CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto de Presupuesto 2021 confirma, en términos de seguridad, la apuesta del gobierno federal por la militarización del país, aumenta el presupuesto para las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y reduce en términos históricos los subsidios en seguridad para los estados y los municipios. Para la Secretaría de la Defensa Nacional, el incremento sería del 15.7%, superando los 112 mil millones de pesos (MDP) y, para la Secretaría de Marina, de 2.1%, rebasando los 35 mil MDP. Además, la Guardia Nacional, que es una extensión de las Fuerzas Armadas, tiene asignado casi 36 mil MDP, un aumento de 17.7%, lo que equivale al presupuesto de la Secretaría de Marina.
Una de las principales fuentes de financiamiento para la seguridad en los estados y municipios son los subsidios del gobierno federal: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN, fondo general del cual se pueden ocupar recursos para seguridad) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). Desde el inicio del actual gobierno, estos subsidios se han reducido año con año, o han registrado incrementos marginales que no permiten fortalecer las capacidades de las policías locales.
El proyecto de Presupuesto 2021, mantiene al FASP en términos reales, mientras que el FORTAMUN se reduce en un 4.6%. El caso de FORTASEG merece especial atención, pues no aparece etiquetado en el proyecto de presupuesto, lo que significaría que 300 municipios del país dejarían de recibir 4 mil MDP. Lo anterior significa que, por primera vez, un gobierno federal define claramente el abandono de las policías locales del país.
También son graves las reducciones presupuestales para el Sistema Penitenciario Federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de -0.8%, -4.7% y -13.4%, respectivamente. Resulta inadmisible que, en el actual contexto de violencia, y considerando la debilidad en que se encuentran tanto la CEAV como la CNDH, se insista en su destrucción.
En síntesis, por lo que se refiere a seguridad, el gobierno federal acelera sus definiciones esenciales: militarización extrema, abandono de las policías locales, olvido de víctimas y desprecio por los derechos humanos.
Causa en Común reitera que la militarización es incompatible con nuestra democracia y no resolverá la crisis de inseguridad; que la opción larga y costosa, pero viable, es el rescate y fortalecimiento de las policías; que ninguna definición de seguridad funcionará sin una auténtica política social y de prevención; y que la atención a víctimas y la defensa de los derechos humanos no son optativos, sino obligación de cualquier gobierno en nuestro país.
AM.MX/fm
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