Ciudad de México; martes 21 de septiembre de 2021.- Ayer 20 de septiembre de 2021 se publicó información periodística donde se hace pública la acusación penal radicada el 24 de agosto en Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, por la cual la Fiscalía General de la República solicitó obsequiar órdenes de aprehensión contra 31 personas, académicas y académicos reconocidos nacional e internacionalmente, colaboradores y personal administrativo en áreas científicas, por el supuesto uso de fondos “de procedencia ilícita” (así descrito aun cuando estos provienen del Presupuesto Federal), como parte de una “organización delictiva” (aun cuando se trata de científicos y colaboradores de instituciones altamente reconocidas por la sociedad mexicana).
Su presunto delito fue otorgar y recibir recursos públicos, vale recalcarlo, al realizar sus funciones regulares como parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la administración pasada. Ello no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sentencia del 17/8/2021 (MI/SS/D/9941/2021), había señalado siete días antes que fue legal que el CONACYT le hubiera otorgado recursos públicos para su operación al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., desde 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del CONACYT el 17 de febrero de 2020, al estar apegado a la norma vigente.
Es decir, sin concluir una investigación pulcra, oportuna y objetiva sobre los señalamientos originados en una disputa política-académica, la Fiscalía optó -justo en estos tiempos de máximo encono político y tantos asuntos públicos más urgentes que atender- por llevar este asunto a las instancias más amenazantes posibles, enviando una señal ominosa que trata de acallar a las voces críticas con la actuación del Conacyt, en un momento donde la rectoría institucional de la ciencia mexicana debería ofrecer otra clase de ejemplos y recursos frente a los grandes retos globales que enfrentamos como nación y como humanidad. Esto se suma al conjunto previo de despropósitos y confusiones en materia de ciencia y tecnología que el país contempla azorado, empobreciendo aún más la conversación sobre el manejo de los asuntos públicos.
Para este sindicato es inaceptable que, entre los 31 imputados, pretenden ser afectados dos distinguidos y apreciados colegas de la UAM: el Dr. Luis Mier y Terán, ex Rector General, y la Dra. Gabriela Dutrénit Bielous, Profesora Distinguida, quienes han compartido por muchos años con el resto de la comunidad de la UAM la labor de formación de futuras generaciones de ciudadanos, han hecho aportaciones relevantes a sus campos, y se han conducido con toda probidad en el desempeño de sus funciones como Órganos Personales de la Universidad, y en el caso de la Dra. Dutrénit, además de su labor académica y científica, generosamente aporta pro bono su dedicación y experiencia como parte de nuestro sindicato.
Con esos elementos, las y los miembros del Consejo Directivo del SPAUAM y otros integrantes de este sindicato, exigimos el cese de las amenazas y el amedrentamiento contra los 31 acusados de la manera retorcida ya descrita, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, así como demandamos el alto a los intentos de intimidación contra las otras voces críticas en la academia. En particular, exigimos la atención a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, el desistimiento de esta solicitud de tal orden de aprehensión sin fundamentos, la conducción de la política científica sin venganzas ni coerciones, y el cese del uso faccioso de la justicia como principio de actuación en la política científica y académica de la nación.
Convocamos a los gremios, institutos, grupos, centros, redes e investigadores del país y de fuera de él, así como a las y los colegas de otras naciones, a rechazar activamente el uso de los datos falsos, del miedo y la distorsión de la justicia para incidir en la vida de un país y coaccionar a sus científi@s, como está ocurriendo en México.
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