• Funcionarios, 43% de los agresores
• Leyes para castigo de los incómodos
No está por demás alertar a los colegas periodistas, particularmente a los incómodos a ciertos poderes institucionales y fácticos, que tengan cuidado con las leyes. Las agresiones vienen mayormente de agentes gubernamentales que se incomodan porque los periodistas son una amenaza para sus perversidades.
Vaya nada más de ejemplo: El 14 de marzo, el grupo de defensa de los escritores, PEN Internacional, denunció, ante un foro de Naciones Unidas (ONU), que continúan las agresiones contra periodistas en México, pese a la promesa de que éstas serían combatidas. El PEN recordó que, desde diciembre de 2006, al menos 47 escritores y periodistas de medios de prensa escrita e internet han sido asesinados en México, y que la investigación de estos casos es “ínfima o nula”.
De acuerdo con información recabada por la organización defensora de periodistas, Artículo 19, destaca en el apartado “Autoridades, a la cabeza de los agresores” que, del total de los casos de agresión contra periodistas o medios de comunicación, es “El Estado el principal agresor”: Funcionarios públicos 43%; No determinado 15%; delincuencia organizada 14%; particulares 14%; organizaciones sociales 6% y fuerzas partidistas 5%.
Pues muy alertas, colegas periodistas. Mi amigo y maestro, el constitucionalista Clemente Valdés Sánchez, me envió ayer un breve texto, con esta advertencia: Las leyes, para el castigo de los periodistas y los opositores:
Es en las constituciones y en las leyes en donde muchos de los gobernantes actuales establecen algunas de sus amenazas más efectivas para someter a la población, a los disidentes y a los opositores.
Esto es lo que Weber llama “la dominación legal”. Por una parte, como dueños de la acción penal y del poder de citar, detener, arrestar, arraigar y mantener encarcelados a los individuos, mientras se tramitan juicios que pueden durar varios años, los gobernantes presentan a los habitantes de todas las clases sociales una amenaza constante que sirve muy bien para evitar las críticas contra los empleados públicos principales.
Por otra, como titulares de la acción fiscal, los gobernantes usan la amenaza de las extorsiones fiscales y el posible encarcelamiento por delitos fiscales contra aquellos que investigan, critican o denuncian las acciones de los hombres del gobierno.
Para los opositores, los escritores y los periodistas se crean delitos a fin de encarcelarlos “legalmente” por las expresiones que emitan contra los hombres del gobierno, acusándolos de “atacar la seguridad del Estado o de “actos contra la Constitución”; de “ofensas a la Nación o a las instituciones”; del delito de sedición, en el cual con frecuencia se incluye la resistencia de los subyugados a aceptar las órdenes o las acciones de sus empleados públicos, convertidos ahora por virtud de la ley en autoridades; del delito de “invitación a la rebelión”, de los delitos de “falta de respeto o crítica a las instituciones”, en los cuales cabe casi cualquier cosa, desde no inclinarse frente a la bandera, hasta criticar a los diputados o a los cuerpos de policía formados muchas veces por criminales.
También para los mismos destinatarios se hacen reglas en las leyes y las constituciones, por las cuales se decreta, o simplemente no se distingue, que los hombres que dominan a los demás, desde el gobierno, los llamados representantes que no representan a nadie, los gobernadores, los procuradores y los fiscales, gozan de los mismos derechos y garantías, supuestamente establecidas para que los sometidos se defiendan de sus opresores y, por lo tanto, los delitos que estos cometan, respecto de los cuales ellos mismos serían los únicos que podrían ejercitar la acción penal, en la medida en que ellos o sus grupos conserven el poder durante muchos años.
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