El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue diseñado para hablar de aranceles, cadenas de suministro y reglas de origen. Pero Donald Trump convirtió su renegociación en algo más amplio: una palanca para exigir que México actúe contra el narcotráfico y todo lo que lo rodea, como el lavado de dinero, extorsión, secuestros, trata de migrantes y, sobre todo, el tráfico de fentanilo, cocaína y cristal hacia territorio estadounidense. El escenario que se abre, aparte de ser diplomático, también es penal, financiero y comercial al mismo tiempo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador Rocha Moya y el senador Enrique Insunza, acusados de colaborar con el crimen organizado. El mecanismo es el indictment: una acusación formal que el DOJ puede presentar contra personas en otros países si sus acciones afectan intereses estadounidenses, incluso si el acusado nunca pisó suelo americano.
La respuesta del gobierno mexicano llegó rápido. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) rechazaron los cargos: dijeron que la acusación carece de evidencia sólida, que no debió haberse hecho pública, y que los señalados no serán detenidos ni extraditados. El problema es que esa respuesta, aunque legalmente defensible, abre un flanco político enorme. Rechazar la acusación sin ofrecer resultados concretos es exactamente lo que Washington necesita para justificar más presión.
Y las herramientas de presión van mucho más allá del indictment. El gobierno de Trump puede reforzar el caso penal con nuevas pruebas y mantener activas las órdenes de arresto internacionales. Puede aplicar sanciones financieras: congelar activos, cancelar visas, vetar operaciones bancarias y agregar nombres a listas de personas vinculadas al narcotráfico, como la lista OFAC del Departamento del Tesoro.
Puede recortar la cooperación en seguridad, limitando la inteligencia compartida y suspendiendo operaciones conjuntas contra los carteles. Y puede ejercer presión diplomática, exhibiendo a México ante organismos internacionales y usando el caso como argumento en la propia renegociación del T-MEC.
Cada uno de estos instrumentos tiene costos políticos directos para el gobierno mexicano. Usados en conjunto, generan una presión difícilmente ignorable.
Las consecuencias van más allá de los acusados. La incertidumbre política y la falta de claridad en las reglas del juego en México ya eran un problema para la inversión extranjera antes de este episodio; el conflicto con Washington lo agrava.
Las empresas que evalúan instalarse en México, especialmente en el contexto de relocalización de cadenas de suministro que el T-MEC impulsó, tienen ahora un motivo más para dudar. Y la relación bilateral, que sostiene más de 800,000 millones de dólares en comercio anual entre dos países que comparten 3,100 kilómetros de frontera, se tensiona en varios frentes al mismo tiempo.
Un México acorralado en negociaciones comerciales, bajo sanciones financieras y con cooperación de seguridad reducida, entorpecerá la relación bilateral y detendrá la inversión extranjera en México, lo que se suma a la falta de claridad de las reglas en México.
