, “El Cepillo”, Salvador Reza, “El Wereke”; Agustín García, “El Chereje”, y Gildardo López Astudillo,. “El Gil”, fueron favorecidos por los amparos pues sus declaraciones eran el único sustento de la investigación oficial. López Astudillo, líder local de “Guerreros Unidos”, fue detenido después de la presentación del primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual rebatió la llamada “verdad histórica” del caso, donde se planteaba los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Los jóvenes fueron divididos en al menos dos grupos con diferentes destinos, unos entregados a policías de Iguala y otros a agentes de Cocula, es decir, no todos fueron asesinados en el basurero de Cocula, fue la primera declaración de “El Gil”. Sin embargo, según el informe del GIEI, López Astudillo no es testigo presencial de los hechos, negó haber participado y denunció haber sido torturado, y ahora está libre. Nada se sabe de los Abarca, del matrimonio calificado de “infernal”; tampoco de los jóvenes a quienes se les obligó a detallar frente a las pantallas televisivas la forma como incineraron los cuerpos y se supo, desde entonces, todo era fantasía prefabricada para dar paso a la llamada Verdad Histórica, producto de las maquinaciones del hidalguense y por entonces procurador Jesús Murillo Karam sobre quien pesa, en un primer lugar, la acusación de encubrir crímenes de lesa humanidad. Dado el caso ¿declararía siguió instrucciones de EPN?
SEGOB: VAN CONTRA JUECES, MP Y PGR
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, consideró “grave” la liberación de Gildardo López Astudillo y dijo es un precedente que deja la posibilidad de liberar a otros 50 detenidos por este caso. Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario anunció iniciarán procesos de investigación sobre la actuación de jueces, agentes del Ministerio Público y funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en este caso.
El funcionario federal indicó: “Es un precedente muy grave (la liberación), es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores de los delitos de desaparición, de delincuencia organizada y lamentablemente no es el único caso, sino que, además, sentará precedente para establecer sentencias absolutorias a los demás involucrados, viene a fortalecer la tendencia registrada con la libertad de otros detenidos en el caso Ayotzinapa… La indebida integración de la investigación, la mal llamada Verdad Histórica se construyó con base en la simulación en beneficio de los perpetuadores y en contra de las víctimas… Habiendo elementos suficientes para fincar responsabilidades, con un laxa aplicación de la ley pueden salir libres…”.
Encinas exhortó a la Fiscalía para que reencaucé la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación para deslindar responsabilidades de las autoridades. El gobierno federal, agregó, está dispuesto a proporcionar los recursos correspondientes para que se inicie la investigación de jueces y autoridades. “Seguiremos haciendo las investigaciones, pero requerimos que la autoridad judicial haga su trabajo y no permita que estos hechos queden impunes”, subrayó.
También confirmó el responsable de derechos humanos de la Segob: un juez amparó a Tomás Zerón –encargado de las investigaciones en la administración pasada- para mantener protección y seguridad brindada por el Estado, pero a la vez, la Visitaduría de la Fiscalía General de la República lo investiga por su actuación en este caso, así como a otros ex funcionarios. Se recuerda cuenta con 25 ”nanas” uniformadas y 8 vehículos, cuatro de ellos blindados y los otros cuatro de escolta para su persona y la familia.
Por su parte, AMLO confió en que el Consejo de la Judicatura intervendrá en este caso y agregó: “es momento de iniciar una reforma tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, y les tengo confianza a sus titulares, lo qué pasa es que son instituciones que se han venido echando a perder porque había impunidad, influyentismo, nepotismo, corrupción, la Procuraduría era una cosa tremenda. Ahora Alejandro Gertz es una gente con integridad”. Agregó el titular de la Suprema Corte de Justicia es una persona íntegra, pero insistió se debe analizar todo el Poder, no sólo al presidente ya que hay ministros y jueces.
AMLO: “VERGÜENZA” RETORCER LEY DEL LEGISLATIVO
Tras el largo enfrentamiento entre las fracciones parlamentarias de Morena, PT, PES y PVEM, contra el bloque opositor del PAN, PRI y PRD, escenificado hasta el final del pasado martes, y la “renuncia” de Porfirio Muñoz Ledo a la reelección, finalmente los panistas tendrán la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pues los morenistas congelaron la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, confirmó su coordinador Mario Delgado.
La bancada de Morena impulsó el martes reformar la Ley Orgánica del Congreso para ampliar la presidencia de Porfirio Muñoz Ledo y evitar que el PAN asumiera la presidencia de la Cámara baja como lo mandata la actual legislación, lo cual detonó la polémica y la confrontación entre los legisladores, como se lo reseñamos en estas mismas líneas. Desde hace tres semanas se escenificó la controversia, cuando Porfirio Muñoz Ledo aseguró se mantendría en ese cargo. “Sufragio efectivo, si reelección”, dijo entonces.
“Es una vergüenza”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador ese intento de modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que Morena se quedará más tiempo con la Presidencia de la Cámara de Diputados. “No se debe modificar la ley en función de intereses personales o de grupo; no se puede retorcer la ley, hacer la ley a la medida, independiente de dónde suceda”, subrayó y agregó: “nosotros queremos que se lleve a la práctica el principio de los liberales del sigo XIX, que se resume en la frase: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, e insistió: “se tiene que acabar con la simulación, tenemos que establecer un auténtico Estado de derecho, no lo que viene imponiéndose de tiempo atrás, desde hace siglos, un Estado de chueco, no de derecho, un estado de cohecho, todo una simulación. Esto viene de la época de Porfirio Díaz”.
El PAN podría proponer a Laura Rojas para presidir la Cámara baja, trascendió, pues en la plenaria de Morena se acordó pedirle a los panistas presentar un propuesta distinta a la Xavier Azuara, propuesto el sábado como candidato a ese cargo. También los morenistas le pedirán al PAN su vicepresidencia, con el fin de otorgársela al PT; o bien se acepte constituir una cuarta vicepresidencia para darle ese lugar a un diputado petista.
DE LOS PASILLOS
De acuerdo a una iniciativa presentada en el Senado de la República, la cual se discute en comisiones, los delitos fiscales tendrán un tratamiento equivalente al de delincuencia organizada; y se contempla prisión preventiva para quienes cometan defraudación fiscal grave así como para quienes se organicen criminalmente para evadir al fisco federal. Dicha iniciativa reformaría diversas leyes y códigos con el objetivo de frenar la operación de empresas fantasma. El proyecto fue turnado para su análisis y dictaminación a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos. “Es una herramienta de terrorismo fiscal” la cual afectará no sólo a las empresas, sino a cualquier contribuyente, aseguró Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana). Con la serie de requisitos para liquidar el pago de impuestos y lo enredado de éstos con todo y lo provocado por la facturación electrónica al encasillar actividades, prestaciones de servicio, renglones de venta, etcétera, se ve y se siente la espada de Damocles presente.
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