CANCÚN.- Un tribunal Colegiado, en materia penal, resolvió que el amparo en revisión promovido por Claudia Romanillos Villanueva, quedará sin efecto, convirtiéndose en un criterio más para que pueda ser juzgada por el delito de peculado, es decir, a partir de este momento es prófuga de la justicia, al igual que Rosa Yolanda Angulo, madres de Roberto Borge Angulo, y Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación del sexenio pasado.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, en pocas palabras, los borgistas están en contra de la pared. Cabe mencionar que el 24 de mayo de 2018, la Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer que a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que, los amparos de las quejosas Rosa Yolanda Angulo, madre de Roberto Borge, quedaron sin efecto, por lo que la Fiscalía busca su aprehensión.
Los amparos de Rosa Angulo amparo 300/2018 y Claudia Romanillos directora del IPAE, amparo 302/2018, quedaron sin efecto, por lo tanto pueden ser aprehendidos por la policía ministerial.
El tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en materia penal, resolvió el amparo en revisión 6/2019 promovido por Claudia Romanillos Villanueva, en contra del juez de control penal oral y la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado derivado de la carpeta de investigación instaurada en su contra por el delito de Peculado, donde la autoridad federal, concedió el amparo de la justicia federal para efectos, modificándose la sentencia recurrida y por ende obligará al juez de primera instancia a realizar una nueva audiencia y resolver sobre la hipótesis planteada por la fiscalía anticorrupción.
La cual hasta ese momento para los juzgadores federales se debían acoger a la ley Borge por la temporalidad donde sucedieron parte de los hechos, pues como está realizada la integración, a su criterio, no llenan los requisitos en relación a todos los predios y ventas fraudulentas que se le imputan a la extitular del IPAE.
En este amparo en revisión, se analizó el hecho que la fiscalía imputó a la extitular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, el delito de peculado, pero precisó hechos que van del año 2011 al 2016, describiendo de manera general hechos en una ley distinta y fuera de tiempo, así como relacionando la compraventa de inmuebles en tiempos distintos, por lo que el juzgador federal precisó la incorrecta situación.
La Fiscalía debió relacionar los tiempos y situaciones para cada predio motivo de la imputación pues algunos no pueden ser juzgados por leyes distintas a las que estaban en ese momento, es decir, no puede ser retroactiva la ley en perjuicio de nadie, por ello, esta situación hará que el juzgador primario (juez de control) vuelva a resolver en el tema, pero con un desglose de acuerdo al tiempo de las compraventas, es decir, donde imperaba la ley Borge.
En materia administrativa y penal se dieron las modificaciones a las leyes durante el lapso 2011 y 2016, por lo que hablar de peculado en momentos distintos, jurídicamente era impropio, lo que produjo el análisis y posiblemente en algunos temas y predios envueltos en estas investigaciones, pudiera operar la prescripción.
Ese resolutivo no significó que Claudia Romanillos haya ganado el juicio completo, sólo era para volver las cosas al juez de primera instancia y se haga la imputación como se debe, falta ver lo que si proceda apegado a derecho, mientras tanto, volverán al momento inicial y esto, es lo que podría afectar a la fiscalía por el hecho de que el AGEPRO se tardó en presentar los elementos para procesar a la exfuncionaria.
Cabe precisar que los datos fueron obtenidos por el portal de transparencia del Poder Judicial de la Federación y en su página 22 de la versión pública del amparo en revisión, publicaron el nombre de la quejosa, por lo que es de advertir el origen informativo de la presente nota periodística.
HISTORIAL ROMANILLOS
La ex directora del IPAE es una de las principales ex funcionarias implicadas en el caso de lavado, por más de 900 millones de pesos, en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Imputa FGR a Claudia Romanillos de haber aprovechado su cargo como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo para vender terrenos a bajo precio.
Los magistrados Olga Estréver y Miguel Sánchez Frías votaron en favor de la concesión de un amparo, el cual dio la libertad de jurisdicción al Juez de Control de Nezahualcóyotl para que libere o niegue su captura.
Como se recordará, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Claudia Romanillos Villanueva de haber empleado el cargo de directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, en su favor, y vender terrenos de alta plusvalía a familiares y allegados de Roberto Borge Angulo a precio de remate.
En su momento, el Cuarto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México canceló la orden de aprehensión girada (en contra de Romanillos Villanueva) en su contra el 30 de mayo de 2017 y ordenó reponer de nueva cuenta el procedimiento. Estimó que no está justificada la razón por la cual debiera ser privada de la libertad para hacerla comparecer ante la Justicia.
Lo anterior debido a que en las reglas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el delito de lavado no amerita prisión preventiva oficiosa, por ello el indiciado puede ser citado a comparecer a una audiencia de imputación.
Cabe señalar, que el 24 de mayo de 2018, la Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer que a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que, los amparos de las quejosas Rosa Yolanda Angulo, madre de Roberto Borge, quedaron sin efecto, por lo que la Fiscalía busca su aprehensión.
Los amparos de Rosa Angulo amparo 300/2018 y Claudia Romanillos directora del IPAE, amparo 302/2018, quedaron sin efecto, por lo tanto pueden ser aprehendidos por la policía ministerial.
ROSA YOLANDA
La Fiscalía General del Estado (FGE), ya tiene la facultad de proceder para la detención y encarcelamiento de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, vinculada como cómplice en el saqueo realizado a las arcas del gobierno de Quintana Roo por el ex gobernador Roberto Borge Angulo.
La FGE tiene la autoridad de recuperar, sin impedimentos, más de 20 predios que durante la administración pasada el ex Gobernador adquirió, al parecer, con dinero del erario estatal y que puso a su nombre.
Angulo Castilla tendrá que enfrentar a las autoridades estatales y devolver, los predios que se ubican en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Tulum, Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres, Cozumel, Bacalar y Othón P. Blanco (Chetumal), respectivamente.
Como se recordará, todo inició porque la mamá del ex gobernador no se presentó a una audiencia pública y por no haber asistido a declarar un Juez de Control suspendió sus garantías concedidas en su favor en el juicio de amparo con numeral 300/2018.
Por ese motivo, fueron incautados como medida cautelar, en un principio, un total de 22 inmuebles inscritos a su nombre y en atención al oficio 1576/2018 con fecha de 15 de marzo de 2018.
Esas acusaciones, el ex gobernador Roberto Borge Angulo lo llevaron a huir de la entidad y del país, lo que originó una búsqueda por parte de la PGR, al través de la Interpol, y del Gobierno del Quintana Roo, logrando su detención el 4 de junio de 2017 en el aeropuerto internacional de Panamá, desde donde pretendía volar hacia París Francia, para luego trasladarse a Barcelona, España, donde se encontraría con su “novia” la ex diputada federal, Gabriela Medrano Galindo.
Hoy el ex gobernador está preso en una cárcel del estado de Morelos y su progenitora podría ser detenida y despojada de sus “propiedades” en cualquier momento.
JUAN PABLO GUILLERMO, EN LA “CUERDA FLOJA”
Juan Pablo Guillermo Molina continúa caminando sobre la “cuerda floja”, esto luego de que hace unas semanas un Juez de Distrito le negara, por cuarta vez consecutiva, un amparo directo.
Luego del acto, este 18 de noviembre se cumplirán 2 años desde que fue liberada una orden de aprehensión en su contra, de acuerdo con la carpeta FGE/QR/CHE/ESP/12/8/2016.
Como se recordará, Aarón Alberto Pereira Lizama, juez del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, luego de analizar la petición de Juan Pablo Guillermo Molina negó el amparo al ex funcionario.
De acuerdo con su resolución, consideró que la petición iba más allá de la simple negativa a negar la designación de un defensor legal, por lo que lo consideró improcedente.
Juan Pablo Guillermo Molina es considerado prófugo de la justicia desde hace 2 años que le fue obsequiada un orden de aprehensión, motivo por el cual el ex funcionario recurrió a la Justicia Federal para tener acceso a distancia de la Carpeta Penal Oral 144/2018.
El ex titular de Sefiplan promovió, en otras ocasiones, la revisión en materia penal para impugnar las actuaciones Rodrigo Barrera Díaz, juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.
En días pasados en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito negó el amparo indirecto del Juzgado Sexto de Distrito. La resolución jurídica no reconoció la existencia de un defensor particular para tener acceso, conocer y poder reproducir los registros de la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado FGE/QR/CHE/ESP/12/8/2016.
Juan Pablo Guillermo Molina es considerado el operador de millonarios desvíos cometidos en el gobierno de Borge Angulo, motivo por el cual se le ha negado suspensiones provisionales y definitivas para evitar que sea citado, presentado y encarcelado en el proceso que sigue el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.
Otro de los amparos negados a Juan Pablo Guillermo de Molina ha sido en los juzgados Segundo y Sexto de Distrito y el Primer y Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
EL DESVÍO
Para dimensionar la magnitud del papel que jugó este personaje en toda esta serie de trapacerías a nuestra Entidad, del universo de casi 12 mil millones de pesos acreditados a Borge y sus testaferros tan solo entre 2015 y 2016, a él en particular se le relaciona con el desvío de alrededor de mil 500 millones de pesos.
De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el hoyo financiero supera los 16 mil millones de pesos, pero en instancia de gobierno se habla de que el quebranto podría rozar los 30 mil millones de pesos.
Si se tomara como referencia las tarifas de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) con los mil 500 millones de pesos desviados atribuidos solamente a Juan Pablo se podrían edificar casi tres hospitales de segundo nivel, con un costo de 578 millones 500 mil pesos cada uno.
AM.MX/fm
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