Por Aurelio Contreras Moreno
En el terreno de la política, siempre es mal visto que un gobierno pida prestado, aunque no siempre se trata de algo criticable.
Los instrumentos financieros y las instituciones de crédito existen precisamente para que ante eventualidades, una persona o una entidad acuda a los mismos y a través de sus servicios cubra las necesidades que le hayan surgido.
Incluso, la contratación de empréstitos para financiar proyectos de obra pública puede verse como algo positivo, pues además de que tiene un fin social y de utilidad comunitaria, ayuda a activar la economía, pues se crean empleos y se contratan los servicios de empresas proveedoras. Hasta ahí, no habría por qué satanizar a priori el hecho de que una administración municipal, estatal o federal utilice los productos de instituciones crediticias para financiar una parte de su actividad.
Sin embargo, el problema viene cuando se contraen deudas para tapar los agujeros de una mala administración del dinero público o peor aún, para intentar sostener las finanzas ante un descarado desvío de recursos.
Como en muchos otros temas, el caso del gobierno que encabezó Javier Duarte de Ochoa fue paradigmático en ese sentido. Hacia el final de su sexenio, la deuda pública del gobierno de Veracruz ascendía a 87 mil 937 millones 886 mil 298 pesos. Cuatro veces mayor a la que recibió de su antecesor Fidel Herrera Beltrán –en cuya administración él mismo fue secretario de Finanzas e instrumentó una bursatilización sobre la tenencia vehicular que terminó siendo un negociazo para la llamada “fidelidad”- que era de 28 mil 891 millones 510 mil 38 pesos.
La pésima y deshonesta manera en la que el duartismo manejó los recursos del erario provocó una hecatombe financiera que el estado de Veracruz sigue padeciendo y que seguirá pagando durante por lo menos los próximos 20 años, según estimaciones de la propia Secretaría de Finanzas y Planeación.
Los gobiernos que sucedieron al de Duarte, el de Miguel Ángel Yunes Linares y el de Cuitláhuac García Jiménez, tuvieron que recurrir a reestructuraciones de esa deuda para poder tener margen de maniobra y contar con recursos para su operación, ya que el solo pago de intereses y el déficit provocado por mecanismos como el de la “licuadora” -con el que el duartismo abría todavía más agujeros para intentar tapar el quebranto provocado a las finanzas estatales- mantienen estrangulado al gobierno.
Empero, esas reestructuras de la deuda pública han dejado más dudas que certezas e incluso, en el caso del yunismo, se ha acusado que se trató de un negocio en el que se cobraron multimillonarias comisiones que quién sabe a qué bolsillos fueron a parar. O bueno, sí se sabe.
Al igual que la de Yunes Linares, la administración de Cuitláhuac García contrató un crédito al inicio de su sexenio por dos mil 500 millones de pesos para solventar los fuertes compromisos de fin de año, que incluyen el pago de nóminas y aguinaldos de la burocracia. Tomando en cuenta el cambio de gobierno y el muy probable desaseo en las finanzas heredadas, en ese momento el empréstito era justificable.
Pero un año después, el gobierno morenista de Veracruz ha vuelto a solicitar otro crédito, éste por dos mil 400 millones de pesos, con el mismo objetivo: pagar aguinaldos, lo cual revela que las finanzas no están tan bien manejadas ni son tan solventes como presumen, pues a fin de cuentas otra vez no alcanzó para cubrir compromisos que de hecho están contemplados en el Presupuesto de Egresos del Estado.
Y aun cuando de verdad estos créditos se pagasen en el transcurso del año siguiente, como aseguran sucederá, es un cuento de nunca acabar. Y cuando termine su gestión Cuitláhuac García, ¿quién va a pagar lo que no alcance o se siga arrastrando?
Exacto. Usted y yo. Los veracruzanos.
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