Si en la llamada Cuarta Transformación de la Nación se subvierten y corrompen principios y garantías plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de concederle impunidad al fenómeno de la narcopolítica, la cuál se ha convertido en un poder factico, ello resulta atentatorio a la justicia. México no tiene que ser omiso ni renunciar al derecho que le asiste a fin de que se penalice tal conducta delictiva. La Fiscalía General de la República —cuenta con el apoyo del Pacto Federal— a fin de proteger la seguridad ciudadana frente al narcotráfico y, de paso, frente a las propias exigencias de la legalidad y la seguridad jurídica.
Al ser omiso el Estado en indagar y sancionar dicho engendro jurídico, independientemente a la impunidad que se otorga da origen a uno de los mayores atentados posibles contra del Estado de Derecho, ya tan acosado y menguado por los estupefacientes da génesis a una clara preferencia por la ilegalidad sobre el orden de la constitucionalidad.
Mientras en México no exista justicia y legalidad. Mientras no se aplique e interprete de manera estricta la ley y se condene al responsable de tan execrable fenómeno llamado “narcopolítica”, por simples razones de “estado”. Mientras los peores togados sean reclutados como brazos investigadores del Ministerio Público Federal. Mientras no se reconozca públicamente a los verdaderos juristas investigadores de esa Institución Garante de la Sociedad, mientras no se seleccione en la realidad a los más aptos para resolver el más grande reto histórico de la justicia de nuestra Nación. Mientras no se transforme de inmediato el pensamiento de protección a la delincuencia togada en beneficio de la justicia. Mientras no exista voluntad política por encontrar la verdad de la corrupción inserta en la Fiscalía de la República. Mientras se de continuidad a la omisión de investigar ello, México seguirá en decadencia política.
Ya es el momento que en los Estados Unidos Mexicanos se avizore un futuro de legalidad en el que la corrupción y el narcotráfico pudieran ser generosamente combatidos, por quien tuviera la jerarquía moral indiscutible para dar una confronta legal, con la espada de la razón y el derecho, en donde no quepa el oportunismo político y la sumisión al poder del narcotráfico.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., sueña con ello, existen destellos de justicia de lo que pudiera ser.
La extradición a Estados Unidos de Norteamérica del capo Joaquín Guzmán Loera, alias “El chapo” fue favorable ya que en Corte de Justicia proporcionó el nombre del narcopolítico que protegía las intereses de las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas, ello permite afirmar que algún día la Fiscalía General de la República, sin Alejandro Gertz Manero, dará inicio de acciones contundentes y espectaculares para proveer justicia a nuestro México.
Hasta que esto no sea definido plena y jurídicamente, lo del combate a la corrupción sólo será un fábula.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.,
