Jorge Miguel Ramírez Pérez
Nos amanecimos ayer con la detención de José Antonio Yepez Ortiz “El Marro”, un sujeto que sembraba el terror en el Bajío. El centro de la República resentía desde 2017, los efectos de su cacicazgo delincuencial, muy violento.
Muchos pequeños poblados de Guanajuato eran los puntos nodales de la red de operación del llamado cártel de Santa Rosa de Lima, pero no solo las rutas de los ductos de hidrocarburos entraban en la geografía de dominación de dicho grupo huachicolero; sino sus tentáculos se habían apoderado para sus fines, de ciudades muy importantes económicamente para el país como León, Celaya Irapuato, Silao y Salamanca; el “Marro” tenía sus bases además en Apaseo el Grande, y en Apaseo el Alto donde fue detenido. Casi todo el estado de Guanajuato e incluso poblados de estados vecinos padecían el azote de este grupo.
Desde ayer los comunicados de las organizaciones empresariales locales reconocen a los gobiernos estatal y federal que actuaron coordinadamente. Dio resultado ese acuerdo que hace poco se dio a conocer.
El Estado Mexicano urge recuperar territorios perdidos.
Es un asunto de mayor relevancia que la premisa sobresaliente en todo gobierno, que es la custodia y protección de la vida de los habitantes y sus bienes, sea resguardada como un principio indelegable del estado y de su brazo ejecutor el gobierno, los gobiernos de los diversos órdenes que componen la unidad política.
La seguridad del país no es un asunto que se pueda optar o de consulta, no es algo que sea materia para saber si se toman medidas o no. La seguridad es consustancial a la razón del estado como forma para mantener la vida y la dignidad de las personas.
De hecho, el gobierno de los hombres es un mandato creacional; va mas allá que lo que los teóricos contractualistas, como Hobbes o Rosseau suponían como si hubiera habido en la historia, un acuerdo nunca documentado de su origen; en el cuál los ciudadanos aceptan ceder parte de sus facultades autónomas, es decir sus libertades sin restricción, algo obviamente falso y de corte más bien romántico; en aras del propósito común de no destruirse unos a otros” el hombre lobo del hombre” se ve limitado por el Estado, sí, pero no por un acuerdo, sino por disposición creacional, ¡de siempre!
Independientemente de la interpretación plural que se trate, es obligatoria la participación directa de la fuerza del Estado, para someter a quienes se apoderan de los destinos de personas que viven en territorios sujetos a la fuerza de ejércitos clandestinos, que proclaman sus reglas, como si las zonas que controlan estuvieran bajo una anti jurisdicción, amorfa, ofensiva, ilegal y arbitraria.
El grupo que comandaba Yepez, no es el único, es sencillamente uno de los que hacen alarde de poder y control ilegal de territorios soberanos de México.
Son muchos los cárteles que están en esas condiciones y que además están interesados en proyectar una imagen que es incongruente con sus verdaderas manifestaciones de poder, como esa de repartir despensas a la población sojuzgada, que presa de terror agradece que sus depredadores por lo menos les hagan llegar en algunas escasas ocasiones, insumos que no pueden conseguir porque en las zonas secuestradas; la gente no tiene garantizado regresar a su casa todos los días después de sus labores, porque está a expensas de fuegos cruzados y de intrigas que les pueda ocasionar cualquiera, que se las quiera imputar.
Me parece que, a esta detención y el lógico desmembramiento de esa banda, deben seguir operativos parecidos; cuyo ingrediente sea como se vio en Guanajuato, un acuerdo de colaboración a fondo entre las autoridades estatales con las federales.
