Lilia Arellano
“La confianza dura hasta que se acaba”: filósofo de Güemez
• Hunden a México
• Legislación mocha contra corrupción
• Advierten amparos contra Ley 3 de 3
• “Es una trampa vil”, declara R. Anaya
• Invita Mancera a diputados rectificar
• Dudas sobre sistema de justicia penal
• Movilización magisterial a embajadas
Ciudad de México, 17 de junio de 2016.- El escenario nacional resulta cada vez más complicado y a los conflictos sin resolver se agregan ingredientes indeseables como son: revanchas, venganzas, aplicaciones de Ley sólo a quienes no comulgan con las mismas ideas o acatan órdenes, amenazas, represión, entre otros. Así, no sólo se trata de la inseguridad personal, del desempleo, de los pésimos servicios de salud, de las viviendas con más vicios ocultos de los normalmente aceptables, de la escasez de las mismas, sino de acciones, de enfrentamiento directo entre mafias o entre éstas y la autoridad y no precisamente para el combate del crimen organizado sino para dejar claro el predominio de unas sobre otras; de alborotamiento empresarial; de la llegada de un sistema de justicia endeble, carente de personal debidamente capacitado; problemática magisterial en aumento y, por si fuera poco, división ciudadana a causa del aborto.
Se le pueden dar un sinnúmero de calificativos a la decisión de obligar a los empresarios, pero también a sus trabajadores, a presentar una declaración en el formato 3de3, elaborado para funcionarios, bajo el argumento simplista de recibir dinero del gobierno por ser proveedores, contratistas o prestadores de servicios. Nada se dice de la formulación de tal documento por parte de los compadres, los cómplices, las constructoras privilegiadas, la familia de los servidores públicos cuyos gastos, de todo tipo, también son liquidados con dinero procedente de las arcas públicas y podría decirse “lavado” a través de las nóminas, pero resulta ser no viven del sueldo. Afiliados a la Coparmex, por ahora, se lanzaron a la calle, a la realización de la acción criticada una y mil veces cuando es encabezada por ciudadanos.
El Ángel de la Independencia fue el sitio escogido para la presentación de la protesta empresarial, como también lo es de la exhibición de una revancha gubernamental por andar apoyando a los partidos opositores a la alianza encabezada por el PRI y la intentona de los hombres del dinero de llamar a rendir cuentas a los gobernantes. Tal vez obtengan un resultado satisfactorio logrando tirar esa determinación. Tal vez eso demuestre una vez más al servicio de quien o quienes se encuentran los tres poderes del país, no sólo el Ejecutivo. Puede ser también apenas la primera llamada, la antesala de las auditorias, de la puesta en marcha de los brazos ejecutores y vengativos del gobierno a través del SAT, del IMSS, del Infonavit o de no presentar alguna de esas declaraciones sobre la también nueva ley sobre lavado de dinero.
Para azucarar esta situación, justo en los primeros minutos de este día entró en operación un nuevo sistema de justicia. Enrique Peña Nieto rodeado de gobernadores, legisladores y ministros, lució esta etapa sin comprobar la capacitación a todo el personal involucrado en el área; policías, investigadores, ministerios públicos, jueces y hasta responsables en los centros de reclusión. Se conformó con los informes rendidos, los ha dado por buenos y un recorrido por las entidades del país demuestra todo lo contrario. Poco podrá esperarse en los juicios de quienes muestran inconformidades como son los casos de maestros y empresarios.
Tal vez como distractor de esta problemática empiece a discutirse de nueva cuenta el aborto, la libertad de la cual hablan para la decisión de las mujeres de impedir los nacimientos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado este asunto, le dio entrada justo el día en el que también puso en marcha su página en Facebook, misma en la cual aparecieron 17 mil visitas en tan sólo unas horas. El tema de seguro les dará para la obtención de miles de seguidores. Los calificativos aplicados a este tema y a otros que han resuelto los togados, les mostrarán la calificación ciudadana sobre su proceder, sobre todo a partir del anatocismo y la liberación de cualquier control para bancos e intermediarios hasta en los artículos de primera necesidad y de alimentos.
Ya se verá cuanto tiempo aguantan las asociaciones religiosas en manifestarse públicamente y de nuevo por el aborto, los matrimonios igualitarios, las adopciones por parejas homosexuales. El freno puesto a través del SAT y de la presentación de su contabilidad electrónica, el reporte de sus balances de ingresos y egresos y la facturación de cada evento que se registra en sus inmuebles, no parece logre detener la protesta por el envío de iniciativas de aprobación a las cuales se califica de dañinas para la vida, la procreación, los buenos principios y los valores. Ese amasiato entre el clero y el estado amenaza con terminar de la peor manera.
Para constituirse en la cereza del pastel están los narcos. No es ninguna casualidad el ataque al terruño de Joaquín Guzmán Loera y son increíbles las declaraciones sobre la procedencia de los hombres armados, de los atacantes, incluso, del lugar en donde habita la progenitora de El Chapo. Extraoficialmente han dejado correr el rumor sobre el comando a cargo de los Beltrán Leyva, lo cual nos obliga a preguntar ¿fue mentira la declaración sobre la eliminación total de este cártel? Recordamos imágenes en donde lo mismo aparecen como cadáveres cubiertos de dólares que rumbo a las prisiones o ajusticiados en la calle. ¿Se están peleado la supremacía en el mando del tráfico de drogas? De ser así, ¿ahora entre quienes? O tal vez ¿es otra acción de uniformados encubiertos como la registrada después de ser derribado un helicóptero del Ejército, acción calificada como respuesta por el incumplimiento de acuerdos?
En estas mismas líneas el día de ayer mencionamos, con humor negro, serían gratificados los procuradores o gobernadores poseedores de expedientes o registro de crímenes o cualquier acción delictuosa, en los cuales se culpara o se pudiera culpar a Héctor El Güero Palma. Y así se perciben ya las determinaciones para encerrar a este hombre al que acusan de ordenar dos asesinatos justo semanas antes de ser aprehendido. Lo solicitó Nayarit, pero están pensando si también en Jalisco se puede hacer algo para lograr mantenerlo encerrado. Entre estas demostraciones de cómo se llevan a cabo las investigaciones y se pretende hacer cumplir la ley, el nuevo sistema de justicia no puede despertar sino desconfianza, dudas, temor y de paso incrementar una corrupción que huele a fosa séptica.
Se recrudece día a día el problema magisterial y se hace gala, se demuestra un autoritarismo provocador de explosiones sociales. Eso sí, se lanzan reflectores para anunciar la recepción de documentos para 500 mil adultos que terminaron su instrucción primaria. Todos ellos a punto de lograr escribir de puño y letra su propio epitafio. Ahora que, si de ataques se trata, puede escogerse entre la Estela de Luz, del monumento calderonista a la corrupción, porque ya quedó muy chaparra al ser rodeada por edificios de 40 y hasta 60 pisos, o irse sobre el gobierno capitalino por la entrega de estas autorizaciones de construcción, aprovechando de pasadita la exigencia del PRD a Miguel Ángel Mancera para afiliarse o no conocerá de ningún apoyo en sus aspiraciones de ser candidato a la presidencia de la República el 2018.
No hay más allá del aceptamiento: “por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, tal parece que gozamos con ver las cosas al revés….”
MÉXICO CORRUPTO
La corrupción es el problema toral de México. Junto con la inseguridad pública y la economía, constituye el centro de las preocupaciones de los mexicanos, y explican la exorbitante desigualdad que impera a lo largo y ancho del país. Sus raíces son complejas y su combate debe atacar dicha complejidad. Esta batalla es una lucha social, entre gobernantes y gobernados, entre pudientes cuya riqueza es inexplicable y asalariados. Es un cáncer social cuya extirpación no será sencilla ni indolora para los gobernantes y sus socios en el sector empresarial, quienes forman parte del crimen organizado. Es un grave error político ignorar el grito de hartazgo social contra políticos ladrones, quienes se paseen cínicamente por las calles o se van a otros países, y contra empresarios cómplices y enriquecidos con negocios al amparo del poder.
Lo alcanzado en el Senado de la República y avalado ya por la Cámara de Diputados es, en la práctica, nada. Se blindó la exhibición de la riqueza al amparo del poder, por obra y gracia del PRI y su aliado el PVEM y la indolencia de la oposición. Se construyó una trampa para empantanar al sector empresarial y descarrilar el movimiento cívico el cual empuja la transparencia y la rendición de cuentas. Es, en suma, otro gran distractor para desviar la atención de lo fundamental: el escandaloso y grosero enriquecimiento del pequeño grupo en el poder, el cual remata el patrimonio nacional, hace negocios al amparo oficial, y condena a la pobreza y a la miseria a la población y las generaciones venideras.
Ricardo Anaya, el dirigente nacional panista advierte: “es una trampa vil. No sólo es una aberración técnica, es un franco intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción. Es de la máxima importancia hablar con claridad de lo que hay detrás de esta reforma de última hora a la ley, porque con ello se está desvirtuando el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción y se está haciendo un enorme daño al país”. Y confirma: “si bien es absolutamente cierto que la corrupción suele involucrar a un político y también a un particular, la idea de hacer obligatoria la declaración 3de3 para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria, ni en experiencias internacionales. Lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley y así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política”.
La redacción del Inciso B del nuevo Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas busca, en el fondo, convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un nuevo trámite para becarios, pensionados y todo tipo de beneficiarios de programas sociales, consideró el líder panista. Y destacó: “esta legislación sería aplicable a casi 35 millones de personas, como podría ser los beneficiarios de PROSPERA Y PROAGRO; pensionados del IMSS, ISSSTE y Pemex; y becarios de Conacyt, entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas”.
OPOSICIÓN EMPRESARIAL
De “excesiva e impráctica” calificó la cúpula del sector empresarial del país la inclusión de una disposición en el Sistema Nacional Anticorrupción por la cual tanto las personas físicas como las empresas que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deberán presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. La cúpula empresarial del país, líderes de organizaciones ciudadanas y académicos rechazaron el contenido de la Ley 3de3 aprobada por los senadores y diputados.
Académicos y organizaciones civiles enviaron incluso una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, en la cual aseguran esa adhesión de último momento en el Senado se realizó “sin diagnóstico previo y sin ninguna racionalidad aparente”. Los firmantes de la misiva –entre otros el CIDE, la UNAM; Fundar, Zimac, Transparencia Mexicana, Coparmex e IMCO- advirtieron el contrasentido de esa norma y señalaron “obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción”.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró la medida como “inadecuada y completamente inaplicable en la práctica”, pues la redacción obliga a todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicio a las entidades públicas –la cuales son cientos de miles- a presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería. Incluso, en su opinión, podría interpretarse dicha obligación hacia todas las empresas vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del Estado. Esto, “lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción”, subrayó.
En los meses recientes, durante todo el proceso de discusión, nunca fue un tema de debate la inclusión de la obligación de presentar declaraciones patrimoniales por pare de personas físicas y morales, en los grupos de trabajo con las diferentes bancadas. “En ningún momento fue presentada a los legisladores ni a la sociedad una propuesta de redacción, ni su justificación y alcances. Queremos transparencia y debate abierto, no ideas generadas a espaldas de la sociedad”, dijo el dirigente empresarial.
Castañón observó: la corresponsabilidad del sector privado en el fenómeno de la corrupción sí está contemplada y sancionada severamente dentro de la Ley 3de3, pues incluso, tras las discusiones en el Senado, se creó un capítulo especial en el que se imponen sanciones específicas y se tipifica la actuación de particulares y su vinculación en faltas administrativas graves como soborno, tráfico de influencias y colusión (artículos 65 al 72). Adicionalmente, en las reglas de contratación pública se pueden crear requisitos para que las empresas se certifiquen en las mejores prácticas internacionales de ética e integridad, señaló.
El jueves pasado, por primera vez, empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestaron en las escalinatas del Ángel de la Independencia para presionar a los diputados federales a analizar con serenidad y votar con responsabilidad esa legislación. Gustavo de Hoyos, presidente nacional de ese organismo, criticó: senadores “pretenden ahora pedir a los trabajadores y a las empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados”.
El presidente de Coparmex exigió: “no más corruptos impunes. No queremos cacerías de brujas ni persecuciones paralizantes. Los empresarios tampoco pretendemos regímenes de excepción, ni ignoramos que la corrupción es un mal que afecta a todos”.
La presión empresarial no resultó. La Cámara de Diputados mantuvo la redacción de la ley enviada por el Senado, la cual obliga a cualquier particular, sea personas física o moral, a presentar una declaración patrimonial y de intereses cuando ejerzan recursos públicos o celebren contratos de cualquier tipo con el gobierno federal, de los estados e incluso de los municipios. Legisladores del PRI y PVEM con sus aliados de Panal y PES desecharon tres reservas presentadas por PAN y Morena para suprimir dos incisos del Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los priístas y sus comparsas también desecharon las propuestas que hicieron PAN, MC y Morena para quitar el candado que protege a los funcionarios públicos para no presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses cuando ello afecte su vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Después de una sesión de diez horas, PRI, PVEM y Panal consiguieron sacar adelante sin ningún cambio el paquete de las leyes secundarias anticorrupción enviado por el Senado. El decreto enviado al Ejecutivo para su promulgación contiene las leyes Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; General del Sistema Nacional Anticorrupción, y General de Responsabilidades Administrativas.
“Lo que desfiguró la iniciativa 3de3 es el temor de que el pueblo sepa lo mucho que tienen unos pocos y lo que han hecho desde el poder, y eso los atemoriza”, señaló en la sesión el diputado potosino del PRD, Xavier Nava. A su vez, el coordinador del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, explicó: “hay razones de sobra para que los particulares estén preocupados y molestos, pues no es más que una venganza del PRI y del PVEM contra la iniciativa privada, quien se atrevió a recriminar su negativa a combatir la corrupción”.
Hasta el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera pidió el viernes a la Cámara de Diputados reflexionar para no pervertir una iniciativa ciudadana como la Ley 3de3, prevista para servidores públicos, no para la iniciativa privada. “No es por ahí el camino. Creo que estamos a tiempo de reorientarlo”, insistió en la ceremonia de inauguración de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Cine Corregidora, la quinta en la Ciudad de México.
MOVILIZACIÓN MAGISTERIAL
En otro frente contra el régimen peñista, inició el viernes la jornada de movilización de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) frente a la Embajada de Estados Unidos, donde se concentraron docentes de Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, para demandar que “México deje de seguir los dictados del imperialismo y de los organismos multinacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que impulsa la privatización de la educación pública”.
Por la mañana, policías federales y capitalinos impidieron el paso de la caravana de 20 autobuses procedentes de Michoacán. Esto generó una intensa carga vial en la autopista México-Toluca, en las inmediaciones de Santa Fe. El jueves también se intentó bloquear el arribo de cientos de maestros de Chiapas, quienes por más de siete horas fueron retenidos y encapsulados en la calzada Ignacio Zaragoza. Los maestros promovieron un amparo por la retención ilegal de los autobuses de los docentes. La caravana de los autobuses de la CNTE reinició su ingreso a la Ciudad de México sobre Constituyentes y Reforma con dirección a la Plaza de la Ciudadela, escoltada por policías capitalinos.
En Michoacán, policías antimotines rompieron un bloqueo de maestros disidentes y rescataron 110 mil cheques de nómina de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán, los cuales corresponden al pago de la pasada quincena. Los cheques no pudieron ser entregados por las acciones de la CNTE, quien exige se anulen los descuentos aplicados en 10 mil 700 pagos. En protesta por el operativo, decenas de integrantes de la CNTE iniciaron un bloqueo en las vías ferroviarias a su paso por la capital michoacana, procedentes del Puerto de Lázaro Cárdenas.
DE LOS PASILLOS
En el Senado de la República, comisiones aprobaron en lo general las reformas a las leyes de Fiscalización y de la Administración Pública Federal. Panistas y perredistas anunciaron presentarán reservas en la discusión en el Pleno para incrementar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las causales de remoción de su titular en caso de irregularidades… También en comisiones, los senadores aprobaron las dos minutas que le envió el jueves la Cámara de Diputados, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y las reformas a la Ley Orgánica de Administración Pública, que complementan el sistema nacional anticorrupción.
Frente a las 10 mil auditorías electrónicas a realizarse el mes de agosto por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) exhortó al fisco a privilegiar los derechos de los contribuyentes, y advirtió se podría desatar una lluvia de amparos por estas acciones. Los pagadores de impuestos deberán estar atentos al respeto a sus derechos a fin de no verse afectados en aras de una mayor recaudación, señaló Leticia Hervert, presidenta del IMCP.
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